Alcoa cumple su amenaza y ejecuta el ERE

Lucía Rey / M. Sande CERVO / LA VOZ

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Xaime Ramallal

Anuncia el despido de 524 trabajadores de la planta de aluminio y la hibernación de las cubas

09 oct 2020 . Actualizado a las 21:58 h.

Sin llegar a agotar el plazo que tenía para hacerlo, y en vísperas de un puente, Alcoa cumplió ayer su amenaza. La multinacional estadounidense ejecutó el temido expediente de regulación de empleo (ERE) que lleva planeando sobre A Mariña desde hace meses. Su decisión: despedir a 524 trabajadores de la planta de aluminio. Y la hibernación gradual de las cubas de electrolisis de la factoría. La compensación: «Indemnizaciones de 30 días por año trabajado hasta un máximo de doce mensualidades» y «planes de recolocación externa» para los afectados. Será también un proceso gradual. Al final, quedarán solo 99 operarios trabajando en la fundición. Serán también los encargados de poner las cubas a hibernar. La planta de alúmina, la refinería, mantendrá su actividad.

La propia Alcoa explicó ayer en una nota que «la decisión se tomó el jueves por la tarde después de haber analizado todas las opciones posibles y de llevar a cabo un período de consultas de cuatro meses con los representantes de los trabajadores, y tras las negociaciones mantenidas para una posible venta de la planta de aluminio [a Liberty House]», operación que acabó fracasando. En la misma nota, la empresa recuerda que el 29 de septiembre, tras el fiasco de la venta y de las negociaciones con los trabajadores «se comprometió a tomar y comunicar su decisión respecto a la aplicación del despido colectivo en la planta de aluminio dentro del plazo de 15 días que marca la ley» y así lo ha hecho.

Justifica la multinacional esa decisión, por boca de su consejero delegado, Roy Harvey, asegurando que «la desafortunada realidad es que la planta de aluminio de San Cibrao no es competitiva y no prevemos que sus importantes problemas estructurales vayan a cambiar». Y prosigue afirmando que, pese a «haber explorado distintas opciones en los últimos meses» no le queda otra que ejecutar el ERE para poner freno «a las continuas pérdidas económicas». Dice entender que es este «un resultado difícil», no solo para la plantilla, sino para toda la comarca, por lo que el directivo se muestra dispuesto a «reducir el impacto en nuestros empleados».

Alcoa sostiene, como ha venido haciendo durante todos estos meses, que la planta de aluminio de San Cibrao no es viable «debido a la ausencia de un marco energético competitivo en España, a la sobrecapacidad mundial en la producción de aluminio y a la caída del precio» de este producto. Y repite que «durante este año, hasta el 30 de septiembre, la planta ha registrado unas pérdidas de aproximadamente 45 millones de dólares, que se suman a los 126 millones de dólares de los dos ejercicios anteriores».

Efecto dominó en las auxiliares

Todo un mazazo para A Mariña. Y es que no solo los trabajadores de la planta se ven afectados por esta decisión. También los empleados de las empresas auxiliares. Kike Rocha, portavoz de la plataforma en la que se han agrupado, precisaba ayer que diez de estas firmas externas trabajan exclusivamente para la factoría de aluminio primario y emplean a unas 450 personas.

«Loxicamente toda esta xente quedaría sen traballo. Non só eles, hai máis de 30 empresas auxiliares que traballan tamén para alúmina e, en fin, todo está no aire. Nós confiamos na acción do Goberno, que cumpran o que veñen repetindo nos últimos días», aclara Rocha.

Los trabajadores de estas compañías han secundado la huelga indefinida iniciada por los operarios de Alcoa, aunque cumpliendo los servicios mínimos. Ellos no estarán acogidos al ERE ni, por lo tanto, al plan social de Alcoa. Se sienten aún más desprotegidos.

La planta de aluminio primario de A Mariña, considerada como una actividad estratégica durante el estado de alarma, es la única de sus características que opera ya en España.

Liberty, a la espera

Mientras, el grupo británico Liberty House, que negoció durante semanas con Alcoa la posible compra de la factoría, se mantiene a la espera de acontecimientos. Sigue interesado en comprar la planta y continúa en contacto con el Gobierno. De hecho en las últimas horas han mantenido reuniones con la vicepresidenta Teresa Ribera y la ministra Reyes Maroto.

«Exigimos una intervención de la fábrica, que expropien ya», reclama el comité

«Exigimos al Gobierno y a la Xunta que pasen de las palabras a los hechos: a una intervención pública de la fábrica. Que expropien ya. Es el momento de la ministra Teresa Ribera. No se puede esperar más; que cumplan su palabra, estos primeros días son fundamentales», aseguraba ayer José Antonio Zan, presidente del comité de Alcoa.

«Nosotros no hemos dejado de luchar y lo vamos a continuar haciéndolo hasta el final. Vamos a seguir la hoja de ruta hasta el domingo. Luego tomaremos acciones más contundentes. Con inteligencia, pero más contundentes», señalaba.

Mañana, de hecho, está convocada una gran marcha en A Mariña en la que participarán estudiantes de los institutos, «porque ellos son el futuro». Será a las 11 de la mañana en el acceso a la fábrica mariñana. Los trabajadores, por su parte, mantienen la huelga indefinida.

«Alcoa actuó con mala fe siempre, desde el principio hasta el final -continuaba Zan- Incluso retiene camiones con productos esenciales, básicos para farmacias y potabilizadoras. Nosotros estamos dejando salir vehículos con material esencial; ellos no los dejan volver. Seguiremos adelante luchando con la cabeza alta hasta el último minuto, confiando en la palabra de los políticos, y que todos tengan la seguridad de que no vamos a dejar que se paren las cubas», proclamaba el presidente del comité.

También avanzó que los sindicatos solicitarán la «cautelarísima para que el juez paralice el despido colectivo».

Gobierno y Xunta «buscan una solución para mantener la planta»

«Los trabajadores, sus familias y la comarca de A Mariña tienen el apoyo del Gobierno, que seguirá trabajando para lograr una solución que mantenga el empleo y las capacidades industriales en Lugo», aseguraba el Ministerio de Industria poco después de que Alcoa anunciara su decisión de aplicar el ERE.

Raúl Blanco, secretario general de Industria, criticaba duramente a la multinacional estadounidense: «Alcoa es la única responsable del fracaso de las negociaciones de venta de la planta de San Cibrao [...] Por tanto, el Gobierno considera que la dirección de la empresa empuja a los trabajadores y a las Administraciones a un conflicto cruel e innecesario». Y no se quedaba ahí: «El Ministerio de Industria reitera su malestar por el hecho de que Alcoa abandonara la negociación, no respondiendo a la propuesta del Gobierno de que fuese la SEPI la que actuara de intermediaria en la venta de la planta a Liberty House».

Por su parte el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, anunciaba por la mañana su intención de contactar con la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, «con el ánimo de seguir con la hoja de ruta establecida para salvar el empleo y la producción de la planta de aluminio de San Cibrao». Feijoo declaró «fraudulento» el ERE y animó al comité de empresa de la factoría a impugnarlo. También instó al Gobierno central a «seguir trabajando para conseguir la venta» de la planta a un operador a través de la SEPI.

«Alcoa acaba de tomar una decisión, que es salir de España. Es su responsabilidad, pero lo que no puede pretender es que España se quede sin la única fábrica de aluminio primario que suministra al mercado nacional. España debe seguir manteniendo una fábrica de aluminio primario, porque la necesita», insistió Feijoo.

Gobierno y Xunta están explorando la vía judicial para anular el ERE de la multinacional y analizando otras opciones «laborales y administrativas en el marco de la Comisión Europea» para actuar. También se mostró ayer muy crítico con Alcoa el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, instando a la Xunta y al Gobierno «a tomar las medidas necesarias para mantener el empleo en su totalidad y la actividad en la fábrica de A Mariña».

El BNG insistía ayer en la «nacionalización da factoría». Su portavoz nacional, Ana Pontón, pedía a Xunta y Gobierno «menos reunións e máis accións» para salvar la producción y los puestos de trabajo.

Primeras reacciones de los alcaldes

Minutos después de conocer la comunicación de Alcoa, el alcalde de Cervo, Alfonso Villares, manifestó: «Hai que facer o posible para que as cubas non pechen e a fábrica siga producindo». En relación con la posible intervención por parte del Estado de la factoría de San Cibrao, la única de aluminio primario que queda en España, afirmó: «Esperamos que todo isto se solucione. Teñen [el Gobierno central y la Xunta] que mover ficha do xeito que sexa. Hai un porto estatal e unha carretera estatal, e o Estado ten moito que dicir. Facer o posible para reverter a situación». Considera que la intervención de la fábrica, «que é algo que xa se plantexou», cobra ahora más fuerza que nunca para que el Estado busque un nuevo gestor de la planta mariñana. 

El alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro, esperaba que el comunicado de Alcoa llegase «dun momento ao outro». «Alcoa tiña folla de ruta, séguea e agora terán que dicir o Goberno do Estado e a Xunta, que están unidos en todo este proceso, que solución van tomar para evitar o despido dos traballadores», manifiesta el alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro.  En su opinión, «é o momento de que Goberno e Xunta pasen das boas palabras aos feitos e de actuar de maneira inmediata para que isto non se consume». «Sería inexplicable -dice- que o goberno dun país non poda facer nada ante a pretensión que ten unha multinacional para despedir a tantos traballadores e para paralizar a produción de aluminio dun país, unha produción que está declarada como esencial».  

 A juicio de Salgueiro, el primer paso sería intentar volver a sentar a Alcoa a una mesa de negociación. «Pero se iso non é viable, habería que exercer todas as medidas legais e posibles para que as cubas continúen funcionando», recalcó. «As cubas son o corazón da fábrica e da Mariña. Non se pode paralizar a fábrica», apuntó. Confía en que la medidas que van a impulsar el Gobierno y la Xunta consigan que la decisión de Alcoa «sexa reversible de forma inmediata, o antes posible».