El curso judicial arranca con la crisis institucional más grave en la democracia
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En medio de esa tensión política, el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, tiene previsto pronunciar una intervención muy critica en su discurso de apertura del año judicial, que contará con la presencia del rey Felipe VI
05 sep 2021 . Actualizado a las 09:21 h.El Tribunal Supremo acogerá mañana el solemne acto de apertura del Año Judicial 2021/2022 en medio de la mayor crisis institucional vivida en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la etapa democrática. El órgano de gobierno de los jueces lleva tres años ejerciendo en funciones ante el bloqueo político en torno a su relevo por la negativa del PP a pactar la nueva composición si el PSOE no margina a Unidas Podemos de cualquier acuerdo y por la exigencia de los populares de modificar el actual modelo de elección para retomar el sistema por el que los propios jueces elegían a doce de los veinte vocales del consejo.
Los socialistas rechazan esas condiciones y exigen al PP que cumpla con lo que consideran una obligación constitucional de acordar una renovación del CGPJ de acuerdo al modelo actualmente vigente. Esa situación de bloqueo ha creado un choque sin precedentes entre el poder legislativo y el judicial. El propio órgano de gobierno de los jueces se ha dirigido al Congreso de los Diputados para exigir que se proceda «sin mayor demora» a su relevo por considerar insostenible la situación actual.
El CGPJ también se ha enfrentado al Gobierno por la reforma, impulsada por el PSOE y Unidas Podemos que limita sus funciones y le impide realizar nombramientos cuando su mandato haya caducado. El texto, en el que el CGPJ aseguraba que esa iniciativa «afecta al núcleo esencial de las competencias que la Constitución le atribuye expresamente en garantía de la independencia judicial», fue aprobado por 16 de los 21 miembros del consejo, lo que refleja también la división entre los propios vocales.
Lesmes rechaza dimitir
Debido a esa reforma, si no se procede a un rápido relevo del consejo se prevé que a principios del año 2022 haya medio centenar de vacantes sin cubrir, diez de ellas en el Tribual Supremo y seis en las presidencias de Tribunales Superiores de Justicia de distintas comunidades, lo que compromete el normal funcionamiento de esos órganos.
En medio de esa tensión política, el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, tiene previsto pronunciar una intervención muy critica en su discurso de apertura del año judicial, que contará con la presencia del rey Felipe VI y en la que intervendrá también la fiscala general del Estado, Dolores Delgado, ex ministra de Justicia, que presentará los datos de la Memoria de la Fiscalía correspondientes al año 2020.
El propio Lesmes, que accedió al cargo en la etapa de Gobierno de Mariano Rajoy, ha sido cuestionado por Unidas Podemos y por algunos sectores del PSOE, que consideran que está ejerciendo sus funciones de manera ilegítima y debería presentar su dimisión para acabar con el bloqueo político, forzando así un acuerdo para su relevo ante el peligro de que se produjera un vacío judicial. Una solución que Lesmes rechaza.
Según fuentes judiciales, el discurso de Lesmes será contundente y se dirigirá por igual al PSOE y al PP, evitando cualquier imagen de parcialidad en la batalla política que mantienen los dos principales partidos. El presidente de CGPJ cuenta con el apoyo de los vocales progresistas y conservadores a la hora de exigir una renovación urgente del consejo que se considera imprescindible para impedir que se «debilite» la independencia judicial.
Vox critica el «interés partidista» de los populares y les insta a mantener el actual bloqueo
La secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, instó al PP a mantenerse «firme» en su posición actual sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial y seguir defendiendo que sean los jueces los que elijan a los jueces, aunque lo puso en duda porque «no sabemos qué va a decir mañana» el líder del PP, Pablo Casado. Olona tachó de «vergonzoso» y de «ejercicio de cinismo extremo» que PP y PSOE, que son «los dos partidos que se han repartido en habitaciones oscuras el poder judicial», ahora estén protagonizando «este baile ante los españoles de cambio de posiciones» sobre la renovación del CGPJ.
Olona afirmó que el problema es que el PP se ve afectado por gravísimos procesos penales y que ya ha demostrado no «pocas veces» que su interés no son los españoles, sino que «su interés es particular y partidista». Afirmó que la exportavoz del PP Cayetana Álvarez de Toledo fue cesada por «elevar la voz» y rechazar un acuerdo sobre el CGPJ con el PSOE porque si «cae» el Poder Judicial «caerá en España el auténtico bastión que hoy por hoy está defendiendo a los españoles» y que mantiene su independencia «con no pocas presiones».
El Ejecutivo espera que el PP no busque más excusas para renovar el órgano de gobierno judicial
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, rechazó ayer la propuesta del líder del PP, Pablo Casado, de pactar a partir de este mismo lunes la renovación de un Consejo General del Poder Judicial «despolitizándolo» e instó a los populares a acordar el relevo de acuerdo a la ley actualmente vigente. «Vamos a ver si no encuentran ninguna excusa en estos 1.023 días que llevan, que van por la 1.023 excusa», señaló, en referencia al número de jornadas transcurridas desde que caducó el mandato del actual consejo.
Isabel Rodríguez se refirió también al recurso del exministro de Interior Jorge Fernández Díaz contra su procesamiento por el caso Kitchen, que investiga el presunto espionaje parapolicial al extesorero de los populares Luis Bárcenas, y señaló que es una «evidencia» que el PP «utilizó» las instituciones de forma «partidista».
Una situación insalvable sin que alguno rectifique
El bloqueo político para la renovación del Consejo General del Poder Judicial se alarga y la situación empieza a ser insostenible, no solo por las protestas de los propios jueces, sino por la presión de la Unión Europa para que se proceda al relevo y se despolitice el procedimiento para garantizar la independencia de la Justicia. Pero, pese a la gravedad de la coyuntura, la salida al bloqueo, lejos de vislumbrarse, parece cada vez más complicada. El PSOE y el PP han llegado tan lejos en lo inamovible de sus respectivas posiciones, que cualquier acuerdo pasaría ahora por un paso atrás de alguna de las dos formaciones que sería visto como una derrota política.
A esa endiablada situación se añaden las presiones que reciben ambos partidos por la derecha y por la izquierda. Unidas Podemos, socio del PSOE, rechaza cualquier acuerdo que no pase por pactar un nuevo consejo con las reglas actuales en el que la izquierda tenga mayoría y el partido morado disponga de su propia cuota en el nombramiento de vocales. Y presiona a Pedro Sánchez para que, si el PP no se aviene a esas condiciones, se retome la propuesta presentada por los socios del Gobierno de coalición de reformar la ley para rebajar la mayoría de tres quintos de las Cortes ahora exigida.
En la derecha, el PP recibe también las presiones de Vox para que no ceda, y mantenga el veto a cualquier acuerdo en el que participe Unidas Podemos y que suponga dejar el CGPJ en manos de una mayoría de jueces nombrados por la izquierda.
Aunque ahora se antoja muy complicado, el acuerdo estuvo a punto de cerrarse en dos ocasiones anteriores. En la primera, en el 2018, fue la filtración del nombre del juez Manuel Marchena como futuro presidente del CGPJ, y la filtración de un mensaje del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que presumía de controlar así «la Sala Segunda desde detrás», lo que abortó el pacto. Entonces, Unidas Podemos no estaba en el Gobierno.
En la segunda, en febrero del 2021, ya con el Ejecutivo de coalición, el acuerdo parecía cerrado. Pero el veto del PP a que José Ricardo de Prada, autor de la cita que acreditaba la existencia de una caja B de este partido en una sentencia sobre la Gürtel, y la negativa de Unidas Podemos a retirar ese nombre, dieron al traste con el pacto. Ahora, la situación es mucho más complicada y no se atisba ninguna salida si PSOE o PP no dan un paso atrás.