Subir a 35 años el período de cómputo bajaría la pensión casi un 9 % de media

Ana Balseiro
ana balseiro MADRID / LA VOZ

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Una pareja de jubilados paseando en Ourense
Una pareja de jubilados paseando en Ourense Santi M. Amil

Mujeres y autónomos resultarían aún más perjudicados, según los expertos

12 nov 2021 . Actualizado a las 09:33 h.

No se despeja la confusión en torno a la subida del período de cómputo de las pensiones que el Gobierno acometerá el próximo año, según el documento firmado con Bruselas a cambio de la llegada de los fondos europeos pospandemia. Y es que aunque el texto recoge explícitamente que antes de que finalice el 2022 dicha ampliación deberá estar en vigor —eso sí, no se especifica de cuánto años será el incremento—, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, aseguró ayer que no se llevará a cabo con la intención de contener el gasto en pensiones, sino de hacer el sistema «más equitativo», mejorando la situación de los trabajadores que —especialmente tras las últimas crisis— tienen lagunas de cotización, de modo que sus últimos años de carrera laboral «no les favorecen» para el cálculo de la jubilación.

Aunque Escrivá negó la mayor, es decir, un futuro recorte de las pensiones, lo cierto es que hace casi un año su departamento puso negro sobre blanco que, de prolongarse a 35 años tal plazo (diez más que los 25 que se aplicarán el próximo año, cuando la reforma del 2011 despliegue todos sus efectos) el impacto medio en las nuevas pensiones del sistema será una rebaja del 6,3 %.

El citado documento, que sin embargo nunca llegó a estar formalmente en la mesa del diálogo social que negociaba entonces el primer bloque de la reforma de las pensiones, matizaba que aunque esa podía ser la «reducción media de la pensión inicial», su impacto no sería «uniforme, y depende de las características concretas de cada carrera de cotización». «Igualmente, se procederá a revisar el procedimiento de integración de lagunas de cotización, para atender a la realidad de unas trayectorias laborales cada vez más fragmentadas, especialmente asociadas a la temporalidad, que perjudica de manera muy señalada a los jóvenes, así como a las mujeres, que experimentan en media más interrupciones en su vida laboral», proseguía el texto.

Pero otros cálculos, como el llevado a cabo hace un tiempo por el grupo de investigación en pensiones y protección social, que agrupa a expertos de las universidades de Valencia y Extremadura, como Enrique Devesa, aún elevan más el recorte que supondría la extensión a 35 años. De media, lo sitúan en el 8,8 %, aunque la casuística particular puede dispararlo bastante más.

«Saldrían más perjudicados los trabajadores que hayan cotizado pocos años, así como las mujeres y los autónomos», explica Devesa, poniendo el acento en la agudización de la brecha de género, ya que la pensión inicial de ellas disminuiría un 30 % más que la de los varones.

El recorte, en el caso de los autónomos, rebasaría también el 10 %, y se dispararía hasta casi el 15 % en las carreras cortas, es decir de menos de 31 años cotizados, frente a las largas, en las que la penalización caería a la mitad (el 7,5 %).

Un tajo del 4 % si sube a 30 años

Las simulaciones del grupo de expertos también arrojan una caída de la pensión del 3,9 % aproximadamente en el caso de que el período de cómputo se amplíe a 30 años.

En que el efecto será una rebaja de las prestaciones también coincide José Antonio Herce, socio fundador de la consultora LoRIS (Longevity and Retirement Income Solutions). Cree que el 6,3 % de rebaja media estimada inicialmente por el Ministerio de Seguridad Social será «la mínima». Defiende la extensión del período de cómputo en el cálculo de la base reguladora en aras de la «sostenibilidad del sistema» y, a diferencia de lo señalado por Escrivá —aunque no aparezca en el compromiso firmado con Bruselas—, ve «contraproducente» la posibilidad de elegir los mejores años de cotización para paliar el efecto negativo en la pensión.

Los cálculos del grupo de investigación de Devesa concluyen que, de cubrir las lagunas de cotización permitiendo elegir los 25 mejores años dentro de los últimos 35, «alejarían al sistema de la mayor contributividad que generaría la simple ampliación a 35 años del período de cómputo de la base reguladora». ¿El motivo? Que en lugar de rebajarse la prestación, subiría de media un 6,5 %. Y, de nuevo, con riesgo de discriminación indirecta por razón de género, ya que las mujeres aumentarían su pensión inicial un 6,05 %, frente al 6,86 % de los hombres

Elegir los 25 mejores años de cotización elevaría un 6,5 % la jubilación media

El ministro Escrivá ha insistido en que el objetivo de ampliar el período de cómputo para calcular la pensión no pretende rebajar el gasto, sino adecuar las prestaciones a las nuevas carreras laborales. En este sentido, subrayó la necesidad de introducir mecanismos correctores para que no se vean penalizados los trabajadores con lagunas de cotización (algo muy habitual en el caso de las mujeres con la maternidad) o los que han visto truncada anticipadamente su vida profesional por la crisis.

«No siempre los últimos años de cotización son los mejores», defendió ayer Escrivá, asegurando que los mecanismos para «modernizar el sistema y hacerlo más equitativo» se abordarán con los agentes sociales en la mesa de negociación durante los próximos meses, al igual que otros hitos de la reforma de las pensiones comprometida con la Comisión Europea, como los tramos para la cotización por ingresos reales de los autónomos o el destope de las bases máximas.

Los cálculos realizados por el grupo de investigación del que forma parte Enrique Devesa efectivamente confirman que, de aplicarse como mecanismo corrector que, por ejemplo, los trabajadores elijan los 25 mejores años de cotización dentro de los últimos 35 años trabajados, cambiaría el signo del ajuste. En concreto, en lugar de rebajarse la pensión un 8,8 % de media, subiría un 6,5 %.

En cualquier caso, para saber cómo se concretará finalmente aún habrá que esperar, porque desde el Ministerio de Seguridad Social insisten en que se abordará durante la negociación del segundo bloque de la reforma, el próximo año.

Los sindicatos piden al Gobierno que no complique la negociación

«La capacidad del Gobierno para complicar la negociación no tiene límites». Así de contundentes se mostraron ayer los sindicatos UGT y CC.OO. en un comunicado emitido tras la polémica por la ampliación del período de cómputo de las pensiones. En ese sentido, las organizaciones reclaman al Ejecutivo que no complique más las ya delicadas negociaciones que mantienen en el seno del diálogo social.

Advierten también que no admitirán ninguna medida que implique un recorte en las pensiones, algo que, aseguran, pasaría al ampliar el período de cálculo de las prestaciones.

En la nota conjunta, critican duramente la política de comunicación seguida en estos mensajes sobre cuestiones «sensibles» como este aumento del período de cálculo de la pensiones hasta los 35 años.

En contra de cualquier recorte

«No compartimos la necesidad de un ajuste del gasto en pensiones mediante la ampliación del período de cálculo a 35 años», aseguran UGT y CC.OO., al tiempo que piden evaluar primero los efectos de los sucesivos acuerdos alcanzados en el 2011 y en este 2021.

Para los sindicatos, ahora la prioridad es acordar el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), la cotización por ingresos reales del trabajo autónomo, la cotización de becarios, la equiparación de las pensiones de viudedad de parejas de hecho o la mejora de la protección por enfermedad de fijos discontinuos en el campo o la de cuidadores de personas dependientes.

En una segunda fase de negociación, añaden, los sindicatos tendrán como prioridades abordar bases máximas, pensiones mínimas, entre otras medidas para mejorar la cobertura o reducir la brecha en materia de pensiones.

«Vía muerta», según UGT

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, subrayó el rechazo a una hipotética ampliación del período de cálculo y la califica de «vía muerta», porque no tiene posibilidades de progresar. Con lo que hay ahora en la negociación «ya se cumpliría con Europa», defendió, para añadir que «no entraremos en nuevos recortes de la pensión».

En declaraciones a los medios, el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CC.OO., Carlos Bravo, también pidió al Gobierno que no irrumpa con anuncios y se centre en un proceso de diálogo social «que está en una fase delicada y compleja», tanto en materia de reforma laboral como de pensiones.