La ministra replica que las centrales nucleares no pueden cerrar aunque quieran las empresas
15 sep 2021 . Actualizado a las 20:10 h.El real decreto ley de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad entra en vigor este jueves, después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Con él empieza a aplicarse una rebaja del impuesto de electricidad, que pasa del 5,11 % al 0,5 %, que reducirá el importe de la factura doméstica en torno a un 4 % (un 13 % con respecto a la anterior al 26 de junio, desde cuando se aplica un IVA reducido del 10 %, en lugar del 21 %). El recibo también bajará por la parte de los costes regulados que se pagan junto con el consumo de electricidad. El Ministerio para la Transición Ecológica ha reducido al mínimo los cargos, con los que se sufragan, por ejemplo, las primas a las renovables o la deuda del sistema eléctrico. Se mantienen igual los peajes, el otro trozo de la tarta de los costes regulados, con los que se abonan los servicios de transporte y distribución de la electricidad. Esos cargos adelgazarán en el recibo doméstico, pero se seguirán pagando con los 3.200 millones que el Gobierno recortará a las eléctricas en sus beneficios extras que están obteniendo estos meses en sus operaciones en el mercado mayorista.
El ministerio calcula que con estas medidas la factura mensual de un hogar medio se abaratará un 22 % hasta final de año. Porque ese es el tiempo en que estará en vigor ese plan de choque para contener la escalada de precios eléctricos, incluida también la rebaja del IVA. Aunque la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, avanzó este miércoles, en una entrevista radiofónica, que si para entonces se mantienen las tensiones de prorrogarán esas medidas o incluso adoptarán otras adicionales.
El gas y el CO2, desbocados
El salvavidas se lanza para amortiguar el impacto que tendrá en hogares y empresas el encarecimiento del mercado mayorista (en febrero alcanzó su mínimo mensual del año, con 28,49 euros y desde entonces se ha encarecido un 250 %), arrastrado por la extraordinaria revalorización de las cotizaciones internacionales del gas natural y de los derechos de emisión de CO2.
Ribera aseguró que «no vemos ninguna conducta sospechosa en el mercado» mayorista de electricidad —sobre el que el Gobierno no actuará, sí sobre la factura que pagan los consumidores— que esté inflando los precios a propósito. Es decir, rechaza las sospechas de manipulación por parte de las empresas para maximizar sus beneficios con la venta de energía. Ribera recordó que todos los países europeos están viviendo precios máximos históricos, y que, por ejemplo, «en el Reino Unido la situación es dramática», donde el megavatio hora se cotiza a 440 euros, frente a los 188 de España.
Ribera: «En el Reino Unido, la situación es dramática»
Aunque la ministra sí reconoció que tecnologías como la hidráulica ofrecen su electricidad a un precio muy superior al de sus costes operativos para obtener una rentabilidad extraordinaria (denominada beneficios caídos del cielo), aclaró que legalmente pueden hacerlo, aunque «no es razonable». De ahí que una de las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros sea retirar parte de esas rentas extra que obtienen para emplearlas en abaratar la factura de la luz de los consumidores. Esa medida afectará a las hidráulicas, pero también a las nucleares. En ambos casos se trata de centrales con costes operativos bajos, pero que cobran la energía de mercado como si fuesen ciclos combinados que necesitan comprar gas natural y derechos de emisión de dióxido de carbono para funcionar.
Ese recorte a los beneficios de las eléctricas le ha sentado como un tiro en el pie al sector. De hecho, la patronal habla de intervencionismo y las empresas eólicas alertan de que generará desconfianza en los inversores y se podría ralentizar la construcción de más parques. Además, las centrales nucleares amenazan con cerrar por falta de rentabilidad. Pero Teresa Ribera avisó de que no pueden hacerlo. No sin autorización previa de Red Eléctrica de España (REE), el operador del sistema eléctrico, que solo daría su visto bueno si la seguridad de suministro de electricidad estuviese garantizada y no lo está si cierra el parque nuclear.
Ribera recordó que el sector eléctrico está «hiperregulado, no es un sector cualquiera» y que las empresas que operan en él deben ceñirse a unas reglas de juego muy marcadas tanto desde REE como del Gobierno o de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
La ministra también negó que el recorte a los beneficios ponga en peligro la rentabilidad de las compañías. «La tienen asegurada», manifestó. Avanzó, además, que había informado del recorte a las empresas ,«dijeron que no les gustaba, que les preocupaba, pero conocen la realidad de los mercados y entienden que la situación es complicada».
