Bruselas recibe la solicitud de España para desembolsar 10.000 millones

La Voz REDACCIÓN / LA VOZ

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ANTONIO PEDRO SANTOS / POOL

La Comisión tiene dos meses para valorar si el país ha cumplido con los 52 hitos exigidos

12 nov 2021 . Actualizado a las 16:19 h.

Las autoridades europeas ya han recibido oficialmente la petición del Gobierno español para desembolsar los 10.000 millones de euros correspondientes al primer tramo de su plan de inversiones y reformas, tras el anticipo de 9.000 millones enviado en el mes de agosto en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del Next Generation EU

La solicitud, que llega con unos dos meses de retraso, será examinada en los cuarteles de la Comisión Europea. Sus expertos deberán pasar revista al cumplimiento efectivo de los 52 hitos que condicionan el desembolso de estas ayudas. Y tendrán hasta dos meses para hacerlo. Sin una decisión en firme, el Gobierno no podrá empezar a ejecutar los fondos. 

Se trata del primer paso en un calendario trufado de fechas e hitos en los que el país deberá ir progresando, al tiempo que rinde cuentas cada tres meses ante el Ejecutivo comunitario, para poder ir desbloqueando las siguientes partidas financieras con las que España espera sufragar la recuperación y transformación de la economía. Hasta el año 2026, el país tendrá a su disposición hasta 69.500 millones de euros a fondo perdido, que se destinarán a proyectos para la mejora de la eficiencia energética, digitalización de empresas y pymes, el desarrollo de industrias menos contaminantes y más competitivas y para apoyar el proceso de reformas estructurales que acompañarán al plan. 

Esta misma semana, el Ejecutivo español publicó los detalles de las condiciones pactadas para el envío de las ayudas. En el documento, rubricado por el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el Gobierno se compromete a extender los años para el cálculo de las pensiones -que podría traducirse en muchos casos en un recorte encubierto-. El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, negó que eso fuera cierto, a pesar de que el contrato menciona explícitamente tal extensión, algo que «alguien debió de poner ahí», explicó en una entrevista televisada. 

El documento también recoge otras reformas inmediatas que España deberá aprobar antes de poder recibir nuevas partidas. De este modo, antes del 30 de junio del 2022, el Ejecutivo deberá poner en marcha el sistema de peaje en carreteras -primero con el modelo de viñeta y después el pago por kilómetro-, y decidir qué hace con las actuales bonificaciones al diésel -Bruselas siempre ha señalado la baja fiscalidad medioambiental en España-.