Iglesias descarta dimitir y avisa de que «sería inconcebible» que lo imputen

Podemos azuza la teoría de la conspiración y atribuye el caso al ataque al rey

Los vicepresidentes del Gobierno, Carmen Calvo y Pablo Iglesias
Los vicepresidentes del Gobierno, Carmen Calvo y Pablo Iglesias

Redacción

Pablo Iglesias descarta presentar su dimisión. El vicepresidente segundo del Gobierno se apresuró ayer a pronosticar que, en contra de lo que solicita el juez Manuel García Castellón, el Supremo no se inclinará por imputarlo, «ni como mera hipótesis», pese a los indicios de delitos expuestos por el magistrado de la Audiencia Nacional que investiga la pieza Dina. La decisión está en manos del alto tribunal, el único con capacidad para investigar al líder de Podemos, por su condición de aforado.

«Todo el mundo sabe lo que va a decir el Supremo. Sería imposible, inconcebible, que se acepte la petición del juez. Representaría una vulneración del derecho sin parangón en este país», afirmó ayer en los micrófonos de la emisora catalana RAC1, una idea en la que insistiría horas después en el Senado, vaticinando que cuando el Supremo «archive» el tema, en el PP «se callarán».

Abrazando la misma estrategia empleada respecto a otros pronunciamientos de la Justicia contrarios a Podemos o a algunos de sus dirigentes, como la imputación de Juanma del Olmo, o la del propio partido como persona jurídica, Iglesias trató de circunscribir el asunto como parte de la «persecución» a la que se ve sometida su fuerza política desde su entrada en el Ejecutivo. El vicepresidente acusó a «la derecha» de estar dispuesta a emplear «todos los medios» a su alcance, «legales e ilegales», para hacer caer la coalición.

Iglesias asintió cuando le preguntaron si se sentía una víctima de una supuesta campaña de acoso con tres frentes paralelos: el mediático, el político y el judicial. «Es demasiado evidente lo que pasa con las cloacas en nuestro país, cómo trabajan los medios de comunicación con las cloacas del Estado», denunció.

A Iglesias también le preguntaron si consideraba que los tentáculos de la oposición tenían influencia dentro del poder judicial, y aunque evidenció que sí -tal y como había expuesto-, el número tres del Ejecutivo se escudó en su cargo para mantener un punto de «prudencia». Sin embargo, el portavoz parlamentario de su partido, Pablo Echenique, no dudó en denunciar que las sentencias y los pronunciamientos judiciales no solo están redactados para golpear a Podemos, sino «contra el Gobierno de coalición al completo». Echenique hizo esta acusación al hilo de la decisión adoptada ayer por el TSJM de denegar las medidas anticovid impuestas a la Comunidad de Madrid por el ministro de Sanidad, Salvador Illa. También sugirió que podría ser un contragolpe de la Justicia y del CGPJ tras la polémica surgida a raíz de vetar el viaje del rey a Barcelona para presidir la entrega de despachos a los nuevos jueces.

El magistrado García Castellón acudió ayer a una comisaría de la Policía Nacional para denunciar estar siendo objeto de «amenazas de muerte» en las redes sociales, según publicó el diario El Mundo en su edición digital.

La postura del PSOE

Mientras Podemos salió en tromba a la carga contra el poder judicial, sus socios de Gobierno mantienen la posición fijada el miércoles por Carmen Calvo, que trató de circunscribir los presuntos delitos de daños informáticos, revelación de secretos y denuncia falsa en los que pudo haber incurrido Iglesias a cuestiones que afectan solo «a su persona», y que «no tienen nada que ver con su cargo». La portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, insistió en desvincular su situación procesal de sus responsabilidades. «Forma parte de su vida anterior», afirmó en TVE. Sánchez aseguró desde Argelia que no entra a «valorar procedimientos judiciales, pero en lo político». «Puedo garantizar que el vicepresidente tiene toda mi confianza y mi apoyo», matizó.

Por otra parte, el Supremo archivó ayer una denuncia contra Iglesias presentada en nombre de la Asociación Nacional de Veteranos de los Tres Ejércitos por un delito de odio al presumir de representar al Partido Comunista.

Ciudadanos: «La cosa no pinta muy bien»

La portavoz de Cs en el Parlament, Lorena Roldán, ha asegurado que su partido esperará a las resoluciones judiciales sobre el caso Dina, en el que está implicado el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, aunque ha añadido que «la cosa no pinta muy bien». En una entrevista en Ràdio 4 este jueves recogida por Europa Press, Roldán ha sostenido que Iglesias «debería ser consecuente con sus palabras», ya que asegura que ha sido muy crítico con la corrupción de otros partidos. Sobre si pedirán su dimisión, Roldán ha afirmado que la investigación está en una fase muy inicial, ha apelado a la presución de inocencia, pero ha reclamado que «si hace falta» se deberán depurar responsabilidad e Iglesias deberá abandonar su cargo.

Yolanda Díaz ve «sorprendentes» las actuaciones judiciales contra Iglesias

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, cree «sorprendentes» las actuaciones judiciales emprendidas contra al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, por el caso Dina, y ha insistido en que cree en su inocencia. A su juicio, las peticiones de dimisión por esta cuestión son, «sin lugar a dudas», exageradas. En una entrevista concedida a Radio Euskadi la ministra ha mostrado, en primer lugar, su solidaridad y «completo apoyo» al vicepresidente segundo y a su familia. «Estoy muy tranquila acerca de su inocencia y muy sorprendida por las actuaciones judiciales y cómo se emprenden en este país», ha indicado.

Por sus parte, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido este jueves «la renovación» del Poder Judicial de forma urgente ante la posibilidad de que el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, pueda ser imputado en el caso Dina. «No hay pruebas, hay una clara voluntad de atacar a Pablo Iglesias y al gobierno de coalición. No aceptan el resultado de las urnas, no aceptan que España se quiera modernizar. Es urgente la renovación del poder judicial», ha escrito en un mensaje en Twitter recogido por Europa Press.

Moncloa busca reducir al ámbito personal la situación procesal: «Forma parte de su vida anterior»

El vicepresidente asegura que todo forma parte de la campaña de «persecución» emprendida por la derecha para sacarlos del Gobierno

Fran Balado

Moncloa ya tiene fijada su estrategia para responder a la petición elevada ayer al Supremo por el juez García-Castellón para que se investigue al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, por tres posibles delitos. La encargada de trazar ayer la línea maestra fue la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, una de las personas que más ha chocado con el líder de Podemos desde la conformación del Gobierno de coalición. En una entrevista ayer a última hora transmitió la supuesta tranquilidad que se respira dentro del Consejo de Ministros: «El Gobierno no tiene ninguna inquietud respecto al trabajo del vicepresidente», afirmó, tratando de separar los presuntos delitos de daños informáticos, revelación de secretos y denuncia falsa en los que podría haber incurrido Iglesias son cuestiones que afectan «a su persona», y que por tanto «no tiene nada que ver con su cargo ni con su papel en el Gobierno». 

La portavoz del Ejecutivo, la también socialista María Jesús Montero, insistió esta mañana en desvincular la situación procesal de Iglesias de sus responsabilidades en el Gobierno. «El señor Iglesias no está investigado por haber hecho un mal uso de su cargo, por haber utilizado dinero público de forma indebida, por ninguna responsabilidad vinculada a su posición actual. Forma parte de su vida anterior, dejemos trabajar a la justicia y yo creo que no hay que hacer ningún tipo de especulación», afirmó en TVE

Por el momento, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, guarda silencio más allá de la tenue defensa que mostró ayer a su número tres de forma privada en un corrillo con periodistas antes de emprender su viaja a Argelia

Campaña de persecución

Desde la oposición reclaman la dimisión del vicepresidente segundo, algo que por el momento este ni se plantea. Esta mañana el propio Iglesias mostró su absoluta confianza en que el Supremo, el único tribunal con capacidad para juzgarlo dada su condición de aforado, renuncie a proseguir con su investigación. «Todo el mundo sabe lo que va a decir el Supremo», alegó en la emisora Rac1, garantizando que no baraja «ni como mera hipótesis» acabar imputado. Sería «inconcebible», insistió, restando trascendencia a los tres delitos y denunciando las «cosas graves» sucedidas en los últimos tiempos en España. En la misma línea con otros pronunciamientos de la justicia contra Podemos o algunos de sus dirigentes, como la imputación de su mano derecha en el Gobierno, Juanma del Olmo, o la imputación del partido como persona jurídico, trató de circunscribir el tema en la «persecución» desatado contra los morados desde su entrada en el Ejecutivo. Iglesias acusó a «la derecha» de estar dispuesta a emplear «todos los medios, legales e ilegales», para hacer caer a la coalición.

¿Y ahora qué? Iglesias está en manos del Supremo y del PSOE

La exposición razonada trasladada ayer al Supremo por el juez Manuel García Castellón en la que solicita que se investigue al vicepresidente Pablo Iglesias se trata solo del primero de los pasos para que se acabe imputando al líder de Podemos. Dada su condición de aforado, en este caso doble, por ser vicepresidente del Gobierno y diputado, solo este alto tribunal está capacitado para investigarlo, pero la decisión final también pasa por el juego de mayorías que pueda darse en el Congreso

En el Supremo

La primera partida se juega en el Supremo. En concreto en su Sala Segunda, que deberá decidir si archiva o admite a trámite la exposición razonada del magistrado de la Audiencia Nacional que sospecha que Iglesias cometió tres delitos. Lo hará una vez que reciba el informe que le encargará previamente a la Fiscalía, un requisito legal pese a que lo que estime el departamento encabezado por la exministra socialista Dolores Delgado no es vinculante.

En el Congreso

1. Presidencia

En caso de que el Supremo decidiese abrir una causa contra Iglesias, el juez instructor tendrá que solicitar al Congreso de los Diputados el suplicatorio a través del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que dirigirá la petición a la presidenta de la Cámara Baja, la también socialista Meritxell Batet.

2. Mesa

Esta trasladará el asunto a la Mesa, que se pronunciará en función de lo que resuelva la mayoría, es decir, que está en manos del PSOE, ya que con toda probabilidad, PP y Vox se pronunciarán a favor.

3. Comisión

En caso de acuerdo, la petición del suplicatorio pasaría a la Comisión del Estatuto de los Diputados, presidida en la actualidad por la también socialista Begoña Nasarre. El afectado, en este caso Pablo Iglesias, tiene derecho a exponer sus alegaciones, bien en persona o bien por escrito, para que se rechace el asunto.

4. Pleno

A continuación, en el seno de esta comisión permanente no legislativa se redacta un documento que se someterá a votación a puerta cerrada en el Pleno del Congreso en el que, otra vez, los votos del PSOE resultarán determinantes. En caso de que el Congreso lo apruebe, Batet trasladará el visto bueno de la Cámara al Supremo. 

Casado advierte a Sánchez que si no cesa al vicepresidente Iglesias «será cómplice» de sus delitos

«Solo por mentir a un juez para amañar una campaña electoral e ir de víctima el señor Iglesias debería dimitir», ha aseverado el líder del Partido Popular

La Voz

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que si no cesa a su vicepresidente Pablo Iglesias por las acusaciones de la Audiencia Nacional en el caso Dina «será cómplice» de sus delitos.

De no cesar a Iglesias, Sánchez estará, según Casado, «diciendo que no hay que investigarle, que no está de acuerdo en que se le impute, y por tanto, le parecerá muy bien que haya hecho delitos informáticos y de falsedad a la justicia».

El presidente de los populares ha reclamado igualdad en las varas de medir y ha defendido que con el «mismo baremo» que Sánchez aplicó en su moción de censura al PP, «simplemente porque el presidente (Mariano Rajoy) testificó en un caso», debe «cesar de inmediato» a Iglesias, informa Efe.

«Solo por mentir a un juez para amañar una campaña electoral e ir de víctima el señor Iglesias debería dimitir», ha aseverado Casado en la Asamblea General de la Empresa Familiar celebrada este jueves en Toledo.

Y ha agregado: «Se metían mucho con un ministro del PP, tienen tres ministros con sociedades instrumentales. Se metían mucho con una supuesta corrupción del PP, tienen tres ministros de Chávez y Griñán: Pero ya el colmo es que tengan al vicepresidente Pablo Iglesias con una petición al Supremo de que le investigue y todavía diga el presidente del Gobierno que tiene todo su apoyo».

Las claves del caso Dina: Una causa que se vuelve contra los supuestos perjudicados

Gonzalo Bareño
Dina Bousselham (izquierda) a su llegada el dia 18 a la Audiencia Nacional
Dina Bousselham (izquierda) a su llegada el dia 18 a la Audiencia Nacional

Es una trama compleja con sucesivos golpes de efecto

El robo del móvil de Dina Bousselham se produjo 1 de noviembre del 2015 y fue denunciado por la propia colaboradora de Pablo Iglesias. Según el relato del juez, el contenido de la tarjeta de ese teléfono llegó a manos del comisario José Manuel Villarejo a través del director de la revista Interviú, Luis Alberto Pozas, que entregó una copia al director del Grupo Zeta Antonio Asensio. El editor se la entregó a Iglesias el 20 de enero de 2016. Ese día, el líder de Podemos vio archivos personales y de carácter muy íntimo de Bouseelham. Y comprobó que su colaboradora había hecho capturas de pantalla con afirmaciones suyas comprometedoras en un chat de la formación. Entre ellas, una en la que Iglesias afirmaba que «azotaría a la periodista Mariló Montero «hasta que sangrase» y otra en la que decía ser «un macho alfa». A pesar de ello, se quedó la tarjeta sin entregársela a su colaboradora hasta, presuntamente, agosto del 2017. Luego, en julio del 2016 se publicaron en el digital okdiario las capturas de pantalla procedentes de ese teléfono que Iglesias ya había visto, por lo que sabía, según el juez, que procedían de envíos que Bouseelham había hecho a otras personas. Más tarde, el 3 de noviembre de 2017, en un registro en la vivienda de Villarejo apareció un disco duro con dos carpetas DINA 2 y DINA 3 y otro pen drive con las carpetas DINA 2 y DINA 3, ambas con archivos de esa misma tarjeta.

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