El juez del caso Dina denuncia amenazas de muerte tras pedir al Supremo que investigue a Pablo Iglesias

Manuel García-Castellón asegura que está sufriendo una campaña de desprestigio personal e intimidación en las redes sociales. Podemos se desmarca de las amenazas al juez


El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha denunciado ante la Policía amenazas de muerte recibidas en redes sociales en las últimas horas tras pedir al Tribunal Supremo investigar al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por tres delitos relacionados con la pieza Dina, en el marco del conocido como caso Villarejo, según han informado fuentes jurídicas.

El magistrado ha puesto en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la campaña de desprestigio personal y profesional e intimidación que está sufriendo en las redes sociales y en algunos medios de comunicación y que le colocan en una situación de indefensión y de descrédito profesional. En un escrito de cuatro páginas dirigido al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional denuncia una campaña pública que se ha iniciado contra su persona en medios de comunicación y en redes sociales desde que se hizo pública hace dos días la exposición razonada elevada al Tribunal Supremo.

En ella sometía a consideración del alto tribunal la investigación del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y de la vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Gloria Elizo, -ambos aforados-, así como de otras cuatro personas.

En su escrito, García-Castellón explica que esa campaña pretende restar credibilidad y validez a los argumentos expuestos en su exposición razonada, deslegitimar el ejercicio del poder judicial y a sus magistrados e intimidar a los jueces que puedan tomar decisiones que afecten a los autores de la campaña, además de difundir la idea de que la exposición no es fruto de su convicción jurídica sino de «una suerte de estrategia política de mayor alcance que buscaría debilitar a una organización política».

El magistrado indica que los mensajes contra su persona son «repetidos y amplificados por muchos de los dirigentes», «entre ellos algunos miembros del Gobierno de la Nación, que desde la visibilidad propia del papel institucional que representan y la atención que reciben de los medios, señalan de forma directa a este magistrado y sabiendo la repercusión que sus palabras pueden tener, le colocan en una situación de absoluta indefensión y descrédito profesional».

La denuncia ante la policía

El magistrado adjunta la denuncia que en el día de ayer presentó ante la Policía por la naturaleza y la gravedad de los mensajes vertidos contra su persona y que podrían revestir carácter de infracción penal.

Por último, el magistrado manifiesta que en sus 42 años de ejercicio profesional nunca se ha visto sometido a una campaña de difamación personal y profesional de este nivel y recuerda que en su juzgado ha investigado casos que afectan a buena parte de los partidos con representación parlamentaria, organizaciones empresariales y otras instituciones, habiendo tomado decisiones de muy distinto signo «no habiéndose producido en ningún momento una reacción equiparable a la que se está produciendo en este momento, y que ha motivado la denuncia referida».

El escrito incluye un extracto de los mensajes publicados que han motivado su denuncia, y en algunos se puede leer que le llaman 'facha', prevaricador, corrupto o mafioso. En otro de ellos se sugiere que está sobornado por el líder del PP.

Podemos se desmarca de las amenazas al juez 

El secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular y diputado de Podemos, Rafael Mayoral se ha desmarcado este viernes de las amenazas de muerte denunciadas por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón.

«Nosotros en lo que creemos es única y exclusivamente en ejercer el derecho a la sana crítica, que es lo que entra en el marco democrático. Ahí es donde nos vamos a circunscribir siempre», ha asegurado el dirigente de la formación morada en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press.

En este sentido, Mayoral ha señalado que «cualquier otra cuestión» que se salga de este marco «va a ir en contra de los argumentos» que Podemos pueda «tener» para defender la inocencia del propio Iglesias. «Tenemos claro cómo se tienen que hacer las cosas y lo hacemos desde el máximo respeto, independientemente de cual sea la responsabilidad que ocupen», ha añadido Mayoral.

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Pablo Iglesias descarta presentar su dimisión. El vicepresidente segundo del Gobierno se apresuró ayer a pronosticar que, en contra de lo que solicita el juez Manuel García Castellón, el Supremo no se inclinará por imputarlo, «ni como mera hipótesis», pese a los indicios de delitos expuestos por el magistrado de la Audiencia Nacional que investiga la pieza Dina. La decisión está en manos del alto tribunal, el único con capacidad para investigar al líder de Podemos, por su condición de aforado.

«Todo el mundo sabe lo que va a decir el Supremo. Sería imposible, inconcebible, que se acepte la petición del juez. Representaría una vulneración del derecho sin parangón en este país», afirmó ayer en los micrófonos de la emisora catalana RAC1, una idea en la que insistiría horas después en el Senado, vaticinando que cuando el Supremo «archive» el tema, en el PP «se callarán».

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