El Gobierno rebaja al máximo el IVA de gas, leña y pélets para este invierno

F. F. LA VOZ

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Eduardo Parra | EUROPAPRESS

La ministra Ribera avanza que la medida fiscal estará en vigor hasta el 31 de diciembre, pero que se prorrogará si hace falta

21 sep 2022 . Actualizado a las 13:31 h.

El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo paquete de medidas para adelgazar la carga fiscal que pesa sobre los productos energéticos con la esperanza de que las familias puedan afrontar de forma más desahogada los meses de frío que se avecinan. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya había avanzado que esta vez atacarían el IVA del gas, que se mantiene en el tipo máximo del 21 %, para equipararlo con el de la electricidad y aplicar, por tanto, el mínimo del 5 % permitido de forma excepcional por Bruselas para estos productos energéticos básicos.

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Y así lo acordó este martes el Consejo de Ministros. Esa rebaja se aplicará a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de gas natural, así como a todos los consumidores finales, incluidas las comunidades de propietarios, precisó el Ministerio para la Transición Ecológica. No así a los gases licuados de petróleo (GLP), que incluye el butano o el propano, porque, aclaró la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, esos productos no están incluidos en la directiva comunitaria que permite de forma excepcional bajar el IVA a determinados productos energéticos, entre los que se encuentran el gas natural, la electricidad y los pellets, pero no el GLP.

De hecho, Ribera anunció que el IVA también quedará reducido a esa mínima expresión del 5 % para la compra de leña, pellets y astillas, sustitutivos ecológicos del gas natural —aunque su combustión también emite dióxido de carbono— destinados a sistemas de calefacción, cuyos precios se han incrementado considerablemente con la cercanía del invierno.

En conjunto, esta nueva rebaja del IVA supondrá un ahorro para los consumidores que el ministerio cifra en 210 millones de euros. Es el dinero que dejará de ingresar el Ministerio de Hacienda durante los tres meses que, en principio, estará en vigor esta medida. Aunque Ribera ya avanzó que en diciembre analizarán la posibilidad de extenderla, como ya han hecho, en varias ocasiones, con las bajadas de impuestos que hasta ahora beneficiaban en exclusiva a la electricidad. Así, la factura de la luz está gravada con un 5 % de IVA desde junio pasado, aunque la primera rebaja se aprobó un año antes, cuando el tipo pasó del 21 % al 10 %. Además, desde septiembre del 2021, el impuesto especial de electricidad ha quedado reducido al 0,5 %, desde el 5,11 % inicial. También está en suspenso desde junio del 2021 el cobro a las plantas productoras de electricidad del impuesto del 7 % sobre la generación. El impacto económico de todas estas medidas supera los 10.000 millones de euros, según precisó Ribera.

Pero, pese a todas estas rebajas fiscales, las facturas de luz y gas de familias y empresas son muchas más caras que hace un año. La propia ministra para la Transición Ecológica lo reconoció hace unos días durante una entrevista radiofónica. Entonces avanzaba que «la bajada del IVA del gas va a ser generalizada, pero, desgraciadamente, incluso con esa bajada seguiremos teniendo tarifas más altas de las que se han pagado hasta ahora, pero un poco más altas, en lugar de exageradamente más altas, que es lo que hubiera ocurrido en ausencia de las medidas tomadas por el Gobierno». También reconocía que «sabemos que es imposible sustituir todo el impacto que tiene el incremento del precio del gas en los mercados internacionales» en la facturas de los consumidores.

Comunidades de propietarios

La rebaja del IVA del gas al 5 % para abaratar la factura de todos los suministros no colma las expectativas de las comunidades de propietarios, en las que son mayoría las calderas comunitarias. Una sola instalación que aporta agua caliente y calefacción a viviendas particulares que, por su potencia y consumo, es considerada como si fuera industrial, en lugar de doméstica, «cuando da servicio a familias, aunque de forma colectiva», resume Carmela Lavandeira, vicepresidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Galicia. Estos afectados reclaman poder acceder a la tarifa de último recurso (TUR), la regulada, a la que solo pueden acogerse los suministros de baja tensión y con un consumo inferior a 50.000 kilovatios hora al año. Las comunidades quedan fuera de esos requisitos.

El Gobierno ha adoptado medidas para proteger a esos clientes de la TUR (el 19 % del total) limitando los incrementos trimestrales de las facturas. Las comunidades también quieren beneficiarse de esa cobertura. 

La cogeneración cobrará compensación como los ciclos

El nuevo real decreto con medidas para afrontar la crisis de precios energéticos aprobado por el Consejo de Ministros incluye otras dos medidas que el sector industrial aguardaba como agua de mayo.

Así, se crea el denominado servicio de respuesta rápida de la demanda, que funcionará como el antiguo servicio de interrumpibilidad. Es decir, se retribuirá a los grandes consumidores a cambio de reducir su demanda de electricidad en horas de máximo consumo. Ribera señaló que tendrán que estar dispuestos a parar producción durante tres horas con un aviso de solo quince minutos de antelación. A diferencia de la interrumpibilidad, que prestaban las grandes industrias consumidoras de electricidad, este nuevo instrumento se abrirá a la participación de toda la demanda (comercializadoras y consumidores directos) mayores de un megavatio de potencia instalada. Eso sí, el ministerio aclaró que los incentivos se repartirían vía subasta competitiva, como la antigua interrumpibilidad, y que la primera se celebrará muy próximamente, porque el nuevo servicio debe estar operativo antes del próximo 1 de noviembre, con vistas a la temporada invernal, avanzó Transición Ecológica.

Este servicio será el instrumento que usará España para reducir un 5 % el consumo en las horas de máxima demanda del día, un objetivo que la Comisión Europea ha marcado como obligatorio para los Estados miembro. La interrumpibilidad se aplicó en España hasta el verano del 2020, cuando la propia Ribera decidió suprimirlo, en gran medida por las propias reticencias de la Comisión Europea sobre si el mecanismo era realmente necesario para gestionar la demanda. La guerra de Ucrania lo ha hecho imprescindible para evitar apagones y ahorrar gas para la generación de electricidad.

Otra de las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros beneficiará a un sector que la ministra trató como imprescindible tanto para aportar más producción eléctrica como para cumplir con el objetivo de ahorrar gas: la cogeneración. Así, tal y como había anunciado el presidente Sánchez, el Gobierno permitirá a esas plantas, asociadas a grandes industrias de sectores como el maderero o el conservero, que usan gas natural para producir electricidad, renunciar temporalmente y de forma voluntaria a su régimen retributivo específico. En su lugar podrán beneficiarse, como reclamaba el sector, del mecanismo ibérico de tope al gas y, por tanto, recibir la misma compensación que los ciclos combinados. La ministra para la Transición Ecológica reconoció que el sistema necesita que las plantas de cogeneración vuelvan a producir electricidad (están paradas casi la mitad de las 600 que hay en el país en protesta por su exclusión de ese mecanismo) porque con ello, además, se ahorrará gas, ya que son más eficientes que los ciclos combinados.

El sector eléctrico pide imponer en Europa un límite al precio mayorista del gas natural

El sector eléctrico defiende imponer un límite en Europa al precio del gas natural, ya que es «la raíz del problema» de la actual crisis de precios energéticos. En el cuarto congreso de la patronal eléctrica, Aelec, el director general de Relaciones Institucionales y Regulación de Endesa, José Casas, afirmó que esa debe ser la apuesta de Europa, ya que se lleva «un año imponiendo medidas al sector eléctrico» y se debe tener «una medida de cap al gas que pueda solventar este problema».

El consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, coincidió en la necesidad de que la Comisión Europea avance en esa dirección, ya que «el problema está en los productos que utilizamos para generar electricidad». «Vamos a la raíz, ya que sin eso las soluciones serán caras, duraderas y generarán distorsión», añadió.

Por su parte, la presidenta de Aelec, Marina Serrano, defendió que el impuesto a las empresas energéticas que está preparando el Gobierno tenga «consistencia» y sea «armonizado» con las medidas que se tomen en Europa. En declaraciones posteriores a la prensa, Serrano advirtió de que las medidas que se adopten deberían ser «comunes para todos los países de la UE», aunque habrá que ver cómo la Comisión Europea establece el reglamento y qué margen concede a cada país.

Tanto Ruiz-Tagle como la consejera delegada de EDP España, Ana Marques, defendieron que el impuesto «debe ser sobre los beneficios», como plantea la propuesta de la Comisión Europea, y no sobre la facturación, como prevé el gravamen del Gobierno, que se está tramitando en el Congreso de los Diputados.

El sector, además, consideró que el tope al gas que se aplica en España y Portugal para abaratar el precio de la electricidad al por mayor y, por tanto, también el minorista, no es la herramienta más adecuada, pues «ha supuesto un mayor uso del gas natural», según Marina Serrano. Añadió, además, que el mecanismo está representando «una distorsión en el propio mercado minorista, ya que algunos consumidores tienen el coste de la compensación y otros no». Así, la compensación a las centrales de gas la pagan todos los clientes que cuentan con tarifas con precios vinculados al mercado mayorista, así como los titulares de contratos nuevos o renovados a partir del 26 de abril.

Alcoa, en la foto su fábrica de aluminio primario de San Cibrao, es una de las grandes prestatarias del servicio de interrumpibilidad

Otro gran secreto de Estado de nombre interrumpibilidad

f. fernández

Hay un gran secreto de Estado en este país, junto al nombre de los espías que trabajan para el CNI, que es el de las empresas que se han repartido solo entre el 2013 y el 2019 la friolera de 3.280 millones, que han salido del bolsillo de los consumidores de electricidad, que vienen siendo todos los españoles. Ese es el dinero público adjudicado a las compañías que prestan el conocido como servicio de interrumpibilidad. Las beneficiarias disponen de industrias con un elevado consumo de energía y se prestan a reducirlo por necesidades del sistema eléctrico. Es decir, cobran por estar disponibles para Red Eléctrica de España. Cada vez que se conceden los fondos, de momento, vía subastas, en las que nadie sabe lo que realmente ocurre, el operador solo publica el número de compañías, los productos subastados y el importe de adjudicación. A partir de estos dos últimos datos se obtiene el presupuesto final empleado. Nada más. Los nombres de las empresas se consideran alto secreto y, más aún, el dinero que se lleva cada una. Los datos que trascienden, como que Alcoa es la que se come el mejor trozo del pastel, y que solo del 2016 al 2018 se embolsó 360 millones, suelen salir de las propias compañías, aunque tampoco es habitual.

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