El Gobierno abre la mano con la oferta de empleo: habrá 9.270 nuevas plazas

Los sindicatos no avalan la propuesta, que se aprobará la semana que viene


Redacción / La Voz

El Gobierno aprobará la semana que viene, en el Consejo de Ministros del día 27, la oferta de empleo público de este año. Y lo hará sin el aval de los sindicatos, pese al sustancial incremento de plazas que recoge la última propuesta presentada ayer por el Ministerio de Función Pública, que eleva a 9.270 los puestos de libre acceso que se convocarán en los próximos meses. La cifra recorta en un 15 % la del año pasado, pero supone una mejora de más del 31 % respecto al primer borrador que puso sobre la mesa el Ejecutivo, que en un escenario de fuerte tensión presupuestaria a causa de la pandemia solo ofrecía 7.066 plazas, insuficientes para cubrir las más de ocho mil bajas (8.054 según los cálculos de UGT, 8.708 según los de CC.OO.) que se han producido en la Administración en el último año, principalmente por jubilaciones.

Pese a que la última propuesta de Función Pública garantiza no solo la reposición sino un ligero incremento de plazas, para los sindicatos la oferta es insuficiente. Así lo entiende CSIF, sindicato mayoritario en el sector, que argumenta que «no cubre las necesidades estructurales y pone en riesgo la viabilidad de la Administración». Con una amenaza especial de colapso en organismos como la Seguridad Social o el Servicio Público de Empleo (SEPE) que desde marzo se encuentran saturados por la tramitación de prestaciones derivadas de la pandemia.

En la misma línea inciden en Comisiones, donde argumentan que «no compartimos ni el volumen de plazas ofertadas ni su distribución», ya que entienden que el reparto propuesto descapitaliza los cuerpos auxiliares, que son los que prestan atención directa al público, «impulsando un modelo alejado de los problemas reales de la ciudadanía». Esta central ve inaceptable cualquier propuesta que incluya menos de 10.150 puestos de acceso libre, lo que supondría reponer todas las bajas del último año y añadir un 26 % adicional, frente al 6 % que ofrece el Gobierno.

El único sindicato que hace una lectura positiva de la negociación es UGT, que pese a que tampoco firmará el acuerdo, lo ve «satisfactorio» tanto para los empleados públicos como para los ciudadanos, ya que «se crea empleo neto». Plazas de nuevo cuño que el Gobierno se ha comprometido a utilizar para reforzar aquellos organismos más necesitados de personal, no solo la Seguridad Social o el SEPE, sino también Instituciones Penitenciarias y la Agencia Tributaria.

Promoción interna «récord»

A esto hay que sumar, argumentan en UGT, una oferta «récord» de promoción interna, con casi nueve mil plazas (8.996) que abren «posibilidades de progresión en la carrera profesional». Son casi 650 oportunidades de ascenso más que el año anterior y superan en 4.200 las cifras del 2018, pese al evidente deterioro de la situación económica.

En lo que coinciden los tres sindicatos es en que la Administración padece un «déficit estructural» de personal, provocado por la no reposición de bajas durante la última crisis. Y en reclamar un plan a largo plazo para revertir la situación. Así, mientras UGT propone negociar un «acuerdo de legislatura», desde CSIF ponen sobre la mesa un plan estratégico de recursos humanos en las Administraciones. El sindicato de funcionarios denuncia que en el último decenio «se han destruido 100.916 puestos de trabajo», por lo que reclaman crear un volumen equivalente en los próximos tres años.

Los funcionarios han sufrido una pérdida salarial de entre 24.600 y 53.300 euros en diez años

L. Palacios

El sindicato CSIF calcula el recorte acumulado entre el 13 y el 18 %, en función del nivel

Los 2,6 millones de empleados públicos esperan desde hace semanas que el Gobierno concrete la subida salarial del colectivo para el próximo año, tras semanas de rumores sobre una posible congelación que el Ejecutivo insiste en desmentir. Mientras llega el anuncio oficial, el CSIF publicó ayer un estudio en el que cuantifica la pérdida de poder adquisitivo sufrida por los funcionarios en los últimos diez años. Según sus estimaciones, el tijeretazo oscila entre el 12,9 y el 17,9 % de las retribuciones desde el 2010, por lo que exigen poner en marcha un acuerdo a varios años para recuperar progresivamente el poder de compra y, a la vez, avanzar hacia la equiparación salarial entre Administraciones.

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