La Fiscalía investiga por malversación los avales de la Generalitat a una treintena de encausados por el «procés»
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El ministerio público indagará, tras una denuncia de Ciudadanos, la legalidad de la actuación del Instituto Catalán de Finanzas de garantizar las fianzas que les exige el Tribunal de Cuentas
28 jul 2021 . Actualizado a las 19:26 h.La situación de la treintena de ex altos cargos de la Generalitat a los que el Tribunal de Cuentas exige una fianza de 5,4 millones por presuntamente haber malversado fondos públicos para promocionar el procés en el extranjero y de cuyo aval aportado por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) duda el órgano fiscalizador es cada vez más complicada. Ayer, a raíz de una denuncia de Ciudadanos, la Fiscalía Superior de Cataluña abrió una investigación sobre los avales del ICF por malversación. En el decreto de incoación de diligencias, el fiscal superior ordena enviar el caso a la Fiscalía de Barcelona para que lo investigue. En el mismo decreto, ordena archivar la denuncia contra el Gobierno catalán, pues aunque el aval surge del Fondo Complementario de Riesgos creado por el Ejecutivo el pasado 6 de julio, hay un procedimiento penal abierto por estos mismos hechos en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès; el consejero de Economía, Jaume Giró; y la de Presidencia, Laura Vilagrà. Este proceso comenzó a raíz de una denuncia de Vox, que aún está pendiente de ser admitida o no a trámite por el alto tribunal catalán.
El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, no entra a valorar en su escrito si ve delictiva la aportación del aval del ICF a la treintena de ex altos cargos, pero recuerda que la ley obliga al ministerio público a abrir diligencias «cuando se reciba noticia de la comisión de hechos que pudieran tener relevancia penal». Con lo que Bañeres está reflejando una observancia de posible delito penal.
Fue la semana pasada cuando el líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, presentó a la Fiscalía la denuncia contra la junta de gobierno del ICF y el Ejecutivo catalán, al que califica de «cooperador necesario», por los avales a las fianzas fijadas por el Tribunal de Cuentas, lo que, según él, constituye una «absoluta ilegalidad».
El propio Tribunal de Cuentas ya no veía claro el aval, incluso habló de «indicios de ilegalidad», por lo que solicitó un informe a la Abogacía del Estado antes de pronunciarse sobre si lo acepta o no.
Fondo de nueva creación
El aval del ICF pudo realizarse gracias al decreto de la Generalitat que creó un Fondo Complementario de Riesgos, de 10 millones de euros, que, según recoge Cs, fue «el presupuesto habilitante para la realización de una operación fraudulenta» para avalar las fianzas y evitar que los investigados fueran embargados.
La junta de gobierno del ICF aprobó los avales el jueves pasado después de que tres de los miembros independientes renunciaran a sus cargos para no participar en la decisión. La junta quedó entonces partida por la mitad, con un empate entre los vocales independientes, que votaron en contra de los avales, y los dominicales (designados por la Generalitat), que votaron a favor. Fue el voto de calidad del presidente del consejo, Albert Castellanos, quien deshizo el empate. Está previsto que hoy el Consejo de Garantías Estatutarias haga público su informe en relación al Fondo aprobado el 6 de julio.
