Hacienda pone la lupa sobre los autónomos, que tendrán un plan de control fiscal específico
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Así se desprende del plan de recuperación recién remitido a Bruselas
13 may 2021 . Actualizado a las 10:03 h.El Gobierno quiere poner en marcha un plan de control fiscal más específico para el colectivo de trabajadores autónomos. Así se desprende del plan de recuperación recién remitido a Bruselas, concretamente de lo detallado en su componente 27, que desgrana las medidas y actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal.
En este sentido, la pretensión del Ejecutivo es reforzar la «relación cooperativa entre la Agencia Tributaria, grandes empresas, asociaciones, colegios profesionales, pymes y autónomos» con el objetivo de generalizar «unas buenas prácticas tributarias», con las que poner coto al fraude y a la economía sumergida.
El primer paso para «incentivar el cumplimiento voluntario por el contribuyente de sus obligaciones tributarias» pasa -dice el Ministerio de Hacienda- por favorecer que los diferentes colectivos citados (entre ellos, autónomos y pymes) colaboren proponiendo y analizando medidas. Así lo detalla el documento en la parte relativa a las mejoras para que la Agencia Tributaria detecte ingresos no declarados (además de incluir el incremento de los medios humanos en la AEAT de cara a reforzar las inspecciones).
Tecnología y digitalización
«En colaboración con las asociaciones representativas de pymes y autónomos, se analizarán medidas tanto en el ámbito regulatorio de los distintos impuestos como en materia de obligaciones formales, todo ello en aras de facilitar el cumplimiento voluntario y asegurar la trazabilidad y el adecuado reflejo de las operaciones en los libros fiscales y en la contabilidad, minimizando el riesgo de ocultación de transacciones e ingresos, reduciendo, de esta manera, la brecha fiscal y la economía sumergida», señala el texto, subrayando que para alcanzar tales objetivos «las herramientas tecnológicas y la digitalización constituirán el eje de apoyo».
De este modo, en el apartado relativo a la modernización de la Agencia Tributaria, se detalla que «antes del final del 2021 se analizarán con las organizaciones representativas de autónomos y pymes medidas adicionales en el ámbito de la digitalización, a desplegar en el 2022 y el 2023, para facilitar la normalización y estandarización de las obligaciones de facturación y registrales, que vayan más allá del primer paso dado de prohibición del software malicioso» o de doble uso, usado para falsear los ingresos reales.
El plan enviado a la Comisión Europea también se detiene en la ley contra el fraude que está en fase de tramitación parlamentaria, y que incluye medidas que afectan directamente a los autónomos. Es el caso de la nueva rebaja del límite para el pago en efectivo, que pasará de los 2.500 euros actuales a los 1.000 para determinadas operaciones. «Tiene como objetivo facilitar la trazabilidad de las operaciones, dificultando comportamientos defraudatorios», subraya.
Coto a la economía sumergida
De hecho, ya el plan general de control tributario para este año lo recogía, incidiendo en que se trata de poner el foco sobre «aquellos sectores y modelos de negocio en los que los niveles de economía sumergida puedan generar una especial percepción social, con especial observancia del uso de efectivo en cantidades superiores a las legalmente establecidas».
El texto remitido a Bruselas hace referencia, además de a las medidas que se desarrollarán en el futuro para los trabajadores por cuenta propia, a las que ya se están negociando, como la cotización a la Seguridad Social en función de sus ingresos reales y que, según el borrador remitido por el ministerio a los agentes sociales, supondrá pagos de entre 90 y 1.220 euros. El mecanismo, sin embargo, no se aprobará hasta el año próximo, para entrar en vigor en el 2023 y desplegar sus efectos «progresivamente».
Código de buenas prácticas para pymes y emprendedores
El documento incide en la «aprobación y firma de los códigos de buenas prácticas de pymes y autónomos», que se sumarán a los que ya hay para grandes empresas, asociaciones y colegios de asesores tributarios, cuya adhesión «se impulsará». El fisco destaca la importancia de tener una relación con el contribuyente «basada en la cooperación y en la confianza mutua», pues supone una «voluntad de ir más allá del mero cumplimiento de sus obligaciones legales» y redundará en la «generalización de unas buenas prácticas tributarias».
