Maduro, investigado tras Gadafi, el sudanés Al Bashir y el marfileño Gbagbo
06 abr 2022 . Actualizado a las 05:00 h.Las brutalidades de la guerra de los Balcanes y del genocidio de Ruanda dieron el impulso definitivo para que buena parte del mundo se dotase de un tribunal para analizar comportamientos extremos en los conflictos armados, aunque la propia contienda sea en sí misma el mayor ejemplo del fracaso humano. Ni Rusia ni Ucrania integran el bloque de los 123 Estados que respaldan la existencia de la Corte Penal Internacional. Estados Unidos tampoco.
Aun así, el tribunal ya analiza la petición hecha por 38 países para que se investiguen los supuestos crímenes a los que ha dado lugar la invasión rusa. Y España es uno de los peticionarios. El Gobierno ucraniano ha anunciado que acatará el dictamen del tribunal si llega a producirse.
Son cuatro los tipos de casos que pueden analizar los magistrados presentes en la sede de La Haya: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y de agresión. La calificación de genocidio engloba a los actos perpetrados con intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. El presidente Volodímir Zelenski no tiene dudas de que es lo que está haciendo Putin en su país y matanzas como la de Bucha podrían enmarcase en esa tipología.
Crimen de lesa humanidad
Como crimen de lesa humanidad se consideran los ataques generalizados o sistemáticos contra poblaciones civiles. Asesinatos, exterminios, esclavitud, deportaciones, torturas, violaciones, desaparición forzosa de personas o el apartheid son los ejemplos más significados y que también se apunta que está dando lugar la invasión de Ucrania.
Los crímenes de guerra, tercer tipo de actuaciones que puede juzgar la Corte Penal Internacional, engloban los actos cometidos contra personas que no participan directamente en las hostilidades, incluidos los soldados que hayan depuesto las armas, los heridos y los detenidos.
Finalmente, el crimen de agresión está aún en proceso de normativizarse, pero con él se considera que serían casos a juzgar la invasión, ocupación o ataque de las fuerzas armadas de un país a otro, incluidas acciones como los bombardeos, bloqueo de puertos y costas y hasta el envío de bandas armadas, grupos irregulares o mercenarios, como también los ha empleado Rusia con el grupo Wagner. Desde el 2015, la institución judicial ya analiza presuntos crímenes de guerra ocurridos en Ucrania desde que un año antes las hostilidades prendieron en Crimea.
Largos procesos
Ese margen y los casos precedentes permiten adelantar que de ponerse en marcha ahora un proceso contra Putin, o cualquiera de los responsables de la invasión, no tendrá una resolución rápida. Una de las últimas condenas emitidas en la sede central de los Países Bajos culminó en febrero del 2021, tras dictaminar que a principios de este siglo el comandante de brigada Dominic Ongwen autorizó el asesinato de un gran número de civiles, matrimonios forzados, esclavitud sexual de mujeres y reclutamiento de niños soldados entre la población civil desplazada a causa de una insurgencia armada declarada al norte de Uganda en la década de los años ochenta. Tiene por delante 25 años de cárcel.
África es el principal campo de acción de la Corte Penal. Su primera sentencia, dictada en el verano del 2012, de una larga lista de cargos solo se acabó probando que el líder de las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo, Lubanga Dyilo, reclutó a niños y niñas en el conflicto armado del país. Le fueron impuestos 14 años de cárcel. El mismo frente propició el año pasado la condena a otro comandante del mismo grupo, Bosco Ntaganda, conocido como Terminator, que fue declarado culpable de 18 cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en el 2002 y el 2003, lo que le ha supuesto una pena de 30 años de prisión, la máxima que puede imponer dicho tribunal.
Jefes de Estado en ejercicio
La acción de la CPI también se ha desplegado contra jefes de Estado en ejercicio. Lo hizo sobre el que fuera dictador libio Moamar el Gadafi, y su hijo Saif el Islam, contra los que se decretó una orden de captura al ser acusados de ser autores de crímenes contra la humanidad. La misma acción penal se desarrolló contra el presidente sudanés Omar al Bashir, acusado de genocidio en Darfur, donde perdieron la vida unas 300.000 personas desde el año 2003 y casi tres millones fueron expulsados de sus hogares. La orden de detención data del 2009 y Sudán prometió el año pasado entregarlo, lo que no ha sucedido todavía.
El expresidente de Costa de Marfil Laurent Gbagbo logró, en cambio, la absolución el año pasado tras ser juzgado igualmente por crímenes de guerra.
Nicolás Maduro es el último presidente bajo la lupa del tribunal de La Haya. Su Fiscalía estudia desde finales del año pasado la posible existencia de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas cometidas durante sus mandatos.