La Fiscalía avisó al emérito de las diligencias abiertas contra él antes de su regularización

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El rey emérito, en el 2016, antes de embarcar para una regata en el puerto deportivo de Sanxenxo
El rey emérito, en el 2016, antes de embarcar para una regata en el puerto deportivo de Sanxenxo Capotillo

El ministerio público investiga el origen del dinero con el que el rey se puso al día con Hacienda. Vota y opina: ¿Debe volver a España el rey emérito?

11 dic 2020 . Actualizado a las 10:47 h.

La decisión de Juan Carlos I de abonar 678.393,72 euros para regularizar su situación fiscal en lo que afecta a la donaciones que recibió del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, para evitar así ser juzgado, abre un debate jurídico del que depende su horizonte penal. El hecho de que la Fiscalía del Tribunal Supremo avisara el pasado noviembre a la defensa del emérito de que mantenía abiertas unas diligencias sobre los fondos que recibió del magnate, tal y como admitieron este jueves fuentes jurídicas, suscita dudas. La ley establece que la regulación solo puede producirse antes de que «el Ministerio Fiscal o el juez de instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias».

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Una pena de hasta cinco años

La cuestión es clave, porque, si no se admite la regularización, la investigación sobre un posible delito fiscal conduciría a una acusación que podría conllevar hasta cinco años de prisión. Además, la Fiscalía Anticorrupción investigará también la procedencia del dinero con el que Juan Carlos I ha regularizado su situación fiscal. En caso de que tanto la regularización como el origen de los fondos con los que se sufragó se consideraran lícitos, las diligencias quedarían archivadas. Según diversas informaciones que citan fuentes de su entorno, el emérito considera que con esta regularización queda saldada cualquier posible responsabilidad judicial y sopesa por ello su retorno a España para pasar las Navidades junto a parte de su familia, o al menos celebrar su cumpleaños el 5 de enero, víspera de la Pascua Militar.

Pero la posibilidad de que Juan Carlos I regrese a España abre un nuevo conflicto en el Gobierno. Unidas Podemos no solo es favorable a que vuelva, sino que exige que lo haga de inmediato para responder ante la Justicia. Su portavoz, Rafael Mayoral, rechazó las declaraciones de Pedro Sánchez en las que distinguió entre la institución monárquica y el comportamiento personal de Juan Carlos I. Negó que Felipe VI estuviera «al margen» del proceder de su padre y pidió que el actual monarca comparezca para «responder» ante la opinión pública» por este «escándalo».