El Gobierno elude valorar las propuestas del G8 autonómico, pero reconoce que «suman»
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Hacienda dice que el objetivo es un «consenso más amplio»
25 nov 2021 . Actualizado a las 09:51 h.El Gobierno de España se maneja con mucha prudencia al valorar la iniciativa de ocho presidentes de comunidades autónomas (Galicia, Asturias, Castilla y León, Cantabria, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura), que el martes firmaron en Santiago una declaración institucional con 35 puntos. En ella se incluyen algunas medidas concretas que, a juicio de los firmantes, deberían tenerse en cuenta en el inminente diseño del nuevo sistema de financiación. Pese a que el anfitrión del foro fue el popular Alberto Núñez Feijoo, ese tiento tiene mucho que ver con la rubrica de cinco presidentes socialistas, que anteriormente —el 5 de noviembre— adelantaron en Ferraz parte de los contenidos que se iban a plasmar. Solo dos líderes territoriales del PSOE —Valencia y Baleares—, se han mantenido al margen.
Desde el Ministerio de Hacienda, responsable de presentar el nuevo modelo de reparto de fondos a las comunidades, eludieron un día después valorar las propuestas concretas incluidas en el documento, como un mayor peso en la ponderación en las áreas afectadas por la despoblación, el aislamiento, la orografía o la dispersión, ni aquellas relacionadas con el envejecimiento, que repercute en el gasto sanitario y social. Pero reconocen que la declaración de Santiago «suma» en un debate «complejo» en el que todas las partes tendrán que hacer un esfuerzo por acercar sensibilidades para lograr un «consenso más amplio».
En Galicia, el delegado del Gobierno, José Miñones, incidió en esta misma idea, felicitando a los participantes por abrir vías de un diálogo que considera «positivo», pero insistió en que queda trecho por avanzar: «El Gobierno ya dijo en muchas ocasiones que lo que se busca es que haya un documento común entre todos y, a partir de ahí, empezar a trabajar».
Ayuso: lengua y Guardia Civil
La presidenta de la Comunidad de Madrid terció 24 horas después en el planteamiento de los ocho presidentes, dos de su partido (Galicia y Castilla y León, del PP). Isabel Díaz Ayuso aseguró a través de las redes sociales que «la España vaciada no tendrá oportunidades expulsando a los españoles de su tierra por motivos lingüísticos; si todas las comunidades autónomas no bajan sus impuestos y ayudan a sus empresas; sin planes de natalidad; y expulsando a la Guardia Civil y otras instituciones». Paradójicamente, en el encuentro de Compostela no se hizo mención a los márgenes fiscales que tienen las comunidades, ni se planteó ninguna cuestión relativa a competencias o a las fuerzas de seguridad, aunque sí salieron a colación medidas de conciliación, y tan solo hubo un comentario del asturiano Adrián Barbón sobre el «profundo respeto» de la Xunta por el «patrimonio inmaterial que es vuestra lengua», algo que desde Asturias se ve «con muchísima normalidad».
Hubo más reacciones entre los presidentes que no salieron en la foto del Obradoiro. El catalán Pere Aragonès (ERC) y la balear Francina Armengol (PSOE) coincidieron en un acto en Palma, donde el primero reivindicó que el Govern pueda asumir «toda la responsabilidad fiscal», y la socialista subrayó que «si otras comunidades piden más recursos por la disminución de su población, pasa todo lo contrario con Baleares, que debe dar servicios y prestaciones a una gran población flotante».