Aznar niega haber cobrado sobresueldos y la propia existencia de la caja B del PP

Mateo Balín MADRID / COLPISA

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Rajoy, sobre los papeles de Bárcenas: «No he triturado lo que no tuve en mis manos»

25 mar 2021 . Actualizado a las 11:37 h.

La última vez que Mariano Rajoy compareció ante un tribunal en el juicio por el caso Gürtel, en julio del 2017, su declaración no fue positiva para los intereses del Partido Popular. Entonces era presidente del Gobierno y la credibilidad de su testimonio fue puesta en duda por la Sala en la sentencia dictada en mayo del 2018. Solo una semana después de esta resolución, una moción de censura le desalojó de la Moncloa y la política española convulsionó.

Han pasado casi tres años de aquella secuencia que dejó en shock al PP, una formación que de la noche a la mañana perdió todo el poder nacional hasta tocar suelo. Y su antiguo líder, ya retirado de la política a sus 65 años para ejercer como registrador de la propiedad, regresó este miércoles a una sede judicial tras el calvario, que aún dura, del caso Gürtel. Rajoy compareció de forma telemática para declarar como testigo en el juicio por la presunta caja B de los populares. Una contabilidad opaca con la que se habrían abonado parte de las obras de la sede nacional entre el 2006 y el 2011. El mismo edificio que ahora cuelga el cartel de «se vende» para tratar de reflotar las siglas del PP, ahogado por las deudas y señalado por la vieja corrupción.

«Delirante»

Durante dos horas, Rajoy centró su alegato en desmentir los indicios que apuntan a la existencia de esa caja paralela entre 1982 y el 2008. «Nadie en mis 40 años en el partido me ha hablado de esa mecánica ni de esa operativa», aseguró al tribunal. También en tildar de «demencial o delirante» las revelaciones de su extesorero Luis Bárcenas. El mismo al que de manera «desafortunada», admitió este miércoles, envió un mensaje de comprensión cuando su futuro judicial comenzó a oscurecerse en el 2010. El famoso «Luis, sé fuerte».

A diferencia de María Dolores de Cospedal, Rajoy no tuvo reparos en mencionar por activa y por pasiva a Bárcenas por su nombre. Claro está, para distanciarse de sus prácticas contables y destacar las diferentes versiones que ha mantenido desde que se conoció el escándalo de su fortuna oculta en Suiza. «No es capaz de ponerse de acuerdo ni siquiera consigo mismo. Un día dice una cosa y al otro, otra», replicó el testigo, que sugirió la posible manipulación de los «papeles de Bárcenas». Unos documentos que en su día llegó a tildar de «apócrifos» en aquella famosa rueda de prensa escoltado por la cúpula del PP, en febrero del 2013.

Hoy las cosas han cambiado, al menos desde la óptica de Rajoy, cuyo mensaje sobre estos papeles ha matizado de forma leve. «Todo lo que se refiere a mí es mentira, absolutamente falso, al igual que lo que dice el 95 % de esos apuntes», afirmó ayer al tribunal. En cualquier caso, puso la mano en el fuego sobre su desconocimiento de esa caja B. Ello pese a que Bárcenas afirmó a la Sala que tuvo en su poder un audio que demostraría que Rajoy sí tuvo en sus manos los papeles de la contabilidad B y que trituró delante de él, pero que los policías de la operación Kitchen —los seguimientos autorizados por Interior para recuperar pruebas sensibles en su poder— se lo sustrajeron. Si conservó o no una copia, está por ver. «No he triturado lo que no tuve en mis manos», afirmó al respecto Rajoy.

De forma previa, el hombre que designó a Rajoy como su sucesor en el PP, José María Aznar, abrió la sesión vespertina con su primera comparecencia oficial ante un tribunal. También como testigo. También por videoconferencia desde el despacho de su casa. Altivo, realizando un marcaje ideológico a cada letrado hasta que le cortó el presidente del tribunal, el expresidente declaró que «nunca» cobró sobresueldos y que desconoce la existencia de una caja B. «No sé lo que han hecho los demás ni mis sucesores, ni me importa. Sé lo que he hecho yo», declaró taxativo.

Aznar contradijo al exdiputado Jaime Ignacio del Burgo e insistió en que «jamás» autorizó pagos ni compensaciones. Destacó que presidió «un gran partido con 800.000 militantes». Algo que quedó en duda en el Congreso en el que salió elegido Pablo Casado, ya que votaron 66.384 afiliados. Y admitió que cuando dejó el partido en el 2004 sí percibió la correspondiente liquidación.

Representantes del partido en La Rioja y de la firma Unifica aseguran que no había pagos en dinero negro

El ex secretario general del PP de La Rioja y actual diputado autonómico Carlos Cuevas desvinculó este miércoles en la Audiencia Nacional la compra de la sede del partido en Logroño en el 2008 con movimientos de dinero de la presunta caja B reflejada en los denominados «papeles de Bárcenas», informa Efe. A Cuevas, que declaró como testigo, también se le preguntó por una supuesta entrega de 200.000 euros del PP de La Rioja a la formación nacional el 26 de mayo del 2008, movimiento que el extesorero Luis Bárcenas, principal acusado en este proceso, reflejó en su documentación.

Cuevas, actual vicesecretario de organización del PP de La Rioja y también exconsejero del Gobierno riojano, explicó que la compra de la sede de Logroño se financió mediante dos préstamos, los ingresos ordinarios del partido, los donativos «regulados por ley» y la aportación que pensaban pedir a la sede nacional.

Pidieron 200.000 euros al partido, que les llegó por transferencia, según apuntó, y precisó que «no fue un préstamo», sino una «ayuda» y que no se tenía que devolver, entre otras cosas porque esa sede «pertenece al Partido Popular de España».

Por su parte, el ex director general para la Modernización de la Administración de Justicia Alberto Dorrego y el empresario Borja García-Nieto negaron este miércoles en el juicio que compraran acciones del medio de comunicación Libertad Digital con dinero de la contabilidad paralela del partido. En este sentido, aseguraron que ignoran el motivo por el que aparecen en los conocidos como «papeles de Bárcenas», puesto que no conocían al extesorero popular Luis Bárcenas, según recoge Europa Press.

El papel de la empresa

En la sesión de este miércoles —la décima de la vista oral— también testificó Noelia Fernández, quien trabajó en la empresa Unifica como auxiliar administrativo. Fernández matizó que el «control contable» de la compañía lo llevaba el acusado Gonzalo Urquijo, uno de los propietarios de Unifica, firma que ejecutó la reforma de la sede del PP.

Sobre el presunto pago con dinero negro de la reforma de la sede del partido, el fiscal le preguntó si tuvo conocimiento de que alguna vez el PP pagara los servicios de Unifica en efectivo. Fernández recordó una única «excepción»: un cheque emitido por la formación para pagar «parcialmente» unos servicios.

Asimismo, al igual que hicieron en su día otros testigos, explicó que el dinero en efectivo que tenía la empresa en una caja era para pagar «gastos corrientes», como taxis, mensajeros o la compra de periódicos.

Michavila, «sorprendido»

El exministro de Justicia del PP José María Michavila también declaró este miércoles sobre la compra de acciones de Libertad Digital supuestamente con dinero de la caja B, algo en lo que, aseguró, su participación fue «cero».

«Estoy sorprendido con que me hayan llamado a este juicio», manifestó nada más empezar y recordó que precisamente ese medio no tenía con él «la mejor de las relaciones».

El juez retira la imputación a Indra por la financiación del Partido Popular de Madrid

Indra, la multinacional española que ofrece servicios de consultoría y tecnología, ya no está investigada en el caso Púnica, la presunta red de tráfico de influencias que afecta a Administraciones de varias comunidades autónomas. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor del procedimiento penal, acordó este miércoles el sobreseimiento provisional de la compañía como persona jurídica en una de las piezas separadas de la causa.

La empresa estaba bajo sospecha por contribuir al presunto desvío de fondos de la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) de la Comunidad de Madrid para beneficios particulares. En concreto, se trata de partidas que habrían servido para financiar campañas electorales del PP madrileño, que entonces dirigía Esperanza Aguirre.

En contra de la Fiscalía

En un auto, el magistrado de la Audiencia Nacional acordó el archivo con el criterio en contra de la Fiscalía Anticorrupción, que considera que la investigación no está acabada. Sin embargo, García Castellón alega que Indra «no ha incumplido» sus deberes de control, vigilancia o supervisión respecto de la actuación de sus empleados acusados y que debe levantarse la imputación. Una situación procesal que afectaba sobremanera a la reputación de la compañía a la hora de presentarse a concursos internacionales.

Los abogados de Indra habían solicitado al juez el sobreseimiento, al entender que los hechos presuntamente realizados por algunos de sus empleados no pueden ser atribuidos a la persona jurídica en su conjunto, además de que la compañía contaba con un modelo de cumplimiento normativo «eficazmente implementado», según argumentaron.

Investigación agotada

En su auto, García Castellón considera que no procede la práctica de las diligencias solicitadas por el Ministerio Público y entiende que la investigación de esta pieza está «ya agotada», tal y como indicó la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal del tribunal en un auto del pasado 17 de febrero.

El juez ha destacado que la documentación aportada por Indra permite constatar que los mecanismos de prevención normativos implantados en la empresa «permitieron localizar, identificar y erradicar a los responsables de los hechos aparentemente delictivos», quienes siguen estando investigados.