El exalcalde marbellí Julián Muñoz acepta 18 meses de prisión por fraude y prevaricación urbanística

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Llegada de Juan Antonio Roca a los juzgados para el nuevo juicio por irregularidades urbanísticas en Marbella, blanqueo de dinero y malversación
Llegada de Juan Antonio Roca a los juzgados para el nuevo juicio por irregularidades urbanísticas en Marbella, blanqueo de dinero y malversación Álex Zea | Europa Press

El exasesor urbanístico y cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca, también asume la petición de la Fiscalía Anticorrupción

30 nov 2020 . Actualizado a las 20:05 h.

El exalcalde de Marbella Julián Muñoz y el exasesor urbanístico y cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca, reconocieron este lunes fraude y prevaricación en relación con varias operaciones urbanísticas en Marbella, y llegaron a un acuerdo de conformidad con la petición de pena del fiscal.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido seis meses de prisión y cinco años de inhabilitación para cada uno por un delito de fraude y a Julián Muñoz, que ha comparecido por videoconferencia desde otro juzgado, se le ha solicitado además doce meses de prisión y cinco años de inhabilitación por prevaricación administrativa y urbanística. A Roca, por el delito de prevaricación administrativa, al considerarlo inductor, se le piden cinco años de inhabilitación. Desde 1992 que comenzó su relación con el ayuntamiento marbellí y hasta que fue detenido en el 2006, y pese a no ser cargo electo, Roca tuvo una posición de dominio sobre la corporación, hasta el punto de que los concejales y la posterior alcaldesa, Marisol Yagüe, parecían subordinados a su poder.

La actual petición fiscal supone una rebaja de lo reclamado anteriormente por el ministerio público. En la Audiencia Provincial de Málaga se sentaron en el banquillo de los acusados doce personas más, miembros de la corporación municipal, exediles del GIL y empresarios.

Los exconcejales del GIL también han reconocido los hechos y se han conformado con las penas que ha pedido el fiscal para ellos, de entre nueve a quince meses de prisión, además de cinco años de inhabilitación por prevaricación urbanística.

El presidente del tribunal, José Godino, ha nombrado uno a uno a los acusados para comprobar si se conformaban con la pena solicitada y todos ellos han dicho que sí.