El G7 aparca de forma opaca este impuesto con el que Bruselas espera recaudar 5.000 millones
13 jun 2021 . Actualizado a las 10:28 h.Una cumbre para la reconciliación con Estados Unidos, para el buenrollismo y para brindar al sol de Cornualles. Es la postal que deja la cumbre del G7, que cierra hoy sus puertas con una novedad: un nuevo acuerdo para eliminar las ayudas públicas directas a las plantas térmicas que no adopten medidas anticontaminantes. España ya cerró buena parte de ellas en el 2020, pero hay países en desarrollo que, a falta de poder invertir en tecnologías limpias, siguen tirando del carbón.
Se esperaban nuevos detalles sobre el bautizado como «acuerdo histórico del 15 %» que los líderes se limitarán a respaldar. Nada más. El trabajo técnico, el de los sherpas negociadores, será el que mida el grado de ambición de ese pacto para hacer pagar a las grandes multinacionales la parte justa de la recuperación tras más 30 años horadando las Haciendas nacionales, con la complicidad y permiso de los Gobiernos. Al menos, de los europeos. Para España es una prioridad, teniendo en cuenta que gastó 113.172 millones de euros más de los que ingresó durante la pandemia.
Según los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), la tasa del impuesto de sociedades ha caído en el entorno europeo casi la mitad desde el año 1990. Solo seis países subieron este impuesto desde el 2010. El resto la han mantenido o bajado, como Francia. El adalid de la «fiscalidad justa» en la UE anunció además su intención de recortarla del 32 % al 25 %. Menos presión fiscal, pero más repartida, parece la consigna en la UE, que necesita cubrir el agujero de entre 160.000 y 190.000 millones de euros anuales que le generan las prácticas -legales- de elusión fiscal. Ahora bien, hay discrepancias con Washington sobre cómo hacerlo.
El presidente estadounidense, Joe Biden, está dispuesto a fijar un suelo que impida seguir rebajando las facturas de las multinacionales en Estados como Nevada (EE.UU) o Luxemburgo, incluso de subirlo hasta el 21 %, algo difícil de alcanzar para jurisdicciones como Irlanda (12,5 %) o Chipre (que ni siquiera quiere negociar), pero no quiere ni oír hablar de gravar los servicios de los gigantes digitales con la llamada tasa Google.
Planes trastocados
Esto trastoca los planes de Bruselas, que deseaba colmar parcialmente los agujeros en su caja y compensar las pérdidas por la falta de armonización fiscal interna con una tasa a las empresas tecnológicas más lucrativas del planeta, casi todas estadounidenses. Es más: de renunciar a la tasa digital, que debería entrar en vigor en el 2023 en toda la UE, Bruselas tendría un roto en sus recursos propios, los mismos con los que respaldará la emisión de deuda para financiar el fondo de recuperación Next Generation EU. ¿De cuánto? 5.000 millones de euros anuales. ¿Qué gravaría esa tasa? Desde la publicidad en línea a la venta por Internet de bienes y contenidos, actividades de intermediación y la comercialización de datos: «Estos servicios no están completamente cubiertos por las regulaciones fiscales existentes y, por tanto, quedan [parcialmente] sin tributar», explica en un informe la Eurocámara. Bruselas no renuncia a la tasa Google.
«Estados Unidos está reuniendo al mundo para que las grandes corporaciones multinacionales paguen lo que les corresponde para que podamos invertir en nuestra clase media en casa», celebró el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, obviando la gran piedra en el zapato de las negociaciones: la tasa digital. Los expertos apuntan que, en términos globales (no por jurisdicciones concretas), los gigantes empresariales ya venían pagando unos tipos efectivos cercanos a ese 15 %, casi la mitad de lo que pagan los negocios tradicionales. Y, como ya ocurre en España con la tasa Google, no se puede descartar que las firmas acaben trasladando a los ciudadanos el coste tributario.
Coto a los monopolios
El mismo día en que arrancaba la cumbre del G7, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobaba un paquete con cinco medidas legislativas encaminadas a fragmentar el dominio monopolístico de las empresas tecnológicas. La medidas -algunas de ellas muy parecidas a las que propuso Bruselas hace unos meses-obligan a empresas como Amazon, Apple, Facebook o Google a dividirse en dos compañías o deshacerse de partes de sus negocios.
