El curso judicial arranca con la crisis institucional más grave en la democracia

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

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El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, en un acto celebrado en A Coruña.
El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, en un acto celebrado en A Coruña. MARCOS MÍGUEZ

En medio de esa tensión política, el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, tiene previsto pronunciar una intervención muy critica en su discurso de apertura del año judicial, que contará con la presencia del rey Felipe VI

05 sep 2021 . Actualizado a las 09:21 h.

El Tribunal Supremo acogerá mañana el solemne acto de apertura del Año Judicial 2021/2022 en medio de la mayor crisis institucional vivida en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la etapa democrática. El órgano de gobierno de los jueces lleva tres años ejerciendo en funciones ante el bloqueo político en torno a su relevo por la negativa del PP a pactar la nueva composición si el PSOE no margina a Unidas Podemos de cualquier acuerdo y por la exigencia de los populares de modificar el actual modelo de elección para retomar el sistema por el que los propios jueces elegían a doce de los veinte vocales del consejo.

Los socialistas rechazan esas condiciones y exigen al PP que cumpla con lo que consideran una obligación constitucional de acordar una renovación del CGPJ de acuerdo al modelo actualmente vigente. Esa situación de bloqueo ha creado un choque sin precedentes entre el poder legislativo y el judicial. El propio órgano de gobierno de los jueces se ha dirigido al Congreso de los Diputados para exigir que se proceda «sin mayor demora» a su relevo por considerar insostenible la situación actual.

El CGPJ también se ha enfrentado al Gobierno por la reforma, impulsada por el PSOE y Unidas Podemos que limita sus funciones y le impide realizar nombramientos cuando su mandato haya caducado. El texto, en el que el CGPJ aseguraba que esa iniciativa «afecta al núcleo esencial de las competencias que la Constitución le atribuye expresamente en garantía de la independencia judicial», fue aprobado por 16 de los 21 miembros del consejo, lo que refleja también la división entre los propios vocales.