Entre 90 y 1.220 euros al mes: así serán las cuotas de autónomos cuando coticen por ingresos reales

Al finalizar el período transitorio, dentro de diez años, solo pagarán menos que ahora quienes ganen menos de 17.000 euros al año


Redacción / La Voz

Todavía es un borrador, pero es la primera vez que el Gobierno pone cifras a las cuotas que pagarán los autónomos cuando empiecen a cotizar por ingresos reales. El ministro de Seguridad Social,  José Luis Escrivá, ha remitido a sindicatos y patronal su propuesta para el nuevo sistema de contribución por ingresos reales, que quiere dejar atado con los agentes sociales para incluirlo dentro del primer acuerdo para la reforma de las pensiones, que debería cerrarse en las próximas semanas.

La intención del Gobierno es aprobar la nueva normativa a lo largo del próximo año, aunque no se empezaría a aplicar (y por tanto no tendría efecto en las cuotas) hasta el 2023. Y el despliegue será progresivo, con un período transitorio de nueve años, en los que los tramos de cotización y las cuotas se revisarán cada tres ejercicios, pudiendo acortar el calendario si así se consensúa con los agentes sociales.

Así, durante el primer año de aplicación, la actual cuota mínima, de 286,1 euros mensuales se sustituiría por otra de entre 200 y 400 euros en cada uno de los trece tramos que la Seguridad Social consensuó con las organizaciones de autónomos. Aquellos profesionales que tengan un rendimiento neto en su negocio inferior a los 3.000 euros anuales tendrán que abonar 200 euros al mes (un 30 % menos que ahora), una cantidad que se incrementará en quince euros en cada tramo, hasta llegar a un mínimo de 400 euros (un alza del 40 %) para los autónomos con ganancias superiores a los 48.481 euros.

Al final del período transitorio (esto es, en el 2031, salvo que se pacte con sindicatos y patronal una aceleración del calendario), la cuota mínima quedaría fijada en 90 euros mensuales, una cantidad casi un 70 % inferior que la actual. Los saltos por tramos serían ya mucho más acusados hasta llegar a una cotización base de 1.220 euros al mes para aquellos trabajadores por cuenta propia con más ganancias. Esta cifra cuadriplica de largo el actual recibo para quienes tributan por la base mínima, como hacen en la actualidad muchos de estos profesionales con más ingresos (y el 86 % de un colectivo de 3,3 millones de personas), y se aproxima mucho a la cuota máxima vigente.

Finalizado el proceso de despliegue de la reforma, solo aquellos autónomos que ganen menos de 17.000 euros al año cotizarían menos que ahora.

Hay que tener en cuenta que para la fijación de los trece tramos de cotización se toman como referencia no la facturación del negocio, sino el rendimiento neto, que se calcula como la diferencia entre los ingresos (ventas, servicios, subvenciones...) y los gastos deducibles, que son todos aquellos necesarios para tener actividad: alquileres, suministros, existencias, gastos de personal. Además, desde el 2018 también se incluyen los gastos de manutención del propio autónomo mientras se encuentra trabajando, siempre que se produzcan en establecimientos hosteleros y se paguen con tarjeta u otros medios electrónicos, y una parte de los consumos de su vivienda habitual si dedica parte ella a su actividad.

Hasta seis cambios al año

La idea del Gobierno es que los autónomos puedan elegir su base de cotización en función de sus previsiones de ingresos, con la posibilidad de modificarla hasta seis veces en el ejercicio. Será a año vencido, y una vez hechas las correspondientes declaraciones fiscales, cuando deberá proceder a regularizar su situación, ingresando la diferencia en caso de haber cotizado de menos o solicitando a la Seguridad Social una devolución si aportó de más.

El borrador conocido ayer generó malestar entre las principales organizaciones de autónomos, que criticaron tener que enterarse de un asunto que les afecta de lleno a través de los medios y no por boca del ministro u otro alto cargo de su departamento. Así, el presidente de UPTA, el gallego Eduardo Abad, dejó claro que no aceptarán las cuotas establecidas inicialmente para los profesionales con rendimientos inferiores a los 9.000 euros.

En la misma línea se manifestó su homólogo de ATA, Lorenzo Amor, también vicepresidente de la patronal CEOE, que descartó que el borrador se vaya a aplicar en sus términos actuales, puesto que «no está pactado» con las asociaciones.

Escrivá remite a los agentes sociales una nueva propuesta en pensiones que enfada a la CEOE, que anticipa su «no rotundo»

l. palacios

El acuerdo para la reforma de las pensiones se resiste pese a que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, avanzó el pasado martes que es «inminente». Casi a la misma hora que este último desgranaba en rueda de prensa las medidas que llevará a cabo su departamento dentro del plan de recuperación diseñado por el Ejecutivo para acceder a los ansiados fondos europeos, desde su departamento remitieron a los agentes sociales un «borrador de acuerdo» que provocó el enfado de la patronal, que ya ha anticipado su «no rotundo» a esta nueva propuesta que -criticaron- vuelve a hacerse sin consensuar en una mesa del diálogo social a la que, sin embargo, el Gobierno apela constantemente.

«Escrivá, con sus filtraciones, vuelve a reventar el acuerdo de pensiones», explicaron fuentes de la CEOE. Los sindicatos, por el momento, no quieren pronunciarse, aunque desde UGT advirtieron que no darán su apoyo si se penaliza a los jubilados anticipados que provienen del paro o de un expediente de regulación de empleo (ERE). La gran novedad de este texto es que por fin aparece detallado el nuevo diseño de cotización de los autónomos en base a sus rendimientos netos, pese a que no ha sido negociado con las principales organizaciones.

Penalizaciones

En el capítulo de las pensiones, Escrivá mantiene las penalizaciones a la jubilación anticipada que ya había avanzado y que los agentes sociales quieren suavizar. Los sindicatos exigen que no haya coeficientes reductores para aquellos que procedan del paro o de un despido colectivo, algo a lo que aún no han dado respuesta desde el ministerio.

Sin embargo, Escrivá establece un período de 12 años para irlo implantando de forma progresiva. Otra de las novedades es que fija ya el incentivo que dará para las empresas con el objetivo de alargar la vida laboral de sus trabajadores. Así, propone reducirles el 75% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes durante la situación de incapacidad temporal de aquellos trabajadores que hubieran cumplido la edad de 62 años.

Adiós a la jubilación forzosa

Igualmente, para facilitar la prolongación de la vida laboral, el documento también plantea la prohibición de la jubilación forzosa para los menores de 68 años, con la excepción de las que estén recogidas en los convenios colectivos sectoriales y únicamente durante su vigencia.

El ministerio también tiene pendiente de publicar un estudio sobre su impacto en largas carreras de cotización, como le recordaron ayer a Escrivá varios diputados durante la sesión de control al Gobierno, apelando a la «transparencia» y al respeto que le debe al Pacto de Toledo, que fijó un plazo de tres meses para realizar el citado informe.

A última hora de ayer, el ministerio suspendió -sin fecha- la reunión de la mesa de pensiones prevista para el lunes próximo.

La nueva subida de la cuota de autónomos, a merced de la negociación del salario mínimo

C. P.

Una de las cuestiones que más controversia han generado en los últimos meses tiene que ver con el aumento paulatino de la cuota de autónomos, pactado en el 2018 y aplazado de forma intermitente durante la pandemia. Entonces, se había acordado elevar la cuota a pagar todos los meses del 30 % de la base de cotización al 30,3 % en el 2020 y al 30,6 % en el 2021. La cuota mínima de autónomo (286,1 euros) cubre contingencias comunes (267,26 euros), contingencias profesionales (10,38 euros), cese de actividad (7,55 euros) y formación profesional (0,94 euros).

Por el momento no hay fecha de caducidad para la última tregua que pactó el Gobierno con los autónomos para aplazar la subida del 0,3 % que se tenía que haber ejecutado en el 2021. En el real decreto del pasado 26 de enero se garantiza que «a partir del 1 de febrero del 2021, y mientras no se lleve a cabo la subida del salario mínimo interprofesional para el año 2021, los tipos aplicables por contingencias profesionales y por cese de actividad [de los autónomos] serán los vigentes a 31 de diciembre del 2020». Esto significa que, a menos que el Gobierno llegue a un acuerdo con los agentes sociales para elevar el salario mínimo interprofesional (SMI), la cuota de autónomos seguirá fija en los 286,1 euros para quienes coticen por la base mínima y 1.233,2 euros para quienes lo hagan por la máxima.

Hasta el próximo mes de junio los autónomos seguirán abonando, eso sí, el 0,3 % de subida que no fue aplicado durante los meses de congelación del 2020. Según explican desde la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), la Administración ha ido añadiendo mes a mes un cargo de entre 2 y 3 euros para recuperar las cantidades pendientes.

Entre 3 y 12 euros más

¿Qué pasará cuando se llegue a un acuerdo sobre la subida del SMI? Todavía no hay fechas para la negociación, pero, de pactar un nuevo alza, las cuotas de autónomos aumentarán entre 3 y 12 euros más. A partir de entonces, los profesionales que coticen por la base mínima pasarán de pagar 286,1 euros a 289. Para quienes cotizan por la base máxima (4.070,1 euros) la cuota crecerá de los 1.233,2 euros a los 1.245,45. Y todos volverán a encontrarse en la misma situación: tendrán que abonar un 0,3 % extra mensual por la subida aplazada del 2021.

Exigen al Gobierno que se extienda al menos hasta septiembre el cese de actividad

«No quisiéramos que se repitiesen los angustiosos plazos de negociación de los anteriores procesos. El cese de actividad debe seguir siendo el paraguas protector y necesitamos alcanzar la normalidad económica con plenas garantías». Esa es la advertencia que, vía comunicado, ha enviado al Ejecutivo el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, que le reclama que prorrogue, al menos hasta septiembre, la prestación por cese de actividad para el colectivo.

Cabe recordar que, al igual que ocurre con los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), cuya extensión comenzó a negociarse la pasada semana, el cese de actividad para los autónomos también expira el 31 de mayo, pero aún no se han sentado con el Gobierno para abordar su prolongación. De ahí la intranquilidad de UPTA.

La asociación señala que «el cese de actividad extraordinario es una de las pocas armas de las que disponen más de 550.000 autónomos para continuar con sus negocios».

Apunta que la recuperación de la actividad económica está directamente relacionada con la velocidad de la vacunación de la población, pero matiza que «esta circunstancia no bastará para reactivar instantáneamente el consumo interno de los millones de ciudadanos que antes de la pandemia realizaban sus compras de bienes o servicios a miles de autónomos».

Negociación «urgente»

En este escenario, sostiene que es «condición indispensable para poder hablar de transición a la nueva realidad, que se sigan implementado medidas de protección para los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia que atraviesan una situación más complicada».

Por eso reclama al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que «se se ponga en marcha de forma urgente la mesa de negociación».

Hacienda pone la lupa sobre los autónomos, que tendrán un plan de control fiscal específico

a. balseiro
Oficina de la Agencia Tributaria
Oficina de la Agencia Tributaria

Así se desprende del plan de recuperación recién remitido a Bruselas

El Gobierno quiere poner en marcha un plan de control fiscal más específico para el colectivo de trabajadores autónomos. Así se desprende del plan de recuperación recién remitido a Bruselas, concretamente de lo detallado en su componente 27, que desgrana las medidas y actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal.

En este sentido, la pretensión del Ejecutivo es reforzar la «relación cooperativa entre la Agencia Tributaria, grandes empresas, asociaciones, colegios profesionales, pymes y autónomos» con el objetivo de generalizar «unas buenas prácticas tributarias», con las que poner coto al fraude y a la economía sumergida.

Seguir leyendo

Conoce nuestra newsletter

Hemos creado para ti una selección de contenidos para que los recibas cómodamente en tu correo electrónico. Descubre nuestro nuevo servicio.

Comentarios

Entre 90 y 1.220 euros al mes: así serán las cuotas de autónomos cuando coticen por ingresos reales