Entran en vigor las restricciones de movilidad que estarán vigentes al menos durante 14 días. El Gobierno regional asegura que Sanidad ha invadido sus competencias. Dimite el consejero de Políticas Sociales, de Ciudadanos. ¿Qué se podrá hacer y qué no en Madrid?
08 oct 2020 . Actualizado a las 11:54 h.Ya no se puede entrar ni tampoco salir de Madrid, ni de otros nueve municipios madrileños (Móstoles, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Parla y Alcobendas). Al menos durante los próximos 14 días. Las restricciones de movilidad para tratar de contener la expansión del coronavirus decretadas por el Ministerio de Sanidad han entrado en vigor este viernes a las 22 horas. Cerca de cinco millones de habitantes permanecen confinados perimetralmente.
En las diez ciudades afectadas por las medidas no estará permitido entrar o salir salvo para desplazamientos «adecuadamente justificados», como ir a trabajar o asistir a centros de salud o escolares, así como para trámites administrativos o exámenes inaplazables. Las reuniones en espacios públicos y privados quedan limitadas a seis personas, algo que se aplica en toda la región, con la excepción de que las personas sean convivientes o si se trata de actividades laborales e institucionales. El aforo máximo en los lugares de culto será de un tercio, de 15 personas en velatorios al aire libre -así como en la comitiva de un entierro o despedida para la cremación- o de diez personas si son velatorios en espacios cerrados, sean o no convivientes. Y se reduce al 50 % el aforo máximo en los locales comerciales y servicios abiertos al público, que no podrán cerrar más tarde de las 22 horas. La hostelería y los locales de juegos y apuestas no admitirán clientes a partir de esta hora y no cerrarán más tarde de las 23 horas, además reducirán su aforo al 50 % en el interior y al 60 % en el exterior, y no estará permitido el consumo en barra. En las instalaciones deportivas al aire libre el aforo máximo será del 60 % mientras que las de interior será del 50 %.
Un operativo formado por 700 agentes de Policía Nacional, Guardia Civil y otros efectivos, a los que se sumarán otros tantos policías locales aún por determinar, vigilará su cumplimiento. Los ciudadanos que incumplan las normas no serán sancionados por el momento, ya que para ello las medidas tienen que ser ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, aunque el Gobierno regional ha pedido que se sometan «de forma responsable» a lo que dictamina la orden.
«Quiero pedir perdón por el desasosiego, la incertidumbre y las dudas que estamos generando por culpa del Gobierno de la nación». Así arrancó el consejero madrileño de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, este mediodía, su comparecencia pública para anunciar que, finalmente, Madrid sí acataría la orden de Sanidad. Lo confirmaba a las cinco de la tarde el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, publicando las medidas ordenadas por el Gobierno central.
Madrid cumple, pero lo hace a regañadientes, a pesar de que finalmente no llegó a pedir en el recurso presentado este viernes ante la Audiencia Nacional que se estableciera como «medida preventiva cautelarísima» la suspensión inmediata de la entrada en vigor del decreto, tal y como tenía previsto hacer. Esta petición -con muy pocos visos de prosperar, según todas las fuentes consultadas- era su último cartucho para evitar el confinamiento urgente de más del 70 % de su población, ya que habría obligado a los jueces a reunirse de inmediato y decidir sobre la suspensión este mismo viernes o, a lo sumo, en 48 horas.
En la decisión de Ayuso de no usar esta última bala y limitarse a pedir exclusivamente unas medidas cautelares que no exigirán a los jueces de lo Contencioso Administrativo a fallar contrarreloj ha pesado la presión de su vicepresidente, Ignacio Aguado (Ciudadanos), quien desde el principio se mostró en contra de llevar a los tribunales la orden de Salvador Illa. Así las cosas, las medidas cautelares que sí que reclamó el Gobierno regional a la Audiencia Nacional deberían ser resueltas en el plazo de 10 de días.
«Se ha producido una invasión de competencias de salud publica. Estamos ante una sustracción. En el fondo, pensamos que las medidas son ineficaces y peores que las vigentes. Van a crear caos», aseguraba esta mañana Enrique López, haciendo patente su descontento. Fue él mismo el que explicó que no se podrá sancionar a los ciudadanos mientras no se cuente con el respaldo de la autoridad judicial. «Lo que siempre se pide es que se sometan de forma responsable a los dictados de la orden», apuntó.
Mientras comparecían sus consejeros, Isabel Díaz Ayuso intervino a través de Twitter: «Desde mañana podrás llegar a Madrid desde Berlín pero no desde Parla. Gracias por el caos, Pedro Sánchez», escribió al presidenta de la comunidad, generando todavía más polémica.
«La orden que impone el ministerio obliga a retirar las medidas de restricción que estaban aprobadas en las zonas básicas de salud. En algunos aspectos es más laxa», aseguró, por su parte, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Pedro Sánchez: «Tomémoslo en serio»
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también tomó la palabra este viernes, alertando de la situación de «extraordinaria gravedad» que vive la Comunidad de Madrid y defendiendo que el Ejecutivo lo que está haciendo con sus «recomendaciones» es «ayudar», «colaborar» y «coordinar» para doblegar la curva de contagios, y no «imponer» ni invadir competencias. Así se pronunció en la rueda de prensa que ofreció en Bruselas tras el Consejo Europeo extraordinario, en la que, no obstante, se guardó su opinión sobre la decisión de Madrid de recurrir ante los tribunales.
«La gravedad es lo que es y el Gobierno respeta el marco competencial y plantea una serie de medidas que van a favorecer el que podamos aplanar la curva y frenar los contagios del virus en un territorio tan específico e importante como es Madrid», sostuvo. Sí avisó de que «los ciudadanos, en algunas ocasiones, asisten entre incrédulos y estupefactos a algunos de los debates que se están planteando por distintas administraciones públicas». También criticó, en clara alusión al PP, la postura de los partidos «que no entienden que la política está para dar soluciones, no para crear problemas», y que «usan la pandemia» para «polarizar» y «confrontar». «Tomémoslo en serio. Me da la sensación de que hemos perdido la magnitud del desafío que tenemos por delante. Es una decisión avalada por el 70 % de las comunidades, medidas que otros Gobiernos están tomando incluso con incidencias acumuladas inferiores».
El recurso de la comunidad
La Comunidad de Madrid ha alegado «agresión» e «invasión» de sus competencias sanitarias en el recurso presentado ante la Audiencia Nacional, en el que apunta a una «utilización torticera» del Consejo Interterritorial de Salud para aprobar las restricciones de movilidad sobre diez municipios madrileños.
En primer lugar, el recurso presentado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia solicita medida cautelar de suspensión de la resolución impugnada, y subraya que el acuerdo adoptado por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas «carece del preceptivo consenso».
El Gobierno regional recuerda que es la administración competente en sanidad y entiende que el acuerdo del Consejo de Salud publicado este jueves en el BOE supone una «agresión» e «invasión» competencial «mediante una utilización torticera del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud», además de un grave perjuicio económico.
Pese a que hubo falta de consenso «legalmente necesario» conforme al artículo 73 de la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, «se dicta por el Ministro de Sanidad la Orden que impugnamos, con la que se convierte lo que debe ser un órgano para la coordinación consensuada, en un mecanismo de invasión de la competencia autonómica». No solo es una «sustracción de competencias», sino que en realidad la orden del ministro supone la aplicación de «unas limitaciones propias del estado de alarma».
Además, la adopción de las medidas supone un impacto económico negativo en el ámbito de la región madrileña y recalca que la Comunidad en todo momento ha venido adoptando medidas sanitarias para frenar la pandemia. El recurso subraya además el daño que de todo esto se deriva y que resulta «totalmente injustificado en el ámbito económico, que se convierte, en el contexto procesal en que nos encontramos, en una pérdida irreparable».
Reclama también «una especial mesura en su adopción, enfocándolas siempre a una finalidad sanitaria, pero en el marco de los principios de utilidad y, muy especialmente, proporcionalidad». Señala por último «irregularidades manifiestas en la Orden del Ministerio que la dotan de aparente nulidad».
