La justicia europea abre la puerta a reclamaciones multimillonarias al Estado por el impuesto de plusvalía

Cristina Porteiro
C. Porteiro REDACCIÓN / LA VOZ

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CARMELA QUEIJEIRO

El abogado general del TJUE echa por tierra los plazos de prescripción y las limitaciones al exigir indemnizaciones en España

10 dic 2021 . Actualizado a las 13:00 h.

Solo han pasado 44 días desde que el Tribunal Constitucional levantó polvareda con su sentencia sobre el impuesto municipal a la plusvalía -grava el incremento del valor de los terrenos urbanos-. No tanto por anular su método de cálculo, obsoleto y abusivo, sino por limitar a los afectados su derecho a reclamar indemnizaciones por las cantidades sustraídas por los ayuntamientos durante estos años de forma ilegal. 

Los jueces dictaminaron entonces que solo los ciudadanos que hubieran impugnado la liquidación del impuesto a tiempo podrían exigir su anulación, cerrando la puerta a compensar a quienes ya habían recibido una resolución administrativa firme. Con esta maniobra, el Constitucional permitió a los ayuntamientos blindar sus cuentas ante una cascada de reclamaciones. En juego: alrededor de 10.000 millones de euros, que es lo que ingresaron en el conjunto de España desde el 2017, cuando se dictó la primera sentencia sobre el impuesto. 

La decisión generó una gran controversia y severas críticas por parte de los expertos jurídicos y tributarios, quienes anticiparon nuevos litigios por limitar el derecho de los afectados a ser indemnizados. El uso abusivo de este impuesto se amparó en una ley de la que el Estado es garante y responsable.