El Gobierno abre una investigación en el CNI por los espionajes y la Generalitat exige dimisiones

Cristan Reino BARCELONA / COLPISA

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La consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, recibió en su despacho al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el pasado 24 de abril en el Palau de la Generalitat.
La consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, recibió en su despacho al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el pasado 24 de abril en el Palau de la Generalitat. Toni Albir | Efe

Barcelona insiste en que este escándalo puede hacer caer al Ejecutivo de Sánchez. «No tenemos las respuestas que esperábamos», dijo la consejera de Presidencia de la Generalitat, claramente insatisfecha después de la reunión

04 may 2022 . Actualizado a las 12:51 h.

El Gobierno se juega buena parte de la legislatura en la crisis política que ha estallado a raíz de la revelación del espionaje a los independentistas. Y aunque asegura que no tiene «nada que ocultar» y su conciencia está «tranquila», se ha activado para intentar reconducir las relaciones con el Gobierno catalán. La Moncloa movió este domingo ficha: el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se trasladó al Palau de la Generalitat, en Barcelona, para reunirse con la consejera catalana de Presidencia, Laura Vilagrà, se comprometió a «esclarecer los hechos» y anunció un paquete de medidas concretas, que ponen el foco en el CNI y abonan la sospecha de que la inteligencia española tuvo algo que ver en el presunto espionaje a 65 dirigentes secesionistas entre el 2017 y el 2020.

El Gobierno impulsará un «control interno» en el CNI para analizar el presunto espionaje. No es la investigación que pide Aragonès bajo supervisión independiente, pero algo se aproxima. El objetivo es que el resultado de esa auditoría pase por la comisión de secretos oficiales del Congreso, que lleva meses sin reunirse por los vetos cruzados entre unos y otros grupos.

El ministro instó a los partidos de la Cámara a constituir de inmediato esta comisión en la que a su juicio deben estar «todas las fuerzas políticas, sin excepción», lo que significa que Vox y los independentistas tengan asiento. Este es el foro en el que el Gobierno propone que comparezca la directora del CNI, Paz Esteban, para dar información, documentación y presentar las conclusiones del control interno.

En paralelo, el Defensor del Pueblo anunció que abrirá una investigación sobre el caso, extremo que fue aplaudido desde el Ministerio de Defensa. Bolaños mostró «plena disposición del CNI para facilitar y colaborar en las actuaciones» que iniciará la Defensoría dirigida por Ángel Gabilondo. Y además, se comprometió a «desclasificar» documentos secretos si así lo requiere la investigación.

Tras la reunión, de dos horas, Bolaños y Vilagrà comparecieron por separado. La consejera de la Presidencia calificó de «insuficientes» las medidas que acababa de detallar el ministro y no dudó en afirmar que el encuentro había ido «mal».

La Generalitat insiste en exigir que rueden cabezas, sin precisar en quién piensa, si bien en este punto los nacionalistas no se ponen de acuerdo. Junts señala directamente al presidente del Gobierno y Oriol Junqueras apunta a «ministros del PSOE», mientras en el equipo de Aragonès son más cautos. En las filas de Junts también aprietan al presidente catalán para que rompa con Sánchez y dinamite la legislatura española, pero de momento aguanta.

Vilagrà, en cualquier caso, mantuvo el tono amenazante del presidente de la Generalitat en esta última semana y advirtió de «consecuencias graves» para la estabilidad parlamentaria del Gobierno si en unos días las buenas intenciones del ministro no se convierten en explicaciones convincentes y en la asunción de responsabilidades.

En el Gobierno catalán entienden que las medidas anunciadas por el Gobierno tienen trampa, pues si no se constituye la comisión de secretos oficiales, no tendrán ningún recorrido, ya que en el CNI siempre podrán acogerse a la ley de secretos oficiales para no avanzar en los informes. «El Gobierno no tiene garantizado nuestro apoyo de manera genérica», advirtió la consejera.

Gobierno «muy preocupado»

Fuentes del Ejecutivo catalán ven al entorno de Pedro Sánchez «muy preocupado» con la votación del jueves del decreto anticrisis y con el resto de la legislatura. El Ejecutivo necesita que ERC regrese a la mayoría de la investidura. Los republicanos no han roto formalmente, pero amenazan al Gobierno con convertir cada votación en el Congreso en un Vietnam.

Como prueba de la desconfianza, la consejera catalana pidió al ministro al inicio del encuentro que los móviles se quedaran fuera de la sala. En la mesa, solo se sentaron ambos, y a una buena distancia el uno del otro. Bolaños, que llegó 40 minutos tarde al encuentro, le regaló un libro con motivo de Sant Jordi: En defensa de la conversación, de Sherry Turkle.

El ciberespionaje en Cataluña «fue extenso, indiscriminado e imprudente», según el informe forense de Citizen Lab

MATEO BALÍN | MADRID / COLPISA

El informe forense sobre el ciberespionaje a numerosos dirigentes catalanes, políticos, activistas y periodistas del entorno independentista, elaborado por el Citizen Lab, un laboratorio privado canadiense, sugiere quién pudo estar detrás de esta vigilancia pero sin señalar a nadie. Entre las conclusiones del documento se detalla el uso de dos programas espía, Candiru y Pegasus, ambos de origen israelí.

El segundo es del Grupo NSO y se vende «exclusivamente» a gobiernos. «Si bien actualmente no atribuimos esta operación a entidades gubernamentales específicas, la evidencia circunstancial sugiere un fuerte nexo con el Gobierno de España, incluida la naturaleza de las víctimas y los objetivos, el momento y el hecho de que se informa que España es un cliente del Grupo NSO», recogen los investigadores.

La gravedad del caso, añade el informe conocido la semana pasada, obliga «claramente» a una investigación oficial para determinar la parte responsable (se sabe que fue el Centro Nacional de Inteligencia, CNI), «cómo se autorizó el hackeo de los móviles, qué marco legal regía y qué control judicial se aplicó, la verdadera escala de la operación, los usos que se le dio al material y cómo se manejaron los datos pirateados, incluido a quién se proporcionó esta información».

Preguntas urgentes

Según el centro, el caso es notable debido a la naturaleza «desenfrenada» de las actividades de ciberespionaje, que ha afectado al mayor número de personas (al menos 65) de cuantas investigaciones ha realizado antes el instituto dirigido por el politólogo Ron Deibert.

«Si el Gobierno español es responsable de este caso plantea preguntas urgentes sobre si existe una supervisión adecuada sobre las agencias de inteligencia y seguridad del país, así como si existe un marco legal sólido que las autoridades deben seguir para emprender cualquier actividad de piratería».

Formalmente, las operaciones de las agencias de seguridad de España (CNI) son supervisadas por un juez del Tribunal Supremo. Sin embargo, concluye el informe, «es difícil concebir cómo un mecanismo de supervisión que funcione correctamente permitió el ciberespionaje extenso e indiscriminado y, en algunos casos, imprudente» de numerosos cargos electos en Cataluña y otros ciudadanos.