Bruselas da su visto bueno al desembolso de 10.000 millones a España

Cristina Porteiro
C. Porteiro REDACCIÓN / LA VOZ

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DPA vía Europa Press

El Gobierno se ha comprometido a extender el período de cálculo de las pensiones antes del 2023

03 dic 2021 . Actualizado a las 20:39 h.

Ha pasado medio año desde que la Comisión Europea aprobó el plan de inversiones y reformas de España. Seis largos meses en los que el Gobierno español ha tenido que trabajar contra reloj para cumplir con los 52 hitos pactados y conseguir desbloquear el primer tramo de 10.000 millones de euros en ayudas procedentes del Next Generation EU -reserva 69.500 millones en subvenciones-.

La luz verde de Bruselas llegó este viernes, a media tarde: «Bajo nuestro punto de vista, el primer país —y ese es España— está listo para recibir un pago. Así que tan pronto como esto lo aprueben los Estados miembros, recibirá 10.000 millones de euros [...] Han hecho un buen progreso. Y más está por venir», celebró la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. También su vicepresidente, Valdis Dombrovskis, felicitó a España por ser el alumno aventajado.

Otra cosa es que el dinero llegue a tiempo. Esos 10.000 millones de euros —que se suman a los 9.000 millones que llegaron como prefinanciación en el mes de agosto— estaban presupuestados para este año, pero apenas quedan 28 días para tomar las uvas y todavía queda conseguir la autorización del Comité Económico y Financiero, en el que participan altos funcionarios de los Veintisiete. Tendrán un máximo de dos semanas para deliberar, así que es probable que el dinero empiece a fluir a los proyectos a partir del 2022.

Cómputo para la jubilación

La solicitud de España para acceder a este cheque fue enviada el pasado 11 de noviembre. Bruselas justifica la celeridad con la que se ha tramitado a que «la mayor parte de los hitos vinculados a la petición del primer pago ya habían sido alcanzados a finales del segundo trimestre de este año». De hecho, lo más problemático todavía está por llegar.

En los documentos de evaluación, la Comisión señala que el Gobierno español, en contra de lo que sostuvo recientemente el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, se ha comprometido a recortar las pensiones por la puerta de atrás. Antes del 2023 «entrará en vigor la ley para el ajuste del período de cómputo de las pensiones». ¿De qué forma? Según consta en el documento, «extendiendo el período de cómputo para el cálculo de las pensiones de jubilación». Esta medida penalizaría a la mayor parte de los trabajadores, porque en los primeros años de carrera los salarios y cotizaciones son menores.

Según defendió Escrivá tras enviar los planes operativos a Bruselas el mes pasado, «alguien» debió de poner esa palabra (extender) ahí, pero lo cierto es que el término volvió a aparecer este viernes en el examen de evaluación de la Comisión. A partir del 2022 se tendrán en cuenta los 25 últimos años de cotización para calcular la pensión, pero este período sufrirá nuevas modificaciones.

Antes del 30 de junio del 2022 también deberá estar listo el nuevo sistema de cotización de los autónomos. El Gobierno deberá incrementar de forma «gradual» la base de cotización en función de los ingresos reales.

Tasas y peajes

Entre otras medidas que también cuentan con el aval de la Comisión está la elaboración de un estudio para determinar, antes de que termine el mes de marzo del 2022, el futuro del impuesto de matriculación y el despliegue del sistema de pago por uso de la red de carreteras. De hecho, el mecanismo de peajes en toda la red de autovías del país deberá estar operativo a partir de junio, antes de la operación salida.

Mecanismo gallego antifraude

A la espera de que empiecen a fluir las ayudas de 10.000 millones de euros, el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, anunció este viernes que la Xunta aprobará la semana que viene el Plan Xeral de prevención de riscos para la ejecución de las ayudas del Next Generation EU.

Se trata de un mecanismo de prevención, detección y eliminación del fraude que incluye procedimientos de chequeo y vigilancia con el fin de garantizar un buen uso del dinero que vaya canalizando la Unión Europea, como reclama Bruselas.

Su aplicación será obligatoria en todas las consellerías, centros directivos y entidades del sector público implicados en la ejecución de las ayudas.