Las comunidades se dividen en tres frentes por la financiación autonómica

El Ministerio de Hacienda quiere presentar en las próximas semanas un borrador para iniciar la renovación del sistema de financiación autonómico, cuya última reforma firmó Rodríguez Zapatero, en el 2009, con una vigencia prevista de seis años. Esta demora ha llevado hasta el límite las costuras de un modelo agotado que ya no satisface a nadie y que ha tenido que soportar dos crisis de impacto como la financiera primero y la sanitaria después, dejando enormes desigualdades entre las comunidades. Unas brechas a las que también contribuyeron decisivamente los criterios de gestión.

El reto, de alta complejidad, está manos de la ministra María Jesús Montero, que ayer en el Congreso quiso tomar un atajo para aliviar el problema que se le viene encima. Los presidentes autonómicos, también el de Galicia, llevan tiempo posicionándose sobre los factores que más deben pesar en el nuevo reparto ordinario de fondos hacia las cajas autonómicas. Y lógicamente cada uno barre para su casa, tratando de sugerir los criterios que más recursos les reportan. Y ante tal disparidad de propuestas, la titular de Hacienda ha querido tomar un atajo político, conminando a los dos partidos «generalistas» -pidió permiso para referirse así al PSOE y al PP- a organizarse internamente y entre ambas formaciones para acercar posiciones. El objetivo sería suavizar las posturas de los presidentes y facilitar un equilibrio que, ya adelantó, no dejará a nadie a satisfecho, y en el que además hay que buscar acomodo a Cataluña, que ya tuvo un trato preferencial en el 2009.

El problema de disparidad territorial no es menor, y Montero lo tiene calado. La propia ministra se ha atrevido a identificar los tres bloques de comunidades con distintas preferencias a la hora de financiarse, con la peculiaridad de que los frentes no atienden a los colores partidistas. Así, incluye en el mismo grupo de intereses a Galicia (PP), Asturias (PSOE), Cantabria (Partido Regionalista), La Rioja (PSOE), Castilla y León (PP), Extremadura (PSOE), Castilla-La Mancha (PSOE) y Aragón (PSOE). Son las comunidades más preocupadas por el declive demográfico y el retroceso poblacional de determinadas zonas; el envejecimiento generalizado, que aumenta los costes sanitarios y de las políticas sociales; y la dispersión geográfica, que dispara y dificulta el mantenimiento de los servicios. De ahí que reclamen que la percepción de fondos cubra el coste real del gasto, más elevado. Ya ha habido contactos entre ellos.

Por otro lado están Andalucía (PP), Murcia (PP) y la Comunidad Valenciana (PSOE), el frente del sur y del Levante, que piden corregir su supuesta infrafinanciación histórica y exigen un nuevo consenso en torno a los criterios de reparto por población ajustada, esto es, una ponderación distinta para calcular las peculiaridades del coste por habitante, y también por el impacto de población flotante.

Y, por último, comparten frente Madrid (PP), Cataluña (Esquerra y Junts) y Baleares (PSOE), sobre el papel las tres comunidades más perjudicadas por el actual sistema de financiación, ya que reciben de media un 17 % menos de lo que aportan, según un estudio del Instituto de Economía de Barcelona. Su objetivo sería retener más fondos generados inicialmente en sus territorios, y no tendrían reparos en acceder a un reparto más simple, por habitante, en la medida en que las tres están ganando población.

Los presidentes ya se están moviendo. Este martes se reunieron el valenciano y el andaluz, con muchos puntos coincidentes. Moreno también quiere encontrarse con Feijoo, Ayuso y Mañueco en las próximas semanas, y las comunidades del grupo en el que se encaja Galicia ya tienen cita prevista en octubre para abordar la financiación y todas sus derivadas.

El retraso en la renovación del modelo de financiación ha permitido que las comunidades lleven años definiendo sus prioridades y que, con matices, distintos territorios hayan decidido presionar en torno a tres o cuatro ideas esenciales para no salir mal parados en los futuros repartos ordinarios.

Galicia, pese a ser una de las comunidades que más se beneficia al analizar lo que aporta y lo que recibe, considera que se trata de un sistema insuficiente, por lo que se suma a la petición de un nuevo sistema que tienda a la nivelación total, a través de un gran fondo que garantice que todos los españoles sean financiados por igual. La clave, aseguran desde la Consellería de Facenda, es que se tenga en cuenta el gasto real en sanidad, educación y servicios sociales. Se refiere el Gobierno gallego a la gran diferencia que supone para los servicios de salud soportar el coste sanitario de una población mayor; o el gasto que se genera en materia de infraestructuras al contar con tantas localidades de población como el resto de España; o en aspectos como el transporte escolar, encarecido por la dispersión, que es junto al envejecimiento los dos factores básicos que quieren que se tengan muy presentes.

El departamento de Facenda deberá seguir avanzando con los presupuestos autonómicos, que llegarán al Parlamento de Galicia dentro de un mes, sin contar con el ingreso que le debe el Estado por una mensualidad del IVA que no se abonó. Son 211 millones de euros que el Gobierno gallego tuvo que reclamar por la vía judicial, obteniendo el respaldo del Supremo. Montero se refirió ayer en el Congreso a este pago, que finalmente se hará en conjunto a todas las comunidades. «El Gobierno ha tomado la decisión de incluir en los Presupuestos una partida para comunidades que recibirán en torno a 3.100 millones de euros por este concepto que incorpora el capital, pero también los intereses», afirmó la ministra de Hacienda, que vuelve a vincular el pago a la aprobación de las cuentas, como ya hizo -sin éxito- hace dos años.

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