Investigan a Colau por supuestas subvenciones directas a entidades con las que estaba vinculada

La Voz REDACCIÓN

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Quique García | EFE

Abogados Catalanes por la Constitución señala a la alcaldesa de Barcelona por los presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación y tráfico de influencias

16 mar 2021 . Actualizado a las 20:09 h.

La Fiscalía de Barcelona ha aceptado la denuncia del grupo Abogados Catalanes por la Constitución y ha abierto una investigación a la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, y a otras responsables del consistorio por presuntamente conceder subvenciones de forma directa a varias entidades sociales, han explicado fuentes de la Fiscalía a Europa Press.

Abogados Catalanes por la Constitución le atribuyen presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación y tráfico de influencias, y se refiere a subvenciones del Ayuntamiento al Observatori DESC, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y a la asociación Enginyeria Sense Fronteres (ESF). Concedió 3,4 millones de euros en subvenciones a entidades con las que ha mantenido vínculos personales y profesionales, como la PAH o el Observatorio DESC

La denuncia también recae en la exconcejal Gala Pin, la teniente de alcalde Laia Ortiz, la asesora municipal Vanesa Valiño, la concejal Laura Pérez, y la directora del Observatori DESC, Irene Escorihuela, ya que supuestamente este centro de derechos humanos recibía las subvenciones dirigidas al resto de entidades.

En una entrevista en Rac 1 recogida por Europa Press, Ada Colau ha recordado que las subvenciones municipales a la PAH y al Observatorio Desc vienen del mandato del exalcalde de CiU Xavier Trias y que el Gobierno de BComú y PSC se limitó a renovar «un convenio que ya existía».

Además de las subvenciones a la PAH y al Observatori Desc, la asociación ha denunciado a la Fiscalía presuntas irregularidades en las concedidas a la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y a la asociación Enginyeria Sense Fronteres (ESF), y Colau ha defendido que todas ellas «están justificadas» y que se han concedido siguiendo la normativa.