Valencia, la única con cifras que justificarían no restringir derechos fundamentales
03 may 2021 . Actualizado a las 10:19 h.País Vasco, Madrid, Melilla, Navarra, Cataluña, Aragón, La Rioja y Cantabria. Siete comunidades, algunas entre las más pobladas de España, están todavía en situación de riesgo extremo por transmisión del coronavirus, con incidencias acumuladas por encima de los 250 casos por cien mil habitantes. El Gobierno apuntaba a un escenario para el «traspaso de poderes» a los ejecutivos autonómicos a partir del 9 de mayo, cuando previsiblemente decaerá el estado de alarma en el que la mayoría de las comunidades estuviesen fuera del riesgo extremo en dos indicadores epidemiológicos, lo que más preocupan a los especialistas: la incidencia acumulada y la ocupación de las uci.
Más de la mitad de España está todavía en riesgo extremo tanto en la tasa de contagio como en la ocupación de las camas de críticos por enfermos covid. La situación de las uci es delicada, ya que -según explican en Sanidad a Colpisa- aunque la cuarta ola no llegó a niveles de las anteriores, en las unidades de críticos todavía hay enfermos de la tercera ola, a lo que se suma el hecho de que los pacientes, al ser más jóvenes, pasan más tiempo en la uci porque logran sobrevivir.
Siete comunidades y las dos ciudades autónomas están en riesgo extremo por ocupación de camas de críticos: Madrid, con un 44 %; La Rioja, con el 39 %; País Vasco, con un 37 %; Cataluña, con el 37 %; Ceuta, con un 35 %; Melilla, con el 29 %; Navarra, con el 28 %; Aragón, con el 26 %, y Castilla y León, con el 26 %.
Solo la Comunidad Valenciana, con una incidencia acumulada de 43 casos por cien mil habitantes, estaría en esa franja de bajo riesgo que permitiría no utilizar medidas que suponen restricciones de derechos fundamentales, así que en la recta final del estado de alarma y ante el escenario de incertidumbre que se abre, las comunidades empiezan a preparar planes alternativos. Cataluña prepara ya un «decreto ley a la carta» que estaría listo el martes y que permitiría a las autoridades tomar medidas «de forma rápida si fuera necesario» para proteger a la ciudadanía de un brote.
Así lo anunciaba el responsable de Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, en una entrevista radiofónica, en la que también ha condicionado continuar, alargar o retirar el toque de queda a la evolución de los datos epidemiológicos y a la llegada de vacunas para la semana que viene.
Cataluña también está explorando la vía de la delegación competencial, pero que sería solo para tenerla en el cajón. Una vez termine el estado de alarma, la competencia de limitación de derechos fundamentales recae en los tribunales, por lo que estas medidas «se toman con tres o cuatro días de retraso» y cabe la posibilidad de que la Justicia, antes de limitar esos derechos, pida que «aceleren» el proceso de vacunación, ha explicado Sàmper. Y cabe la posibilidad de que «determinados colectivos» impugnen ante los tribunales las restricciones.
También Madrid ha movido ficha para prepararse para el fin del estado de alarma. El boletín oficial de la comunidad ha publicado el endurecimiento de las restricciones en varias zonas básicas de salud que contemplan cierres perimetrales y la limitación de horarios para contener la expansión del virus y que entrarán en vigor a partir del 9 de mayo. La consejería ha acordado dar traslado de esta decisión a la Abogacía de la Comunidad para que solicite la pertinente autorización judicial.
El PP ha registrado una proposición no de ley en el Congreso en la que exige al presidente del Gobierno que convoque una Conferencia de Presidentes autonómicos para informarles de las medidas que pueden adoptar tras el estado de alarma, según informa Efe, y que se adopten las modificaciones para que los gobiernos autonómicos cuenten con herramientas legales para adoptar las necesarias medidas de protección de la salud.
