Canarias pide ayuda ante la avalancha migratoria y Marlaska descarta dimitir pese a las críticas
ACTUALIDAD
El Ejecutivo canario reclama derivar a los inmigrantes a otras comunidades
18 nov 2020 . Actualizado a las 19:22 h.La llegada masiva de inmigrantes a Canarias, que recuerda a la crisis de los cayucos vivida en el 2006, llevó al presidente del Ejecutivo de las islas, Ángel Víctor Torres, a reclamar al Gobierno el traslado a otras comunidades autónomas de los miles de inmigrantes africanos que colapsan los recursos de acogida disponibles en las islas.
El presidente canario ha instado a la UE a que «defina qué modelo» migratorio «quiere para el futuro» y ha insistido en que lo ocurrido este martes en Arguineguín (Gran Canaria) «no puede volver a repetirse», por lo que ha solicitado «soluciones» a esta crisis humana.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró ayer que no va a dimitir después de que la Policía Nacional facilitara el martes la salida de más de 200 inmigrantes del muelle de Arguineguín sin un lugar concreto al que dirigirse. «No, no voy a dimitir», respondió en la sesión de control al Gobierno al ser preguntado por la diputada del PP Ana Belén Vázquez si pensaba dejar el cargo «por su incompetencia» para gestionar la crisis. La representante popular pidió la dimisión del ministro, lamentó que unos 2.300 migrantes estén durmiendo en el muelle de la citada localidad grancanaria y que 227 migrantes estuviesen este martes «libres por la calle, sin PCR y sin plan de seguridad».
Ciudadanos también exigió la dimisión de Marlaska, por su «nefasta gestión de la crisis migratoria y humana». Así lo escribió en un tuit el portavoz adjunto de Cs en la Cámara Baja, Edmundo Bal, quien afirmó que el Gobierno «tiene que afrontar la realidad y luchar contra las mafias, en lugar de dar tantas lecciones de progresismo teórico».
Marlaska remarcó que se está investigando «lo ocurrido» y «se tomarán las medidas necesarias y precisas». Entre 200 y 250 inmigrantes magrebíes que permanecían en ese muelle, junto a otras 2.000 personas, fueron conducidos el martes por la Policía Nacional fuera de esas instalaciones y, posteriormente, trasladados ante la sede de la Delegación del Gobierno en Las Palmas, sin que nadie les ofreciera un lugar dónde pernoctar.