El Gobierno da un ultimátum a Londres para evitar una «frontera dura» en Gibraltar

Ivía Ugalde MADRID / COLPISA

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Control policial en el paso fronterizo entre La Línea y Gibraltar
Control policial en el paso fronterizo entre La Línea y Gibraltar A.Carrasco Ragel

El Peñón considera «bastante posible» iniciar el 2021 sin acuerdo con España

29 dic 2020 . Actualizado a las 20:16 h.

El acuerdo sobre las relaciones futuras anunciado la pasada Nochebuena por la UE y el Reino Unido restauró la calma tras la seria amenaza de una marcha abrupta. Sin embargo, en ese texto de más de mil páginas firmado in extremis uno de sus capítulos especificaba que el Peñón quedaba excluido «expresamente» del pacto. La solución para que Gibraltar no se convierta en una «frontera dura» la medianoche del 31 de diciembre -cuando expira el período transitorio del brexit- pasa por un acuerdo urgente de España y Londres. Consciente de la gravedad de la situación, la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, lanzó este martes un ultimátum de 72 horas a las autoridades británicas para evitar que el caos se apodere de este disputado enclave.

La jefa de la diplomacia española instó al Reino Unido a dejar de lado las «excusas» y «resolver las cuestiones prácticas de los ciudadanos», al margen de las «pretensiones irrenunciables» que ambas partes negociadoras tienen sobre la soberanía del Peñón. La ministra apeló a la voluntad política británica y señaló que lo ocurrido en Dover la semana pasada, cuando cientos de camiones se vieron atrapados por el cierre de las fronteras francesas, es un «recordatorio» de lo que puede ocurrir. En este caso, aunque a menor escala, afirmó que también se verán «colas», especialmente de personas.

Para evitar el bloqueo en un enclave donde es necesaria la libre circulación de los miles de trabajadores que a diario cruzan la frontera terrestre desde España para ganarse la vida en este próspero enclave británico, el Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto que contempla una vía alternativa. En concreto, asegura la «protección» de los más de 8.500 empleados transfronterizos que ya se han registrado en un fichero. Todos ellos «tienen garantizada la fluidez» de movimientos y solo deberán acreditar su DNI para circular libremente.