La nómina mensual de las pensiones romperá en enero la barrera de los 10.000 millones

G. L. REDACCIÓN / LA VOZ

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MARCOS MÍGUEZ

El gasto se contuvo en el 2020 por la pandemia, que provocó una cifra histórica de bajas y ralentizó las nuevas altas

30 dic 2020 . Actualizado a las 09:13 h.

La nómina de las pensiones romperá en enero un nuevo techo, ya que la factura que abona cada mes la Seguridad Social para pagar las prestaciones contributivas superará por primera vez la barrera psicológica de los 10.000 millones de euros (el doble en junio y diciembre, coincidiendo con las dos pagas extraordinarias que se abonan al año). La razón, además de la progresiva incorporación de nuevos perceptores con bases de cotización más altas, está en la subida del 0,9 % aprobada por el Gobierno para el próximo año, que elevará en casi cien millones el desembolso mensual, que en diciembre ascendió a 9.985,26 millones de euros, según la información publicada ayer por el Ministerio de Seguridad Social.

Datos que muestran que la pandemia ha provocado una ralentización en el ritmo de crecimiento de la nómina de las pensiones, que crece apenas un 2,3 % respecto al mismo mes del año anterior, menos de la mitad del alza registrada en los dos ejercicios anteriores, cuando el gasto aumentó en tasas cercanas al 5 % (un 4,9 en el 2018 y dos décimas menos el año pasado).

La razón de esa contención en el ritmo de subida hay que buscarla, principalmente, en la crisis sanitaria. Y es que desde enero hasta noviembre, últimos datos actualizados por el Gobierno, han causado baja del sistema 478.434 pensiones (la cifra no coincide con la de pensionistas porque hay alguno con más de una prestación), un 14,6 % más que en el mismo período del año anterior. El exceso de bajas, de casi 60.950 en once meses, es muy similar a la cifra de vidas que se ha cobrado el coronavirus en España, que ha castigado especialmente a los mayores y ha provocado más de 50.000 fallecimientos oficialmente atribuidos al virus, aunque el INE y otros organismos elevan la cifra de víctimas atendiendo al exceso de mortalidad.

No solo hay más bajas, sino que también se frenan las nuevas altas. Hasta noviembre se han concedido 490.928 nuevas prestaciones contributivas, un 6,4 % menos. La causa principal de esa caída está en el cierre de las oficinas de la Seguridad Social durante el confinamiento y el atasco generado en las mismas tras su reapertura. Y es que la acumulación de trámites pendientes y el colapso provocado por nuevas prestaciones como el ingreso mínimo vital ha ampliado los plazos de reconocimiento de las nuevas pensiones.

Aunque entran menos personas al sistema, las que ingresan lo hacen con prestaciones cada vez mayores. Así, la nómina mensual media de las pensiones tramitadas en noviembre supera ya los mil euros (1.002,15) y el caso de las de jubilación sobrepasa los 1.484. Con estas cifras, la prestación media del sistema creció un 2,23 % este año y roza los 1.018 euros.

Los despedidos de la anterior crisis seguirán esquivando el retraso de la edad de jubilación

El Gobierno anunció ayer que prorrogará un año más la cláusula de salvaguarda de la reforma de las pensiones del 2011, que garantiza las condiciones de jubilación previas (más ventajosas) a todas aquellas personas despedidas antes de la entrada en vigor de esa reforma el 1 de abril de 2013 y que no han vuelto a encontrar trabajo desde entonces. La extensión de esta moratoria se aprobará en próximas semanas con efecto retroactivo desde el 1 de enero.

Gobierno y agentes sociales pactaron esta prórroga en la reforma del 2011 para proteger a las víctimas de la anterior crisis y garantizar que quienes no volviesen a encontrar trabajo tras un despido al final de su vida laboral llegasen a la jubilación sin sufrir un recorte excesivo en su pensión. Y es que esquivaban el incremento de la edad de retiro y de los tiempos de cotización exigidos para cobrar el 100 % de la prestación.

Aunque esa cláusula de salvaguarda, incluida por el Gobierno de Zapatero en su reforma de las pensiones, nació con carácter indefinido, el Ejecutivo de Rajoy limitó su vigencia hasta el 31 de diciembre del 2018. Antes de llegar a esa fecha se produjo la moción de censura y el Gabinete de Sánchez ha aprobado ya tres extensiones de esa garantía, en los años 2019, 2020 y ahora en el 2021. Sin embargo, los sindicatos censuran que se opte por una prórroga anual, por la incertidumbre que genera en los afectados aún pendientes de jubilarse, y piden una extensión indefinida.

En cualquier caso, se mantiene el derecho de opción, lo que permitirá a los afectados acogerse a la legislación ahora vigente si les beneficia.