La Justicia de la UE avala retirar los fondos a Hungría y Polonia si vulneran el Estado de derecho
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Los Gobiernos de Budapest y Varsovia acusan a Bruselas de abuso de su poder y de excederse en sus competencias
16 feb 2022 . Actualizado a las 20:52 h.El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado este miércoles el mecanismo para condicionar el desembolso de fondos europeos a aquellos países que no respeten el Estado de derecho, rechazando así los recursos interpuestos por Hungría y Polonia para anular esa normativa. La Comisión Europea estudiará el veredicto antes de tomar cualquier decisión, según declaró su presidenta Ursula von der Leyen.
Varsovia y Budapest plantearon sendos recursos contra esta estrategia tras entender que estaba dirigida específicamente hacia ellos, que carecía de una base jurídica adecuada e interfería en competencias de los Estados miembros.
Ante esto, los jueces europeos han fallado en contra alegando que el reglamento europeo dispone de una base jurídica adecuada «y es conforme con el procedimiento previsto en el artículo 7 del Tratado de la UE» que es contrario a las reclamaciones presentadas por los Gobiernos de Mateusz Morawiecki (Polonia) y de Víktor Orbán (Hungría) ante el Consejo y el Parlamento Europeo, donde ambos defendían que la condicionalidad de los fondos es un mecanismo sancionador similar al ya previsto por este artículo 7 recogido en el Tratado de Funcionamiento de la UE.
Por su parte, el tribunal con sede en Luxemburgo sostiene que el reglamento «respeta los límites de las competencias» de la Unión Europea porque los magistrados entienden que la finalidad de la UE es proteger el presupuesto comunitario «únicamente en caso» de que se vulneren «los principios del Estado de derecho en un Estado miembro que afecte o amenace con afectar gravemente» su ejecución.
El TJUE confirma así la legalidad de un mecanismo que está vigente desde el 1 de enero del 2021 y que permite a la Comisión Europea congelar el pago de ayudas -incluidos los fondos Next Generation EU, destinados a sufragar los estragos de la pandemia- si se detectan vulneraciones del Estado de derecho que afecten a los intereses financiero de los Veintisiete en su conjunto.
Hablamos de un plan que fue aprobado pese al rechazo de Polonia y Hungría que bloquearon la adopción del presupuesto comunitario y del plan anticrisis de 800.000 millones de euros durante varias semanas para tratar de echar abajo esa condicionalidad mencionada. Finalmente los dos países dieron su brazo a torcer a pesar de que avisaron de que llevarían el reglamento ante el TjUE.
Orbán y las elecciones de abril
Para la ministra de Justicia húngara, Judit Varga, la sentencia «es la prueba de que Bruselas abusa de su poder».
El próximo abril, Hungría afronta unas elecciones, en el que deberá pronunciarse no solo sobre la continuidad de Víktor Orbán como primer ministro, si no también una consulta sobre la Ley de Protección de la Infancia, una controvertida reforma que vincula la homofobia y pederastia y limita el contenido LGTBI en educación.
Desde Budapest vinculan esta citas con las urnas con el dictamen emitido por el Tribunal de Justicia de la UE alegando que «es otra presión contra nuestro país solo porque adoptamos nuestra ley el pasado verano», escribió la ministra Varga en su cuenta de Twitter.
Por su parte, el Gobierno polaco se han pronunciado ante esta resolución reafirmando la «peligrosa tendencia» de la UE y del resto de instituciones comunitarias de extralimitarse con consideraciones al margen de los tratados. Unas palabras que ha esgrimido Piotr Mueller, como portavoz del ejecutivo de Polonia. El viceministro polaco de Justicia, Sebastian Kaleta, fue más allá y calificó de «chantaje financiero» el fallo.