La Justicia analiza un error que podría anular el juicio del pazo de Meirás
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La Audiencia de A Coruña tiene dudas de que Francis Franco sea dueño de todas las fincas que forman la propiedad
28 ene 2021 . Actualizado a las 20:17 h.Un error sobre los propietarios de las fincas del pazo de Meirás podría dar pie a la anulación del juicio que acabó quitándole la posesión del inmueble a la familia Franco, según confirmaron a La Voz fuentes conocedoras del proceso judicial. El problema lo ha detectado la Audiencia Provincial de A Coruña, que en la actualidad estudia el recurso presentado por los Franco contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña que le otorga la propiedad del pazo al Estado.
Las dudas de la Audiencia surgen respecto a la propiedad de 14 de las 15 fincas que forman parte del complejo del pazo. Todos los herederos están representados de forma personal, menos uno que actúa mediante la empresa Pristina S.L. Según las fuentes consultadas, esa sociedad solo sería propietaria del edificio principal, pero no del resto de las parcelas, aunque en el registro catastral sí aparecería como dueño de todas las propiedades. Además, en todos los documentos del proceso se consideraba que esa empresa era propietaria en todas las fincas.
La Audiencia de A Coruña dictó una providencia para tratar de aclarar el error y saber si hubo indefensión hacia los demandados. Las mismas fuentes indican que solo en ese caso se podría llegar a estudiarse una posible anulación de todo el proceso judicial, que se inició con la demanda interpuesta por la Abogacía del Estado en julio del 2019.
La sentencia que quita el pazo a los Franco
En septiembre del 2020, la jueza Marta Canales, titular del juzgado coruñés que estudió el pleito, dictó una sentencia que anula la compra del pazo por parte de Francisco Franco y que devuelve la posesión del recinto de Meirás al Estado. Los Franco recurrieron ante la Audiencia de A Coruña contra esa resolución de la jueza, que el pasado 10 de diciembre ordenó la ejecución de la sentencia y entregó personalmente las llaves del pazo a la abogada general del Estado. Desde entonces, es la Dirección General de Patrimonio del Estado la que se encarga de la gestión de toda la propiedad, que además se encuentra permanentemente vigilada por la Guardia Civil como un bien del Estado.