El PSOE quiere penar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas abortivas
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Derecho a Vivir dice que se pretende «criminalizar» a los grupos provida
01 jun 2021 . Actualizado a las 08:53 h.El PSOE aspira a establecer penas de cárcel a aquellas personas que acosen a las mujeres que acuden a realizar un aborto. Así lo recoge la proposición de ley registrada ayer en el Congreso. En ella piden la reforma del Código Penal para incluir penas de prisión, de entre tres meses y un año, para quien desarrolle ese comportamiento.
Tal y como recoge Europa Press, la propuesta socialista pasa porque el Código Penal recoja el siguiente tipo penal: «El que hostigue o coarte la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, promoviendo, favoreciendo, o participando en concentraciones en las proximidades de lugares habilitados para interrumpir embarazos, causando un menoscabo en la libertad o intimidad de esta, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días»
El artículo además incluiría dos puntos. En uno se determina que, atendiendo a la gravedad de las circunstancias personales del autor y las concurrentes en la realización del hecho, el tribunal podrá imponer, además, la prohibición de acudir a determinados lugares por tiempo de seis meses a tres años. El último punto señala que las penas previstas en el artículo se impondrán «sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de acoso».
Desde el PSOE se señala que el acoso en las clínicas abortivas es «una constante». Por ello quieren dar «una seguridad jurídica tanto a las mujeres que quieren interrumpir el embarazo como a los y las profesionales que participan». En la exposición de motivos de la propuesta recogen los datos del informe realizado en 2018 por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la interrupción del embarazo (ACAI) en el que se recoge un 89 % de las mujeres que acudieron a abortar a estos centros se habían sentido acosadas y un 66 % amenazadas.
Ese mismo año, recuerdan los socialistas, el Defensor del Pueblo inició también una actuación tras recibir la queja de una asociación de clínicas acreditadas para la interrupción voluntaria del embarazo. Esta organización denunciaba el acoso al que se ven sometidas las mujeres que acuden a este tipo de centros y documentaba casos de hostigamiento.
Firmas contra la iniciativa
La Plataforma Derecho a Vivir ya ha reaccionado iniciando una recogida de firmas contra la iniciativa del PSOE, al que acusan de querer «criminalizar» a los movimiento provida. En ese sentido, la campaña que lleva el título de A los provida a la cárcel quiere defender la labor que desempeñan las personas que acuden a las clínicas acreditadas para la interrupción voluntaria del embarazo. Allí van, según la plataforma, a ofrecer «información y ayuda, si la desean», a mujeres embarazadas.
Denuncian que con la iniciativa presentada por el PSOE se pretende encarcelar a los voluntarios y prohibir las vigilias de oración frente a los «abortorios». En declaraciones a Efe, Rosana Ribera de Gracia, portavoz de Derecho a Vivir, señalaba: «Es una estrategia más de los ideólogos de género, de los adalides que se arrogan la exclusividad de la defensa de los derechos de la mujer, mientras las abocan, sin alternativa ni ayuda, al drama del aborto». Dice que se pretende poner una «mordaza» a los «voluntarios-rescatadores» que «no ganan nada por conseguir que una mujer decida darle una oportunidad a su hijo y a ella misma».