El dueño de la finca donde murió el pequeño Julen aporta dinero para evitar el ingreso «inmediato» en la cárcel

La Voz REDACCIÓN

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David Serrano está investigado por homicidio imprudente en el caso del pequeño Julen
David Serrano está investigado por homicidio imprudente en el caso del pequeño Julen Daniel Pérez | EFE

En 11 meses solo ha pagado 100 euros de la indemnización a la que fue condenado. El abogado defensor de David Serrano dice que «no tiene ni para comer»

23 dic 2020 . Actualizado a las 14:28 h.

El dueño de la finca donde murió Julen, el niño de dos años que cayó a un pozo en Totalán, ha consignado 500 euros para evitar el ingreso en prisión después de que el fiscal y la acusación particular lo hayan pedido con carácter «inmediato» por no pagar lo acordado en la sentencia. El abogado defensor de David Serrano, Antonio Flores, ha explicado a Efe que debido a que su cliente no tiene «ni para comer» y antes de que se pronuncie el juzgado el despacho le ha prestado dinero para intentar evitar su ingreso en prisión.

Ha insistido en que su cliente no tiene trabajo y que debido a ello no estaba abonando los 50 euros mensuales que acordó que pagaría a los padres de Julen, que murió en enero del 2018. Este ingreso de dinero se ha producido después de que la Fiscalía malagueña y la acusación particular hayan pedido su ingreso «inmediato», ya que solo ha pagado en once meses cien euros de la indemnización a la que fue condenado, aunque el juez todavía no se ha pronunciado.

David Serrano fue condenado por el Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga a un año de prisión y a indemnizar a cada uno de los padres con 89.529,67 euros y a la Junta de Andalucía por los gastos del rescate del pequeño con 663.982,45 euros.

El juez acordó la suspensión de la pena de prisión pero con una serie de requisitos, como no cometer delitos en dos años y abonar 50 euros a los padres todos los meses hasta que su situación mejorara como pago de la indemnización y comunicar al juzgado con antelación cualquier cambio de domicilio.

Según el escrito de la acusación particular, al que ha tenido acceso Efe, en once meses el acusado ha abonado solo dos mensualidades de 50 euros, «una cuantía mínima que fue aceptada por los padres de Julen como prueba de buena fe», pero «dado el incumplimiento grave y reiterado de una de las condiciones establecidas para la concesión de la suspensión de la condena» ahora piden que se revoque dicho beneficio.

El fiscal en el escrito que ha enviado al juzgado, y al que ha tenido acceso Efe, destaca que «no ha cumplido las condiciones por las que se le otorgó el beneficio de la suspensión de la condena».