El Gobierno les dará de media 90 euros para los gastos de calefacción este invierno
26 oct 2021 . Actualizado a las 19:38 h.El Gobierno ha aprobado el tercer real decreto ley en cuatro meses para salir en auxilio de los consumidores de electricidad ante la fuerte espiral alcista de los precios en el mercado mayorista, que impactan directa o indirectamente en la factura de la luz final, tanto de hogares como de pymes e industrias. Con los dos primeros actuó sobre la losa fiscal que penaliza el recibo eléctrico. Así, en junio rebajó el IVA, que pasó del 21 al 10 %; y en septiembre, el impuesto especial de electricidad, que adelgazó del 5,11 al 0,5 %. También entonces asestó un fuerte recorte a una parte importante de los costes regulados que se pagan en la factura. Todas esas medidas, en conjunto, se tradujeron en una rebaja en el recibo doméstico del 30 %, según cálculos del Ministerio para la Transición Ecológica. Pero esas medidas no son suficientes. Las previsiones que hizo el Gobierno «han quedado desfasadas, no sabemos cuánto tiempo ni con qué intensidad va a durar esta situación [de escalada de precios de la electricidad], lo que nos obliga a revisar las medidas adoptadas y adaptarlas a las nuevas circunstancias», reconoció la ministra Teresa Ribera hace solo diez días en el Congreso.
Así anticipó Ribera el nacimiento del tercer real decreto, aprobado este martes en el Consejo de Ministros. Con él, los esfuerzos económicos —que la ministra no cuantificó— se concentran en las familias más vulnerables, en aquellas con rentas más bajas que tienen derecho a percibir el bono social eléctrico. Ese mecanismo, que, en realidad, financian todas las comercializadoras de electricidad, proporciona descuentos en la factura que van del 25 al 40 %. Pero, «dada la espiral de precios», en palabras de Ribera, que se mantendrá, previsiblemente, hasta la primavera próxima, esas rebajas se incrementarán temporalmente (hasta el 31 de marzo) hasta un 60 y un 70 %.
Según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en España hay casi 1,2 millones de hogares con bono social. En función de la renta, la mitad están considerados consumidores vulnerables, que pagan el 75 % del recibo hasta un límite de consumo eléctrico; y la otra mitad vulnerables severos, un 60 %. A partir de la entrada en vigor del real decreto —previsiblemente este mismo jueves— abonarán solo el 40 y el 30 %, respectivamente.
Desde hace tres años, los perceptores del bono eléctrico reciben también un cheque para pagar los gastos de calefacción, cocina y agua caliente sanitaria. Se le denomina bono térmico. Es una ayuda directa de entre 25 y 124 euros por hogar en función de la zona climática en la que se encuentre. El Gobierno ha aumentado la dotación de este mecanismo, que pasa de 100 a 202 millones, dinero que será transferido a las comunidades.
Ribera estimó que cada familia recibirá de media un pago único de 90 euros a partir de diciembre.
Además, el Gobierno también ha acordado obligar a las eléctricas a comunicar «de forma comprensible» con un mes de antelación a sus clientes cualquier cambio en las tarifas eléctricas y de gas contratadas. En aras de «eliminar malas prácticas en los cambios de tarifas», según Ribera.
No habrá recorte de beneficios para contratos a precio fijo con la industria
El real decreto de 14 de septiembre desató las iras de las empresas generadoras de energía eléctrica. Porque el recorte de los costes regulados aprobado para que los consumidores pagaran menos en la factura se acometía a cambio de arañar parte de los beneficios que obtienen las empresas con la venta de electricidad en el mercado mayorista. Este está en máximos históricos porque el gas natural está por las nubes y resulta que las tecnologías más caras son las que fijan el precio final que cobrarán todas las demás, usen o no el gas. Ribera acordó minorar temporalmente parte de esos beneficios extra para recaudar 2.600 millones hasta el 31 de marzo.
Si hay recortes, dijeron Iberdrola, Endesa y Naturgy, tendremos que subir los precios a nuestros clientes industriales, que lanzaron una bengala de auxilio. La amenaza ha surtido efecto pues Ribera ha suavizado esa minoración. No se aplicará a los contratos de suministro a plazo a precio fijo pactado antes del real decreto de marras o a los suscritos con posterioridad si la duración es de un año.
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, fue el más beligerante públicamente con el Gobierno. Hace unos días lo instó a retirar esa minoración a cambio de que la compañía mantuviese los contratos de suministro a sus clientes industriales sin subirles los precios.
A preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Ribera sugirió a Galán que «cada cual hable de lo que conoce, más que dar lecciones a los demás». En un tono crítico, la ministra se refería a esa propuesta al indicar que «confía» en que «los que se han comprometido a mantener los contratos en los términos en los que se firmaron cumplan con su palabra».