La justicia europea cierra la puerta a que los accionistas del Banco Popular reclamen al Santander

Ana Balseiro
A. Balseiro MADRID / LA VOZ

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El 7 de junio el Banco Santander compró el 100 % del Banco Popular por un euro, una vez que el BCE constatara la inviabilidad de la entidad de manera independiente y en aras a garantizar la seguridad de los depositantes del Popular.  «Esta operación es buena para España y buena para Europa», dijo ese día Ana Botín.
El 7 de junio el Banco Santander compró el 100 % del Banco Popular por un euro, una vez que el BCE constatara la inviabilidad de la entidad de manera independiente y en aras a garantizar la seguridad de los depositantes del Popular. «Esta operación es buena para España y buena para Europa», dijo ese día Ana Botín. Fernando Villar | EFE

El TJUE lo ha dictaminado para quienes fueron a la ampliación de capital previa a la resolución de la entidad

05 may 2022 . Actualizado a las 19:39 h.

Nuevo varapalo de la justicia europea a los accionistas del Banco Popular, que el 7 de junio del 2017 vieron esfumarse su inversión con la resolución sorpresa de la entidad y su venta al Santander al precio simbólico de un euro, lo que provocó una avalancha de acciones judiciales. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) cerró ayer la puerta a que puedan reclamar el dinero perdido al Santander.

El TJUE dictamina —alineándose con la postura defendida el pasado diciembre por el abogado general (figura equivalente al fiscal)— que los accionistas que fueron a la ampliación de capital que en el 2016 realizó el Popular, y que se habían querellado alegando que el folleto de la operación contenía información incorrecta y ocultaba deliberadamente información patrimonial relevante, no podrán trasladar al Santander la responsabilidad del extinto Popular frente a aquellos hechos.

De este modo, la entidad que preside Ana Botín elude cualquier posibilidad de tener que asumir la factura derivada de una potencial nulidad de la ampliación de capital del 2016, y da carpetazo definitivo a los casi 3.500 millones a los que en su día se calculó que podrían elevarse los reveses legales heredados del Popular.