El Gobierno propone declarar nulos los despidos sin causa en los contratos temporales
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Lo recoge dentro de la reforma para atajar el abuso de esta modalidad de contratación
10 jun 2021 . Actualizado a las 09:18 h.El Ministerio de Trabajo presentó este miércoles a los agentes sociales, durante la primera reunión para negociar la reforma con la que atajar el abuso de la temporalidad en el mercado laboral español -a la que Bruselas pide poner coto-, una batería de medidas, entre las que destaca reformar el despido en los contratos temporales para que, en caso de no justificar la causa de la extinción o no hacerlo por escrito, sea considerado nulo e implique la readmisión del trabajador.
Así se recoge en el borrador que, fechado el 2 de junio, el ministerio de Yolanda Díaz presentó ayer a patronal y sindicatos. En el documento también se acotan las posibilidades para que las empresas realicen contrataciones temporales, que quedarán reducidas a cubrir los picos de demanda o para sustituir a un trabajador -como es el caso de las bajas-, y siempre tendrán que justificarse adecuadamente. De este modo se pone fin al uso indiscriminado del contrato por obra y servicio.
Volviendo al caso del despido sin justificación, su consideración de nulo supondría la inmediata readmisión del trabajador, con el abono de los salarios que haya dejado de percibir. Para hacerlo posible, el Gobierno plantea modificar el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores, añadiéndole en lo relativo al despido nulo el supuesto de los trabajadores que hayan firmado un contrato de duración determinada no justificado.
Recuperar la ultraactividad
Otro de los puntos que incluye el borrador es el de la recuperación de la ultraactividad de los convenios colectivos, es decir, que mantengan su vigencia hasta que se firme uno nuevo. Asimismo, tal y como se comprometió la ministra de Trabajo con los sindicatos, el borrador recoge la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa, lo que supone volver a la situación anterior a la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy. La CEOE se opone a ambas medidas, igual que al endurecimiento de la contratación temporal.
Sin embargo, el veto a la temporalidad, que no ha dejado de crecer en los últimos años provocando una precarización del mercado laboral, es irrenunciable para el departamento que dirige Yolanda Díaz, que este miércoles en el Congreso volvió a insistir en su compromiso de «derogar» la reforma laboral del PP antes de que expire este año.
Un primer paso para ello son los cambios que ha comenzado a negociar con los agentes sociales. El borrador establece que en ningún caso las empresas podrán utilizar el contrato de duración determinada por razones productivas para realizar trabajos en el marco de contratas, subcontratas o concesiones administrativas, que solo se empleará para cubrir bajas, excedencias o similares.
Freno a la precarización
Asimismo, para acabar con la precarización asociada a las empresas de externalización de servicios, el texto recoge que «el convenio colectivo de aplicación será el del sector de la actividad ejecutada en la contrata o subcontrata, corresponda esta a la actividad propia de la principal o a una distinta, con independencia de la forma jurídica o el objeto social de la empresa contratista o subcontratista». Solo podrá aplicar el convenio propio en el caso de que «garantice, como mínimo, los mismos derechos que el convenio sectorial que corresponda a la actividad ejecutada en la subcontrata».
«Intervencionista» para la CEOE y punto de partida para los sindicatos
El borrador ha provocado reacciones encontradas en el seno del diálogo social. Los sindicatos consideran que es un punto de partida para modernizar el mercado laboral, pero que aún «falta un mayor desarrollo» del contenido de las propuestas, dada la envergadura de las medidas que es preciso tomar frente a la temporalidad abusiva. Por ello indican que aún hay que avanzar más en determinar los motivos de la contratación temporal.
Por su parte, la patronal considera «intervencionista y regresiva» la reforma diseñada por el Ejecutivo. Según aseguró el presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, «lejos de modernizar, limita la capacidad de adaptación de las empresas», por lo que advirtió que penalizará la creación de empleo.
Igualmente consideró que está alejada de los objetivos de convergencia en temporalidad de la Unión Europea.