Sánchez rectifica e incluye finalmente a Iglesias en la gestión de las ayudas europeas

Francisco Balado Fontenla
Fran Balado MADRID | LA VOZ

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Chema Moya

El plan para canalizar los 140.000 millones otorga el control directo a Pedro Sánchez y provocó un conflicto político en la coalición al incluir, en una primera versión, solo a un ministro de Unidas Podemos, Yolanda Díaz

25 nov 2020 . Actualizado a las 10:30 h.

Nuevo roce en el Gobierno. La elección del equipo que administrará los 140.000 millones de euros procedentes de Bruselas destinados a paliar los efectos del covid-19 ha supuesto una nueva fricción entre los dos grupos políticos que integran el Ejecutivo.

Sánchez anunció en septiembre en sede parlamentaria que presidiría una comisión interministerial, es decir, un grupo de trabajo integrado por una selección de ministros encargados de decidir dónde se destina el dinero europeo. Y este martes, tan solo unas horas antes de que diese comienzo la reunión ordinaria del Gabinete de los martes, trascendió un borrador en el que consta que tras Sánchez, la máxima responsable sería la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, «que presidirá la Comisión cuando no asista a las reuniones el presidente», según recoge el documento al que ha tenido acceso La Voz bautizado como «RDL Definitivo». También formarían parte la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera; la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la responsable de Educación, Isabel Celaá; la titular de Industria, Reyes Maroto; el ministro de Agricultura, Luis Planas; el de Sanidad; Salvador Illa; el de Ciencia, Pedro Duque; y el de Seguridad Social, José Luis Escrivá. También la gallega Yolanda Díaz, responsable de Empleo, y la única integrante de Unidas Podemos dentro de esta selección. Es decir, Pablo Iglesias no formaba parte del mismo, y desde su entorno airearon el malestar del vicepresidente segundo por no haber sido incluido, algo que consideraron un desaire.

«Instrucción expresa»

Sánchez no tardó en atender a las reclamaciones. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete, María Jesús Montero sorprendió al afirmar que finalmente no habrá una comisión ministerial y será en el conjunto del Consejo de Ministros donde se decidirá el reparto de fondos. La portavoz del Ejecutivo alegó que este cambio se debe a una «instrucción expresa» del presidente ya que «todos y cada uno de los departamentos tenemos una parte». Lo que no logró concretar fue si esta rectificación llegó una vez trascendió la pataleta del líder de Podemos o ya había sido decidida de antemano. «Me consta que el presidente lo había trasladado, pero no sé si conocía el borrador. No le puedo decir el detalle concreto porque no nos da el tiempo para conocer esos detalles», justificó.

Montero trató de quitar hierro al asunto al considerar que más allá del «intento de sacar punta o de trasladar tensión» por parte de los medios, no hay polémica, y que «las materias que puedan generar cierta tensión en determinados momentos son de trascendencia» mucho mayor.

Fuentes del Gobierno del sector morado apuntan a Carmen Calvo como la responsable de que Iglesias se hubiese quedado fuera del equipo, algo de lo que era conocedor desde la pasada semana y por lo que ayer trasladó su malestar a Sánchez.

La nueva polémica llega cuando todavía no se logró cerrar la anterior, desatada a raíz de la enmienda a los Presupuestos presentada por Unidas Podemos de forma conjunta con ERC y EH Bildu para prohibir los desahucios, de la que no tenían constancia los ministros socialistas hasta que fue anunciada por estos tres grupos parlamentarios en rueda de prensa, ni siquiera los del área económica.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, lamentó la forma de actuar por parte de Podemos, lo que provocó que la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, la acusase de ser aplaudida por la oposición. Robles, Calvo y Calviño son las representantes del Gobierno con las que más choca el sector de UP.

El PSOE sigue sin verle sentido a la enmienda sobre los desahucios, pero vota a favor de su tramitación

Siguen el choque y las contradicciones en el Gobierno a causa de los Presupuestos y de la «autoenmienda» de Pablo Iglesias a las cuentas para prohibir los desahucios.

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó ayer que los cambios sobre la normativa para vetar desahucios la tomará el Consejo de Ministros cuando vaya a expirar la actual, que vence el 31 de enero del 2021, por lo que ha vuelto a darle un tirón de orejas a su compañero en el Consejo de Ministros para decirle que enmiendas como la presentada por Unidas Podemos, Bildu y ERC a los Presupuestos del 2021 «no tienen sentido». Aunque ha señalado que «nunca ha habido ningún tipo de discrepancia en el interior del Gobierno», Montero ha admitido que desconoce si la enmienda relativa a los desahucios ha sido retirada, dando a entender que la parte del Gobierno que corresponde a Podemos sigue yendo por libre.

Mientras, PSOE y Unidas Podemos apoyaban permitir el debate y la votación de la enmienda antidesahucio en la Comisión de Presupuestos del Congreso. Una nueva incoherencia de los socialistas. Con la postura manifestada, pero también con los letrados de la Cámara que se posicionaron en contra de tramitar esta enmienda por considerarla materia ajena a una ley de presupuestos, según recoge Europa Press.

Pese a ello, en la reunión de la Mesa de la Comisión de Presupuestos se ha votado este martes sobre la continuidad o no de esta enmienda, avalando su tramitación PSOE y Unidas Podemos, con mayoría en este órgano. El PP ha votado en contra. En cualquiera de los casos, el posicionamiento del PSOE no anticipa la aprobación de la enmienda. De hecho, el propio secretario de organización del PSOE y ministro responsable de Vivienda, José Luis Ábalos, puso en duda su encaje en los Presupuestos y apostó por negociar y trabajar en estas medidas en otra norma.

Por su parte, la presidenta de la Comisión, Pilar Garrido, de Unidas Podemos, ha justificado su visto bueno en contra de la opinión de los letrados alegando que debe prevalecer un «criterio flexible» para que sean los grupos parlamentarios los que decidan su inclusión o no en el proyecto.