Las multas del estado de alarma pueden quedar anuladas a corto plazo por el Constitucional

María Hermida
María Hermida REDACCIÓN / LA VOZ

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La policía advierte en caso de detectar una primera infracción en un control, pero multa duramente la reincidencia
La policía advierte en caso de detectar una primera infracción en un control, pero multa duramente la reincidencia Óscar Cela

El proyecto de sentencia del tribunal, que se llevará a pleno el día 22, entiende que la herramienta legal para decretar el confinamiento no fue válida

11 jun 2021 . Actualizado a las 16:43 h.

Los agujeros legales derivados de la gestión de la pandemia del covid-19 en España van camino de ser infinitos. Pero hay algunos de mayor profundidad que otros. Es el caso del relacionado con la posible inconstitucionalidad del primer estado de alarma, es decir, con el período que abarcó de marzo a junio del 2020 y que implicó el confinamiento domiciliario de los españoles. El Tribunal Constitucional tiene por delante la tarea de decidir si la herramienta legal utilizada por el Gobierno de Pedro Sánchez para confinar a los ciudadanos fue o no constitucional.

Y el proyecto de sentencia del Constitucional, un borrador sobre el que todavía se está trabajando y que elabora la persona que actuará de ponente, el magistrado Pedro González Trevijano, considera que sí se incurrió en inconstitucionalidad. Esto no significa que la sentencia final vaya a ir en la misma línea. El asunto será llevado a pleno y se debatirá entre los once magistrados, que luego votarán. Pero, desde luego, no es una cuestión baladí que el magistrado ponente se pronuncie en esos términos en el borrador del fallo. Más bien, es un anticipo del problema que se le puede presentar al Ejecutivo en un plazo relativamente corto de tiempo. Porque, aunque esta cuestión puede adquirir matices, es muy probable que si se declara inconstitucional el primer estado de alarma se anulen todas las sanciones derivadas del mismo

Para entender por qué el Constitucional está ahora a vueltas con el primer estado de alarma, superado hace un año, hay que remontarse al recurso contra el mismo que presentó Vox, el partido de ultraderecha, redactado por la diputada Macarena Olona y firmado por los 52 parlamentarios de Vox en el Congreso. Al presentarse este recurso, el tribunal de garantías tuvo que plantearse dos cuestiones. Por una parte, si había justificación real para el confinamiento domiciliario o el cierre de colegios. Y, por la otra si aún habiendo motivos para tomar estas decisiones por la incidencia del covid-19, el Gobierno eligió la herramienta legal adecuada o no para llevarlas a cabo.