AVT anuncia una manifestación contra lo que ve como los «siguientes pasos» de Moncloa: reducir la condena a 50 presos de ETA
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La asociación no tiene «ninguna duda» de que la reforma legal «está encima de la mesa»: «Nos la intentarán colar»
04 feb 2022 . Actualizado a las 13:37 h.La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha anunciado este viernes que convocará «una gran manifestación en fechas próximas» contra lo que considera como «siguientes pasos» del Gobierno, y que estarían centrados en derogar la reforma del Código Penal que amplió los límites de cumplimiento efectivo de las condenas hasta los 40 años y descontar las penas que hayan cumplido en Francia, lo que afectaría a más de 50 presos de la banda.
La presidenta de la asociación, Maite Araluce, ha dejado claro que no tienen «ninguna duda» de que la reforma de la Ley 7/2014 de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales penales «está encima de la mesa» del Ejecutivo, ya sea o no para este año. «Más tarde o más temprano, ya sea en esta ley o en otra, nos la intentarán colar», ha lamentado.
Sus sospechas nacen, como ha explicado, de la conversación desvelada por El Confidencial y que fue mantenida entre el portavoz de la plataforma de apoyo a los presos de ETA, Joseba Azkárraga, y un preso de la organización terrorista, en la que se afirmaba que las gestiones para llevar a cabo esa reforma legal estaban «bastantes encaminadas».
«Algunos pensarán que por qué tenemos que creer a Joseba Azkárraga. No es un cualquiera. Es una persona que viene actuando desde el 2018 como mediador e interlocutor habitual con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, siendo el canal de comunicación entre los presos, la comisión de presos de Sortu e Instituciones penitenciarias. Esto nos fue confirmado por el propio secretario general en la última reunión que mantuvimos con él el pasado 27 de julio», ha explicado Araluce.
La respuesta del Ejecutivo
Desde la asociación han señalado además otras iniciativas e informaciones que «han reforzado los temores», como un artículo publicado en el diario ABC en el que fuentes del Ejecutivo confirmarían que la operación para acometer esta reforma legal ya estaría «en marcha».
En esta línea, y para advertir que esta reforma legal contaría con algunos apoyos parlamentarios, la AVT ha apuntado que el PNV presentó en el 2018 una proposición de Ley para reformar la citada ley en el mismo sentido. «No fue tomada ni en consideración por falta de apoyos parlamentarios. Pero desde entonces se ha convertido en una reivindicación del PNV», han alertado.
Preguntados por si sus suspicacias no han recibido respuesta del Ejecutivo, la asociación ha señalado que recibieron un correo electrónico de la Dirección General de Asistencia y Apoyo a las Víctimas del Terrorismo negando este extremo, aunque han afeado que no fuese el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el que contactase con ellos, informa Europa Press.
«El señor Marlaska... Ese ministro, que como dijo Ángeles Pedraza recientemente, junto con la toga abandonó la decencia, y si vuelve a ponérsela irá muy ligero de equipaje, porque en el camino se ha dejado la decencia y la dignidad», ha sostenido Araluce.
En esa comunicación, la Dirección General señalaba que los cambios se refieren a transposiciones de directivas europeas, pero que «no existe ninguna iniciativa para modificar la regulación que se refiere a los efectos jurídicos de las resoluciones condenatorias dictadas en otros Estados de la Unión Europea».
En concreto, la Dirección General dependiente del Ministerio del Interior sostiene que la inclusión en el Plan Anual Normativo del Anteproyecto de Ley para modificar la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, se refiere al intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea.
Plazos reducidos
Según los cálculos de la AVT, recogidos en un dossier, el cambio legal preparado por el Gobierno afectaría a un mínimo de 48 presos de ETA que se encuentran actualmente en prisiones españolas y que «verían reducida considerablemente su estancia en prisión», y a los que «habría que añadir los que aún se encuentran cumpliendo condena en Francia pero tienen condenas pendientes en España».
«De esos 48, siete deberían de ser excarcelados inmediatamente por haber sobrepasado el máximo teniendo en cuenta las condenas francesas y otros 3 lo serían a lo largo del año 2022», señala el documento, que apunta que las penas a descontar «irían de los 23 años del etarra Félix Alberto López de Lacalle a los 3 de Xabier Zabalo», siendo la media de años a descontar de 7,8 años por preso.