El Estado vota en contra de los sueldos del consejo de CaixaBank

En el caso del presidente, José Ignacio Goirigolzarri, supone triplicar el salario que percibía al frente de Bankia


El Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y como accionista del 16 % de CaixaBank, ha votado este viernes en contra de la nueva política de retribuciones del banco durante su junta de accionistas, con lo que muestra su oposición a los sueldos de la cúpula directiva. No obstante, la nueva CaixaBank, fruto de la fusión con Bankia, ha logrado sacar adelante este punto del orden del día con el apoyo del resto de accionistas y a pesar de la polémica que ha suscitado esta cuestión tras las críticas del Gobierno.

La ministra de Asuntos Económicos y vicepresidenta segunda del Gobierno, Nadia Calviño, fue la primera en mostrar abiertamente su «preocupación» por los elevados salarios de los ejecutivos de banca y calificó de «inaceptables los altos sueldos y los bonus pagados a directivos». El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lamentó unos días después que sectores ganadores de la transformación digital están expulsando fuerza de trabajo mientras ellos están ganando salarios de seis cifras e incrementando sus beneficios y «bonus».

Fuentes del FROB han detallado a Efe que el fondo ha apoyado todas las propuestas de la junta de accionistas de CaixaBank no relacionadas con las remuneraciones de los consejeros, una cuestión en la que ha emitido dos votos diferentes. Por un lado, el voto en contra al punto 12 del orden del día, que era la aprobación de la modificación de la política de remuneraciones de los consejeros, el punto más sensible porque suponía validar que el nuevo presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, reciba una remuneración fija anual de 1,65 millones, y el consejero delegado, 2,26 millones. Sin embargo, el FROB se ha abstenido en el resto de propuestas relacionadas con la política de remuneraciones, que hacían alusión a la retribución global que recibirán los consejeros, así como a los planes de incentivos que puedan recibir.

El FROB, el fondo de rescate español, tenía la posibilidad de votar en esta junta al haberse convertido en el segundo principal accionista de CaixaBank tras la fusión con Bankia, en la que el Estado tenía una participación superior al 60 %. El fondo está regido y administrado por una comisión rectora, integrada por 11 miembros, pero para decidir el voto en las juntas de accionistas basta con que se reúnan seis de ellos: la presidenta, Paula Conthe; los tres representantes del Ministerio de Asuntos Económicos y los dos del de Hacienda. Por parte del departamento que dirige Calviño se sientan en el FROB el secretario general del Tesoro, Carlos San Basilio; el presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, Santiago Durán y la subsecretaria del Ministerio, Amparo López. En representación de Hacienda figuran la secretaria de Estado de Hacienda, Inés María Bardón, y el director general de Presupuestos, Jaime Iglesias Quintana.

Goirigolzarri defiende su sueldo

El presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha defendido  en la junta de accionistas la nueva política de remuneraciones del banco y ha dicho que estas se sitúan en niveles inferiores a la media de otras entidades comparables en España. Goirigolzarri ha salido al paso de la polémica por las retribuciones de los consejeros de CaixaBank, lo que permitirá al directivo percibir una remuneración fija anual de 1,65 millones de euros, el triple de la que tenía como presidente de Bankia, cuestión que ha sido criticada por los sindicatos y cuestionada incluso por el Gobierno.

Goirigolzarri ha explicado que la política de salarios de todos los bancos está «absolutamente reglada» y que las decisiones sobre este tema se toman en el consejo, si bien son analizadas y propuestas por la Comisión de Remuneraciones, presidida por una consejera independiente y formada por una mayoría de consejeros independientes. «Esta comisión no tiene ningún consejero ejecutivo y su labor se realiza en base a políticas objetivas con asesoramiento de empresas externas», ha señalado Goirigolzarri, que ha recordado además que la política de remuneraciones debe ser aprobada por la junta al menos cada tres años, si es que no se introducen cambios antes. Ha explicado, en este contexto, que la remuneración total del consejo de CaixaBank en el ejercicio 2020 fue inferior a la del 2019 porque hubo una reducción del número de consejeros y por la renuncia del consejero delegado, Gonzalo Gortázar, a la retribución variable.

Trabajo insiste en que vigilará el ERE 

Prácticamente a la vez que en Valencia se celebraba la junta general de accionistas de CaixaBank, la ministra de Trabajo Yolanda Díaz enviaba un mensaje a la entidad financiera, inmersa en la negociación de un expediente de regulación de empleo (ERE) para casi 8.000 trabajadores. «No son tiempos de despidos», apuntó.

 Aunque la dirección general de Trabajo ha remitido misivas a CaixaBank y al BBVA -ambas con ajustes colectivos de empleo en marcha- para advertirles de que controlarán estrechamente todo el proceso laboral, Díaz admitió ayer que, después de que la reforma laboral del PP eliminara del Estatuto de los Trabajadores la autorización administrativa para los despidos colectivos, el ministerio «no tiene posibilidad legal de actuar» sobre estas fórmulas.

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