El Gobierno propone subir el salario de los funcionarios un 2% para el 2022

Ana Balseiro
ANA BALSEIRO MADRID / LA VOZ

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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero CATI CLADERA | EFE

El alza dobla el aumento de este ejercicio, pero los sindicatos denuncian que, con la inflación desbocada, es insuficiente para frenar la pérdida del poder adquisitivo

05 oct 2021 . Actualizado a las 20:55 h.

Choque entre el Gobierno y los sindicatos a cuenta de la revisión salarial de los más de 3,4 millones de empleados públicos para el próximo año. En la reunión de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, celebrada este martes para abordar la subida que se incluirá en los inminentes Presupuestos Generales del Estado (PGE), el Ejecutivo puso sobre la mesa un alza retributiva del 2 %. La cuantía mejora sustancialmente la revalorización que se le aplicó al colectivo en este 2021, idéntica a la de los pensionistas. De hecho, supone más del doble del 0,9 % de la última subida. Pero, en un contexto de inflación desbocada (según los datos provisionales de septiembre, el IPC ha escalado hasta el 4 %), resulta insuficiente para evitar la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos.

Así lo consideran los sindicatos, convocados ayer por el Gobierno, junto a las comunidades autónomas. Rechazan frontalmente un alza que, como señaló UGT, «ahonda en la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos», y que «no está a la altura de la dedicación» que el sector público ha mostrado durante la pandemia. En idéntico sentido, desde CC.OO. criticaron la postura del Ejecutivo, al que acusan de ignorar sus reivindicaciones de «volver al camino de la recuperación del poder adquisitivo» del colectivo.

Críticas a la falta de negociación

De hecho, Comisiones Obreras ni acudió a la reunión, por considerarla una farsa: su convocatoria urgente «y sin ninguna documentación» revela que el Gobierno «entiende la negociación como un mero trámite, preceptivo por ley, justo antes de la aprobación del proyecto de ley de PGE». El sindicato lo ve como un «desaire» a la negociación colectiva en las Administraciones públicas, «inadmisible» en una sociedad democrática.