Hasta 136 países de la OCDE acuerdan un marco fiscal mínimo para las grandes empresas

La Voz REDACCIÓN / LA VOZ

ACTUALIDAD

IAN LANGSDONPOOL

La Comisión Europea celebra el «momento histórico» tras superar las reservas de Irlanda, Hungría y Estonia

09 oct 2021 . Actualizado a las 09:12 h.

No ha sido un acuerdo unánime, pero lo suficientemente masivo para conseguir que las grandes multinacionales paguen más. Hasta 136 países de los 140 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) -engloban el 90 % del PIB mundial- se han adherido al plan para fijar un suelo global del 15 % al impuesto de sociedades, poniendo fin a una carrera fiscal a la baja que se ha extendido más de dos décadas.

«Este es un momento histórico. Es un gran paso adelante para hacer nuestro sistema fiscal global más justo [...] Porque pedirle a las grandes compañías que paguen la parque justa de impuestos no es solo una cuestión de finanzas públicas, es sobre todo una cuestión de justicia básica», celebró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La alemana aseguró en un comunicado que vigilarán el cumplimiento del compromiso adquirido por todos los socios europeos, incluidos aquellos que se resistieron hasta el último minuto: Irlanda, Hungría y Estonia. El primero aplica un tipo del 12,5 %. El país magiar un 9 % y el báltico un 20 %. Sin contar, por supuesto, con las exenciones y deducciones que se aplican después de impuestos para adelgazar la factura final de las empresas radicadas en sus territorios. Solo cuatro países decidieron rechazar el pacto: Pakistán, Nigeria, Kenia y Sri Lanka. 

«El acuerdo hará que las disposiciones fiscales internacionales sean más justas y funcionen mejor. Esta es una gran victoria para un multilateralismo eficaz y equilibrado», afirmó el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann.

Un centenar de empresas afectadas

¿Será eficaz el pacto? Hay dudas al respecto, porque muchos Estados conservan cierto control sobre jurisdicciones consideradas paraísos fiscales. Según los cálculos del organismo, la medida apenas permitirá redistribuir en todo el globo unos 108.000 millones de euros anuales procedentes de los beneficios que obtienen un centenar de multinacionales y empresas muy rentables y generar 129.735 millones de euros más al año en ingresos (solo entre Google, Amazon, Facebook y Apple se embolsaron 103.000 millones de euros en beneficios el pasado año). 

El marco fiscal internacional se apoyará sobre dos pilares. El primer pilar, según recoge Europa Press, pretende redistribuir de forma más eficaz los ingresos entre Estados. Afectará a las multinacionales con ingresos globales superiores a los 20.000 millones de euros y una rentabilidad por encima del 10 %, excluyendo las empresas extractivas (petroleras o mineras) y las de servicios financieros regulados. El marco fiscal asignará un volumen de ingresos a las jurisdicciones donde se consuman los bienes o servicios vendidos. Posteriormente, los beneficios en exceso de ese 10 % de rentabilidad (hasta un 25 % máximo) se asignarán a las jurisdicciones a través del reparto de ingresos con el objetivo de ser gravados por las agencias tributarias.

El segundo pilar abarcará a las empresas que facturen 750 millones de euros o más a nivel internacional. Se les impondrá un impuesto mínimo de sociedades del 15 % en todas las jurisdicciones adheridas al acuerdo.

Según los cálculos de la OCDE, el pilar uno del paquete reubicará 108.112 millones de euros de beneficios procedentes de las 100 mayores multinacionales del mundo. Este cálculo supera en 21.622 millones de euros las estimaciones del mes de julio.

En marcha en el 2023

Este acuerdo será discutido en la cumbre del G20 de Roma, los próximos 30 y 31 de octubre, donde se estudiarán los próximos pasos a dar para que lo pactado pueda aplicarse desde 2023.

España ya lo aplicará desde el 1 de enero del 2022. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) incorporan este suelo mínimo del 15 %. Su alcance recaudatorio será muy limitado. Hacienda calcula que aportará tan solo 400 millones adicionales procedentes de 1.070 grandes empresas, lejos de los 8.000 millones que llegó a calcular Podemos. Esa cuantía apenas serviría para poder sufragar partidas como el bono alquiler para jóvenes de entre 18 y 35 años, que percibirán ayudas mensuales de 250 euros para acceder a una vivienda.