El nuevo impuesto a la banca gravará el 4,8 % de sus ingresos y el de las energéticas, el 1,2 %

G. Lemos REDACCIÓN / LA VOZ

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Rodrigo Jiménez | EFE

Prevé establecer una sanción del 150 % del importe repercutido para las empresas que trasladen el tributo a los clientes

03 nov 2022 . Actualizado a las 18:31 h.

Las cartas ya están boca arriba. El Gobierno presentó este jueves los detalles de los nuevos impuestos extraordinarios que gravarán a la gran banca y a las energéticas para recaudar 7.000 millones de euros en dos años con los que financiar las medidas de alivio contra la inflación. Lo hizo a través de sendas proposiciones de ley presentadas en el Congreso por los partidos que sustentan al Ejecutivo, PSOE y Unidas Podemos, en las que propone gravar con un tipo del 4,8 % los márgenes por comisiones e intereses de las entidades financieras y con uno del 1,2 % las ventas totales de las energéticas.

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En realidad, no serán impuestos como tales, para evitar que las empresas afectadas puedan recurrirlos ante los tribunales con el argumento de la doble imposición. Se configurarán como «prestaciones patrimoniales públicas de carácter no tributario», es decir, una contribución extraordinaria como la que ya se le exige a las petroleras para la rebaja del precio del combustible. Una aportación que no se podrán deducir luego en el impuesto sobre sociedades.

Y, a diferencia de lo anunciado inicialmente, no se dirigirán contra los beneficios extraordinarios, por la dificultad de delimitar este concepto y por el mayor margen de maniobra que se daría a los grandes grupos para rebajar artificialmente sus beneficios y reducir la tributación.

En el caso de los bancos, estarán sujetos al nuevo tributo aquellos que ingresen más de 800 millones en intereses y comisiones, epígrafes que suponen cerca de un 80 % de la facturación del sector. Con esta cifra, además de los cinco grandes bancos cotizados (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter) también afrontarían el pago extraordinario otras entidades medianas, entre ellas Abanca, según confirmaron ayer fuentes de la mayor financiera gallega. El gravamen estará en vigor en los dos próximos años, con cargo a los resultados del 2022 y el 2023 y una previsión de recaudación de 1.500 millones por ejercicio.

El abono de la prestación se realizará en septiembre, aunque los bancos afectados deberán adelantar la mitad del importe que les corresponda ya en febrero, en concepto de pago a cuenta.

El mismo sistema operará en el gravamen a los grandes grupos energéticos, aunque este reportará más ingresos al Estado, con una previsión de 2.000 euros al año. En el caso de las eléctricas, gasistas y petroleras, quedarán sujetas al pago aquellas que superen los 1.000 millones de ingresos al año, tomando como referencia el ejercicio 2019, para evitar las distorsiones de los años de la pandemia. Solo se contabilizarán los resultados en España y podrán evitar el pago aquellos grandes grupos en los que el negocio energético suponga menos de la mitad de su facturación.

Régimen sancionador

Una de las principales preocupaciones del Ejecutivo era tratar de evitar que las grandes empresas afectadas por estos gravámenes trasladen su coste a sus clientes. Para evitarlo la proposición de ley prevé encomendar la vigilancia a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que en el caso de las entidades financieras contará con la asistencia del Banco de España, que hará un seguimiento histórico de los márgenes de comisiones e intereses para examinar si hay desviaciones.

En caso de apreciar que alguna empresa traslada el coste del tributo a los clientes, la norma prevé una sanción del 150 % del importe repercutido al usuario.

La tramitación, en otoño

Tras la presentación de la proposición de ley, el Gobierno se reunirá este viernes con los sectores afectados por estos tributos «temporales» para trasladarles los detalles de los mismos, aunque estos todavía pueden verse modificados durante el período de tramitación parlamentaria.

A las puertas del parón estival, será después de las vacaciones cuando se abra el debate sobre la configuración de los gravámenes, que está condicionada a las enmiendas que presenten el resto de grupos parlamentarios, ya que PSOE y Podemos no tienen mayoría en la Cámara.

Las afectadas sufren un castigo en bolsa y advierten de que harán «todo lo posible» para no pagar el tributo

El grueso de las empresas afectadas por los nuevos tributos pagaron ayer en bolsa, como ya lo hicieron el día en que se anunciaron los impuestos, el efecto que estos tendrán en sus cuentas. De los cinco bancos cotizados, solo el BBVA cerró la jornada con una subida de la acción, un tímido 0,2 %. Por contra, Sabadell cayó un 5 %; Santander, casi un 2,4; CaixaBank, cerca de un 2,5; y Bankinter, un 2,3 %.

En cuanto a las energéticas, la tónica general fueron también los números rojos, salvo en el caso de Iberdrola. La que más cayó fue Repsol, que se dejó casi un 4,9 % en el Mercado Continuo, pese a haber anunciado un beneficio de 2.539 millones en seis meses.

La petrolera fue también ayer la más beligerante contra el nuevo impuesto. Su consejero delegado, Josu Jon Imaz, negó que la compañía reciba beneficios caídos del cielo y fue incluso más allá: «Nuestro negocio de refino perdió cientos de millones de euros en el 2020 y el 2021, y no vi a ningún Gobierno hablando de apoyar estas pérdidas extraordinarias». Asimismo, anunció que hará «todo lo posible» para evitar pagar una contribución que calificó de «arbitraria».

La medida tampoco fue bien recibida desde la gran banca. El consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez, aseguró que el nuevo gravamen restará al sector capacidad para prestar alrededor de 50.000 millones de euros durante dos años. Su homólogo del Sabadell, César González-Bueno, reclamó que el tributo «debe ser neutral desde un punto de vista de competencia» y dio por hecho que los afectados serán los pequeños ahorradores.

Desde las patronales CECA y AEB advirtieron que supondrá un obstáculo para la recuperación económica y la creación de empleo, y no conseguirá su objetivo de combatir la elevada inflación. No solo eso, sino que aseguraron que las entidades financieras ya destinan actualmente más de la mitad de su beneficio al pago de impuestos.

Unas cifras muy diferentes a las que manejan desde el Gobierno, donde inciden que la banca abona un tipo efectivo medio del 23 % en sociedades que, sumado al 4,8 % de la prestación extraordinaria, quedaría todavía lejos del 30 % al que tributan sus competidores de otros países europeos. El portavoz socialista, Patxi López, fue especialmente duro con los bancos: «Son los mismos que socializan las pérdidas y privatizan los beneficios. Hasta aquí, no cuela. Les corresponde aportar su parte de solidaridad».