La jueza María Tardón cree que los partidos «enturbian la convivencia» usando los tribunales como arma política

Lamenta que las «campañas de desprestigio» que vienen de otros poderes del Estado puedan socavar la imagen de la Justicia

La jueza de la Audiencia Nacional Marñia Tardón
La jueza de la Audiencia Nacional Marñia Tardón

Redacción

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha criticado que los partidos políticos usen como arma política los tribunales y vayan «corriendo» a presentar denuncias o querellas «sin mucho fundamento» porque, a su juicio, «enturbian la convivencia», generan desazón e inquietud, y finalmente tanto los tribunales como los ciudadanos perciben que «no es serio».

En una entrevista concedida a Europa Press, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ha explicado que esta judicialización de la política (el conocido como lawfare) no es nueva y trata de «utilizar como arma política a los tribunales», por lo que ha apelado a la seriedad de las instituciones dado que puede derivar en «quiebras» en la convivencia ciudadana.

Sobre las críticas que desde el ámbito político se lanzan no solo hacia el poder judicial sino hacia determinados jueces y magistrados, Tardón ha indicado que «ayudar no ayudan», y ha añadido que no obstante los jueces tienen «las espaldas bien anchas» porque están acostumbrados a que se cuestione su trabajo. Además ha explicado que es normal en el ejercicio del poder público y deben someterse a controles tanto legales como de la opinión pública.

Pero ha puntualizado que el problema surge cuando de la crítica se pasa al desarrollo de «verdaderas campañas de desprestigio que vienen o bien de fuentes de poder importantes, de otros poderes del Estado, o bien de gente que tenga poder de otra naturaleza, económico fundamentalmente». Ahí, lamenta, se puede socavar la imagen de la Justicia en general.

Al hilo, sobre los juicios paralelos que se producen en las redes sociales, ha indicado que los jueces deben «abstraerse del ruido», aunque ha advertido de que en ocasiones hay hechos que no son estrictamente libertad de expresión porque comportan «un ataque a circunstancias familiares, a personas del entorno o intimidación».

Así, ha apuntado que por ejemplo no se pueden tolerar escraches, y que lo que supere esa libertad de expresión, que entiende que a veces llega a ser «muy zafia y grosera», no debe estar dentro de lo lícito y se deben acometer las acciones oportunas y reconducirse. «Ahí probablemente el Consejo (CGPJ) tenga mucho que decir en esa materia», ha apostillado.

Preguntada por las tensiones por los terceros grados de los presos del procés, ha indicado que pueden surgir problemas cuando por ejemplo las decisiones de la junta de tratamiento desvirtúan el propio contenido de la sentencia y de la condena impuesta, pero ha añadido que el Tribunal Supremo «está marcando afortunadamente una jurisprudencia en esa materia» que servirá a todos los jueces en su relación con cualquier órgano penitenciario donde se pueda dar esa eventualidad.

Si bien no ha querido pronunciarse tampoco sobre la opinión que le merecen reformas como la del Código Penal que incluye modificar el delito de sedición, sí que ha afirmado que determinadas reformas, como la última referente a la paralización de nombramientos en el poder judicial, «no pueden hacerse o aprobarse por la puerta trasera». «Un proyecto del propio Gobierno necesariamente tendría que haber pasado por el trámite de informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que pidió informar y no se le admitió esa posibilidad», ha incidido.

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