La pesca europea apela a Sinkevicius para que evite el colapso de la actividad

e. abuín REDACCIÓN / LA VOZ

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Agita el riesgo de abastecimiento como una amenaza cada vez más real

12 mar 2022 . Actualizado a las 09:55 h.

O se arbitran medidas urgentes o la flota no podrá seguir pescando, con todo lo que eso comporta para la soberanía alimentaria. En los 15 días que van de invasión de Ucrania, el precio del combustible pesquero ha crecido a la par que las hostilidades. Si hace dos semanas se pagaba el litro a 0,668, ahora hay que desembolsar 1,160 euros. Abastecerse de combustible es hoy un 107,4 % más caro que el 1 de enero. Y sin olvidar que ya se venía de una situación asfixiante, pues a lo largo del 2021, el precio del gasoil se incrementó en un 58,64%. La situación es tan crítica que en algunos segmentos de flota, como es el caso del arrastre de litoral —que consume unos 500.000 o 600.000 litros al año—, el combustible se lleva ya la mitad de los gastos de explotación. No anda muy a la zaga un palangrero de superficie, que utiliza entre 450.000 y 550.000 litros anuales o un pincheiro de Gran Sol, que precisa entre 350.000 y 400.000.

Es decir, que el riesgo de colapso de la actividad es real, según apuntan las agrupaciones de armadores. De hecho, hay barcos en Galicia que ya han decidido prolongar descansos y retrasar mareas. Y, como en Galicia, también en Asturias, Andalucía o Levante. Huelga apuntar que si colapsa la pesca, lo hará también el abastecimiento de productos pesqueros.

Las organizaciones de productores y federaciones de cofradías ya han lanzado un grito pidiendo auxilio a Madrid. Pero ahora ven que es preciso enviarlo a más alto nivel. A Bruselas. Y un SOS con más voces. La pesca europea a coro. Así es que la Asociación Europea de Organizaciones Productoras Pesqueras (EAPO, por sus siglas en inglés) y la patronal pesquera Europêche han dirigido una carga conjunta al comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, para que adopte medidas que puedan paliar el incremento brutal de los costes de explotación por el encarecimiento del combustible, pero también de la energía en general, a los que hay que sumar los de logística.

La receta ya está explorada. No hay más que aplicar, según apuntan desde la patronal pesquera española Cepesca, la fórmula del 2015, cuando Rusia se anexionó Crimea provocando una crisis similar a la actual. Entonces, como medida excepcional, se permitió aumentar la flexibilidad interanual de las cuotas de pesca del 10 hasta el 25 %. Y eso es lo que demandan: que se permita a las organizaciones transferir al 2023 hasta un cuarto de los cupos que no se pesquen este año y, además, se eleve a 300.000 euros por barco las ayudas de mínimis que pueden recibir las empresas.

Pescadores y productores solicitan también a Bruselas que tenga en cuenta que muchas empresas todavía están convalecientes de la pandemia de covid y por el brexit. Y aunque se ha establecido un fondo de reserva para hacer frente a la ruptura de relaciones con el Reino Unido, la verdad es que «la financiación no ha sido activada aún, lo que limita aún más la capacidad de hacer frente a la situación actual, en comparación con otros sectores afectados».

El grano de arena de los países

Aunque la solución a un problema que afecta al bloque comunitario tiene que llegar de Bruselas, el sector no olvida que los Estados miembros tienen también cierta capacidad de actuación si quieren seguir disponiendo de alimentos saludables en la despensa. Así, conminan a los países a tomar medidas adicionales, como la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social, la suspensión de las tasas portuarias, una prórroga de los préstamos covid y una suspensión o la aclamada reducción del IVA sobre el pescado y el marisco con el objetivo de aliviar la situación.

El sector dice estar atado por las normas europeas para reaccionar con agilidad a la crisis

Tanto EAPO como Europêche hacen hincapié en la carta remitida a Sinkevicius en que los propios reglamentos comunitarios obstaculizan con frecuencia la posibilidad de intervenir de forma rápida y eficaz, por lo que solicitan «abordar medidas excepcionales y actuar con agilidad ante la situación de emergencia actual para evitar la pérdida de empleos e interrupciones en el suministro de productos pesqueros a la población».

El sector pesquero transmite también al comisario de Pesca que sigue comprometido con la búsqueda de soluciones para reducir el consumo de combustible y las necesidades energéticas para operar de forma sostenible pero ese es un camino de más amplio recorrido y ahora mismo «es imprescindible la ayuda directa para mantener una pesquería comunitaria operativa».

En este sentido, los profesionales pesqueros ponen el foco en las dificultades que se encuentran a la hora de abordar cualquier transición hacia nuevas tecnologías de propulsión por las limitaciones de capacidad que la política común de pesca (PCP) impone a la construcción de embarcaciones pesqueras.

Por eso apunta la necesidad de introducir nuevas fórmulas, alternativas a la actual para medir la capacidad pesquera y poder ampliar las dimensiones del buque tanto para acoger las nuevas tecnologías que podrían reducir la dependencia de los combustibles fósiles como para aplicar los denominados GT sociales, para mejorar la vida a bordo.