El plan de choque del Gobierno para contener el precio eléctrico desdibuja los tramos horarios de la factura doméstica y la diferencia entre horas punta y valle se reduce a menos de la mitad
17 sep 2021 . Actualizado a las 09:12 h.El Consejo de Ministros aprobó el martes un paquete de medidas de urgencia para abaratar de inmediato la factura de la luz que pagan los consumidores. De momento, de forma temporal, hasta el 31 de diciembre. El objetivo era que pagasen en cada recibo mensual hasta un 30 % menos hasta fin de año, sumando la rebaja del IVA a la electricidad del 21 al 10 % en vigor desde el 26 de junio. El Boletín Oficial del Estado publicó el miércoles el plan de choque, en forma de real decreto ley, con lo cual, entró en vigor este jueves. Y, efectivamente, ha surtido un efecto instantáneo. Las pronunciadas curvas que dibujaban los tramos horarios -sobre todo el punta, con las ocho horas más caras del día- casi se han aplanado de un día para otro y los precios de cada uno de ellos se han aproximado. Tanto que la distancia entre la franja alta de la tabla (la punta) y la más baja (valle) se ha reducido en un abrir y cerrar de ojos en más de la mitad. Así, el miércoles, el precio medio diario de las horas más caras estaba un 40 % por encima que el de las más asequibles; el jueves, la diferencia era de solo un 15 %.
Conclusión: que ya no es tan necesario como hasta ahora estar pendiente del reloj para poner a funcionar la lavadora o el lavavajillas. Aunque no hay que descuidarse, menos cuando se avecina el otoño y, con él, la necesidad de encender la calefacción.
Además de allanarse la curva de precios diarios, el importe del término de energía de la factura (la parte variable de la misma) también se desplomó de forma importante del miércoles al jueves. Al menos el tramo punta, que cayó un 25 %; el llano, un discreto -0,8 %; y, en cambio, el valle se encareció un 7,8 %. Eso ocurrió pese a que el precio del mercado mayorista de electricidad batió este jueves su hasta ahora último récord histórico diario: 188 euros el megavatio hora, frente a los 172 del miércoles, un incremento del 9 %. Pero, pese a esa cruz -que afloja su peso este viernes hasta los 166 euros-, la factura doméstica se derrumbó.
Sin contar con la rebaja fiscal del IVA o del impuesto de electricidad, que pasa hasta fin de año del 5,11 % al 0,5, la causa principal de esa pequeña alegría para los consumidores se llama costes regulados, una especie de impuesto revolucionario aplicado sobre la tarifa eléctrica de todos los consumidores con el que el Gobierno recauda 18.000 millones de euros anuales para pagar gastos del sistema eléctrico de lo más variado. Pues resulta que el plan de choque aprobado el martes libera a los consumidores hasta finales de diciembre de asumir buena parte de esa losa. Tendrán que cargar con ella, en parte y por decreto, las compañías eléctricas, a las que se les descontarán de sus beneficios por la venta de electricidad en el mercado, unos 3.200 millones de euros (2.600 millones hasta el 31 de marzo por las medidas recién aprobadas y 650 millones más de un acuerdo anterior que aún tramita el Congreso).
El Consejo de Ministros lo que ha hecho es reducir hasta su mínima expresión una parte importante de esos costes regulados, los denominados cargos, que este año se diferencian por primera vez de los peajes. Ambos componen los costes regulados.
Cargos y peajes
Los cargos los fija el Ministerio para la Transición Ecológica y son para pagar conceptos como las primas a las renovables -está previsto que estas desaparezcan del recibo, pero todavía siguen ahí-, que cuestan 6.500 millones anuales; o la amortización anual de la deuda del sistema, que el año pasado se llevó 2.700 millones.
Los peajes los determina la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y sufragan los costes de distribución y transporte de electricidad.
Unos y otros se reparten en el recibo eléctrico, en el que conviven con los impuestos y con el coste de la energía consumida por el cliente. Hasta el 1 de junio se distribuían de forma lineal en la factura doméstica; desde entonces se aplican en mayor o menor cuantía según el tramo horario de consumo. Las horas punta son las más caras porque los costes regulados pesan más que en las otras. Y en las valle ocurre lo mismo, pero al revés. En el término de energía que se aplicó el miércoles a los consumidores domésticos, esos costes determinaron el 40 % del precio del tramo punta; el 19 % en el llano; y el 5 % en el valle. Al día siguiente, el cambio fue brutal, pues en el primero, con las horas más caras, bajaron de ese 40 % de la jornada anterior al 14 %; en el llano pasaron a suponer el 11 %; y en el valle, el 2,4 %. Como se ve, el impacto más fuerte de la rebaja de cargos se nota en el tramo punta.
Al mismo tiempo que caía el peso de los costes regulados en la tarifa, aumentaba la influencia en ella del mercado mayorista de electricidad, la referencia que se utiliza para calcular el precio final que paga el consumidor con contrato en el mercado regulado. Los del libre abonan lo que acuerden con su compañía, pero se les aplican también los tramos horarios para calcular los costes regulados, que también deben asumir. Así que los clientes abonarán hasta finales de diciembre menos costes regulados que nunca y más por la electricidad que realmente consumen.
También afecta a la potencia
Cargos y peajes se reparten tanto en el término de energía como en el de potencia contratada. La rebaja aplicada por el Gobierno impactará por tanto en ambas partes del recibo, así como también en los impuestos que se aplican, el IVA y el de electricidad. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, avanzó que si hace falta se prorrogarán las medidas.
La OCU calcula que la factura de un hogar medio se abaratará en septiembre un 28 % y quedará en 72 euros, si se mantiene estable el mercado mayorista (algo improbable). La rebaja de los cargos supondrá 17 euros menos; la casi eliminación del impuesto de electricidad, 3,60; y la bajada del IVA, 7,23 euros.
Teresa Ribera renuncia de momento a implantar una tarifa eléctrica estable como en otros países
El sector eléctrico está hiperregulado. Producción, distribución y comercialización de electricidad deben regirse por unas normas estrictas diseñadas desde el Ejecutivo y supervisadas por el operador del sistema eléctrica, Red Eléctrica de España, y por el regulador, la CNMC. En comercialización, la intervención es más importante en el denominado mercado regulado, que hace honor a su nombre. En él hay unos once millones de consumidores, que, desde el 2014, por decisión del Gobierno, pagan la electricidad directamente a precio de mercado, polémico estos meses porque está en máximos históricos (desde el 2004, cuando se creó esa referencia), pero es el más bajo posible. En el mercado libre, con quince millones de clientes, la tarifa también lo es, pero el espejo en que se miran las compañías para diseñar sus ofertas es ese mismo mercado, aunque proliferan los contratos a precio fijo, no variable como el que se aplica en el regulado.
Una de las medidas posibles que avanzó Teresa Ribera a finales de agosto en el Congreso para proteger a los consumidores de los máximos históricos de la electricidad al por mayor fue la implantación, de nuevo, de un precio regulado estable, no vinculado directamente a los vaivenes horarios de la referencia mayorista. Lo hubo ya, hasta el 2014, y se fijaba a partir de unas subastas trimestrales. La electricidad era algo más cara que la de mercado porque se aplicaba al precio una especie de prima de riesgo por si en los tres meses de vigencia ocurría algún imprevisto.
Pero pasó el Consejo de Ministros y el plan de choque con medidas para abaratar la factura y proteger a los consumidores no incluye modificar la referencia que fija el precio regulado, que seguirá siendo el mercado al por mayor. De hecho, con la rebaja de costes regulados aprobada, influye más que nunca.
Ribera parece haber renunciado, de momento, a desvincular la tarifa eléctrica de esa referencia tan volátil. La ministra ya mostró sus dudas sobre la conveniencia de optar por una factura estable porque los consumidores acabarían pagando más, sobre todo en estos momentos, cuando los futuros de la electricidad no auguran nada bueno al menos hasta la próxima primavera. La culpa la tienen el gas natural y el CO2.
