Las claves de la nueva ley de educación

La Voz

ACTUALIDAD

ANGEL MANSO

La ley Celaá, la octava norma educativa desde la Transición, nace, como muchas de las anteriores, sin consenso y con controversia

25 dic 2020 . Actualizado a las 11:35 h.

La octava ley educativa desde la Transición, aprobada este miércoles en el Senado, llega como mucha de sus antecesoras, sin consenso y envuelta en polémica tanto en el ámbito político como en la comunidad educativa. La recién aprobada Ley Orgánica de modificación de la LOE (Lomloe) dedica buena parte de su articulado a corregir algunos de los puntos críticos de la norma anterior, la LOMCE elaborada bajo el liderazgo del ministro de Educación del PP José Ignacio Wert.

Estos son algunos de los temas clave y más controvertidos recogidos en la también conocida como ley Celaá, apellido de la actual titular de la cartera de Educación en el Gobierno de coalición PSOE-Podemos.

Repetición

Excepcional. La Lomloe busca situar la repetición de curso como un recurso excepcional. Se establece que la decisión de promocionar, e incluso de titularse en Bachillerato, se tomará de manera colegiada por parte de todo el equipo docente, más allá de lo que un único profesor pueda decidir sobre una única materia. Se evaluarán la consecución global de objetivos y las expectativas de recuperación y éxito en el curso siguiente, pudiéndose pasar de curso con una o dos materias suspendidas y, excepcionalmente, obtener el título de bachiller con una asignatura pendiente. En todo caso, quienes promocionen sin superar todas las materias seguirán planes de refuerzo con sus correspondientes evaluaciones.

Idioma

Polémica sobre el castellano. La retirada de la mención al castellano como lengua vehicular destapó la caja de los truenos, a pesar de que esta no se incluyó hasta aprobación de la ley Wert en el año 2013. Con todo, la Lomloe recoge que se garantizará el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales, y también que al finalizar la educación básica, todos los alumnos y alumnas deberán dominar plenamente la lengua castellana y la cooficial en su territorio.

Educación concertada

Limitaciones. La educación concertada se ha puesto en pie de guerra contra la norma, al considerar que la limita en exceso. Por una parte, la nueva norma elimina el concepto demanda social introducido en la LOMCE, por lo que la creación de nuevas plazas concertadas queda supeditada a que no existan suficientes en los centros públicos. Además no se contempla la cesión de suelo público para la creación de centros privados. Por otro lado, se da preferencia en los conciertos a colegios que atiendan a poblaciones escolares de condiciones desfavorables, buscando garantizar una mayor equidad en la distribución del estudiantado vulnerable entre los centros y reduciendo en cierto modo la capacidad de los centros concertados de seleccionar a su alumnado. También se pondrá fin a los conciertos con centros que segreguen por sexo.

Evitar los centros gueto

Distribución del alumnado vulnerable. Uno de los grandes objetivos de la ley Celaá es garantizar un reparto equitativo del alumnado vulnerable entre los distintos centros, evitando la formación de guetos y buscando una distribución equilibrada del estudiantado con necesidades específicas de apoyo educativo. En este sentido, establece que las administraciones educativas podrán intervenir en la admisión de alumnos en los centros públicos, pero también en los privados con concierto, regulando esa admisión y garantizando el acceso en condiciones de igualdad, evitando segregaciones de cualquier tipo. Un punto que la escuela concertada también ha considerado excesivamente intervencionista.

Educación de 0 a 3 años

La promociona, pero no la universaliza. La nueva norma no hace la primera etapa de la educación infantil universal y gratuita, como si lo es la segunda (la de tres a seis años), pero sí aboga por su ampliación. La norma recoge que se elaborará un plan de ocho años para la extensión de esta etapa educativa para que «avance hacia una oferta pública suficiente y asequible», tendiendo hacia su gratuidad.

Educación especial

Integración en centros ordinarios. Desde algunas formaciones políticas se ha achacado a la ministra Celaá la intención de cerrar los centros de educación especial. Lo cierto es que la Lomloe establece que se desarrollará un plan para que en diez años los centros ordinarios puedan tener los recursos necesarios para atender al alumnado con discapacidad, en consonancia con la recomendaciones internacionales, que abogan por optar por ese modelo de educación más inclusiva. Con todo, la ley recoge que las administraciones seguirán apoyando los centros de educación especial, que además de escolarizar a los alumnos que requieran atención muy especializada, funcionarán como centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios.

FP

Nuevos ciclos. Se crean nuevos ciclos que potencian la Formación Profesional. Pero se abre un problema en lo que toca a los docentes, al extinguirse el cuerpo de Profesorado Técnico de FP. Ahora se exige a los profesores estar en posesión de una titulación universitaria, lo que deja sin acceso a oposiciones a los interinos que venían dando clase con una titulación de FP, algo admitido hasta ahora.

Aligeramiento del currículo

Menos contenido, más en profundidad. La ley Celaá aligera el currículo que la Lomce había ampliado en exceso. En lugar de un abanico excesivo de contenidos, en ocasiones inabarcable y que debía condensarse en exceso, se aboga por trabajar más a fondo puntos más esenciales.

Otras cuestiones

Se eliminan los itinerarios establecidos en la LOMCE y se recuperan los programas de diversificación curricular que adaptan el currículo en Secundaria para ayudar al alumnado que lo requiera obtener la titulación en ESO. La Primaria se reorganiza en ciclos de dos años. Se establece que se fomentará de manera transversal a educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, y la igualdad entre hombres y mujeres en los distintos cursos.

Tras su aprobación en el Senado, la Lomloe deberá publicarse en el BOE, lo que podría suceder antes del día 30, permitiendo la entrada en vigor de la norma a principios del mes de enero.