Puigdemont apostaba por investir gratis a Sánchez como hizo ERC al abstenerse

La operación Volhov, llevada a cabo por la Guardia Civil contra la cúpula en la sombra del independentismo catalán, es una caja de sorpresas. No solo porque hubiese dirigentes que alardeaban de que Rusia apoyaría el procés, incluso con el envío de tropas, sino porque revela cambios de posición muy profundos de Carles Puigdemont. Según asegura el juez, Puigdemont era favorable a investir gratis a Pedro Sánchez. «La esfera de influencia de Xavier Vendrell es tan importante que afirma que Puigdemont le dijo que había que hacer presidente a Pedro Sánchez, aunque fuese gratis», según relata el magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona en el auto, basándose en conversaciones grabadas por la policía.

Vendrell, exconsejero de Gobernación de ERC, fue detenido el miércoles por un presunto desvío de fondos al proceso secesionista. De las treinta personas arrestadas en la operación, once pasarán este viernes a disposición judicial. Entre ellas, Vendrell, David Madí y Oriol Soler, tres destacados independentistas, miembros del estado mayor que lideró el procés en octubre del 2017. De ser ciertas las palabras del citado exconsejero, la posición de JxCat quedaría muy tocada, pues demostraría que ha actuado durante meses con el único objetivo de diferenciarse de ERC. Táctica electoral, disfrazada de pureza independentista.

Tensiones

Y es que uno de los principales argumentos que utiliza JxCat para atacar a Esquerra, y de esta forma cuestionar su compromiso con la independencia, es su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno salió elegido con los votos del PSOE, Unidas Podemos, PNV, Más País-Compromís, Nueva Canarias, BNG y Teruel Existe; 167 votos a favor y 165 en contra. Sánchez logró ser investido, en parte, gracias a la abstención de Esquerra. JxCat votó en contra y acusó a sus socios en el Gobierno catalán de ofrecer su apoyo al líder socialista de forma gratuita, sin pedir nada a cambio. Esta afirmación aún la mantiene.

La estrategia de JxCat en relación a la gobernabilidad española ha provocado fuertes tensiones internas en los últimos meses. Marta Pascal acabó de distanciarse del expresidente cuando propició que el PDECat apoyara la moción de censura que tumbó a Rajoy. Puigdemont estaba en contra, desde la premisa del «cuanto peor, mejor».

La investigación policial puesta en marcha el miércoles apunta sobre todo hacia los delitos de malversación, soborno, prevaricación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y desórdenes públicos, más que hacia una trama de espías como se apunta con la presunta injerencia rusa.

Roures, salpicado

La investigación del juez sitúa al empresario Jaume Roures en negocios con al menos dos de los detenidos. En concreto, se afirma que un grupo ruso «quería participar en los temas de comunicación que, conjuntamente, estaban realizando Xavier Vendrell, David Madí y Jaume Roures. Para ello querían colocar, junto a los anteriores, a una persona en primer nivel y estaban dispuestos a invertir entre 100 y 300 millones de dólares», dice el auto.

«Internacionalizar por cualquier medio el ‘procés'»

Rusia afirmó este jueves que la información acerca de que un grupo ruso estaba dispuesto en el 2017 a apoyar económica y militarmente a Cataluña «excede el absurdo». «Estas informaciones se basan exclusivamente en declaraciones de representantes de las fuerzas separatistas que se encuentran procesados judicialmente», dijo la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova. Agregó que «esas personas están dispuestas a hacer todo tipo de declaraciones con el objetivo de internacionalizar por cualquier medio el proceso».

Junts y ERC instan a reformular la mesa de diálogo y el secesionismo se parte en el Congreso

JxCat y ERC han instado a Pedro Sánchez a reformular la mesa de diálogo con la Generalitat tras las detenciones del miércoles por el supuesto desvío de fondos para financiar los gastos del expresidente Carles Puigdemont huido a Waterloo (Bélgica), y han exigido al Ejecutivo que «aclare» si conocía la operación policial.

En una entrevista conjunta en TV3, la vicepresidenta y portavoz de JxCat, Elsa Artadi, y la portavoz de ERC, Marta Vilalta, han coincidido en denunciar que la operación es otra muestra de la «represión» y la «causa general» contra el independentismo.

Sobre si afecta a la mesa de diálogo entre la Generalitat y el Estado, Artadi ha sido contundente: «Es una obviedad que esa mesa de diálogo que se inventó Sánchez tiene una realidad que es que diez meses después vivimos un nuevo 20 de septiembre», ha dicho en alusión a las detenciones y registros policiales en varias consejerías en el 2017, a pocos días del 1-O. A su juicio, ese instrumento «no ha funcionado» y se debe «transformar en una mesa de negociación con garantías. Vilalta coincide con ella, aunque defiende que ERC está siempre abierta al diálogo.

Mientras, JxCat se rompió este jueves en el Congreso en la votación para prorrogar el estado de alarma. Los cuatro diputados del PDECat se desmarcaron por primera vez de los cuatro de Junts y apoyaron, al igual que ERC, la medida. Los de Puigdemont se abstuvieron. La fractura se produce al comienzo de la tramitación de los presupuestos y con las elecciones catalanas ya convocadas para el 14 de febrero.

David Madí llama «desequilibrado» a Junqueras y «subnormal» a Torra y Bonvehí

El empresario y ex alto cargo de CDC David Madí «presionó» para que Jordi Sànchez y Carles Puigdemont lideraran JxCat con el fin de que el soberanismo controlara «las esferas del poder político y económico», aunque admitía que «nadie tiene ni puñetera idea» de cómo «materializar» la independencia.

El papel de Madí, dedicado desde hace años a la actividad privada, en la órbita independentista se desprende de las conversaciones que durante año y medio ha tenido intervenidas por orden del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, en la causa que investiga el desvío de fondos públicos a Waterloo.

En los autos en que acuerda las entradas y registros de la operación lanzada este miércoles, el juez sostiene que Madí «presionó» para que el expresidente de la ANC Jordi Sànchez fuera elegido secretario general de JxCat y para que el expresidente catalán Carles Puigdemont controlara el partido.

Para Madí, añade el magistrado, era fundamental controlar las esferas de poder político y económico para alcanzar sus objetivos incluso «fuera de las vías constitucionales», aunque en una conversación que se le intervino confesaba: «Si un día se tiene que hacer un follón de narices, nadie tiene ni puñetera idea de cómo hemos de materializar la independencia».

En sus conversaciones, el ex alto cargo de CDC y miembro del llamado estado mayor del procés lamenta la falta de referentes en la política catalana: de Oriol Junqueras dijo que tenía «un punto de desequilibrado» y al presidente del PDECat, David Bonvehí, lo definió como «un pedazo de carne que es un auténtico subnormal».

Según el juez, a Quim Torra lo calificó de «subnormal político profundo» y apuntó a que tras su inhabilitación no habría grandes protestas en las calles. De las conversaciones intervenidas, añade, se deduce que tampoco el exconsejero de ERC Xavier Vendrell —detenido— ni el partido republicano querían que hubiese movilizaciones tras la inhabilitación de Torra, «interesados como están en un anticipo de las elecciones autonómicas para poder alcanzar la presidencia de la Generalitat».

El Supremo reactiva la causa contra Laura Borràs por la adjudicación de dieciocho contratos a un amigo

El juez del Tribunal Supremo que investiga a la portavoz parlamentaria de JxCat Laura Borràs ha reactivado recientemente la causa al ordenar una batería de diligencias solicitadas por la Fiscalía acerca de su gestión al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre el 2013 y el 2017.

Continúa de esta forma la investigación a la diputada por la presunta adjudicación irregular a un amigo de 18 contratos por valor de 259.863 euros cuando dirigía la ILC, unos hechos que, según el Supremo, podrían constituir delitos de prevaricación y malversación, entre otros.

El magistrado ordenó hace unas semanas todas las diligencias que solicitó la Fiscalía después de que Borràs se acogiese a su derecho a no declarar el pasado julio, cuando compareció en el Supremo en calidad de investigada. Entre ellas figuran requerimientos a la ILC en busca de alguna resolución firmada por Borràs, actas de la junta de gobierno, los presupuestos desde el 2013 al 2017 e identificación de la partida presupuestaria de la Generalitat de la que se nutre la institución.

También pidió diversas facturas, así como la previa certificación de ejecución para su pago y posterior autorización e intervención por parte de la directora y de la intervención delegada, además de diversos pagos realizados por ILC.

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