Alemania insiste: dopará a sus empresas para capear la crisis energética

Cristina Porteiro
C. Porteiro A CORUÑA / LA VOZ

ACTUALIDAD

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,  y el canciller alemán, Olaf Scholz, este miércoles, junto a los ministros que participaron en la cumbre hispano-alemana en A Coruña.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el canciller alemán, Olaf Scholz, este miércoles, junto a los ministros que participaron en la cumbre hispano-alemana en A Coruña. César Quian

El canciller Scholz evita respaldar el tope al precio del gas importado

06 oct 2022 . Actualizado a las 09:28 h.

Ni la buena sintonía con el Gobierno español ni la propuesta de Bruselas de limitar de algún modo el precio del gas de referencia (TTF) para rebajar las facturas de hogares y empresas lograron este miércoles quebrar la voluntad de los alemanes de solventar esta crisis energética a golpe de talonario.

El principal temor del canciller alemán, Olaf Scholz, es que el país germano se quede sin suministro en caso de limitar el precio que la UE está dispuesta a pagar a sus proveedores internacionales. Por eso este miércoles, ante la atenta mirada del presidente Pedro Sánchez, evitó de todas las formas posibles manifestar su apoyo expreso a tal medida, que se debatirá este jueves en la cumbre que mantendrán los líderes europeos en Praga.

«Vamos a cooperar para reducir los precios en estrecha cooperación con la UE y los proveedores de gas en todo el mundo», aseguró. Berlín quiere asegurarse de que la limitación de precio cuenta con el apoyo expreso de quienes le suministran el hidrocarburo.

Sánchez trató de convencerlo, sin éxito. «Hay que explorar la posibilidad de imponer un precio máximo al gas que importamos sin que se desincentive su llegada a Europa», le recordó.

El sistema europeo de fijación de precios de la electricidad hace que el precio del gas suba artificialmente el del resto de tecnologías, como las renovables, que son más baratas. Por eso la UE acordó poner un techo de 180 euros el megavatio hora (MWh) para esas fuentes de generación. No obstante, el problema persiste: los precios que paga Europa por el gas que importa son los más caros del mundo y, como expresó el Gobierno español, por la especulación de los intermediarios.

Pero, en lugar de intervenir el precio del gas importado, Alemania abogó este miércoles por las soluciones nacionales, al defender su plan de ayudas de 200.000 millones de euros frente a las críticas de Bruselas y otros Ejecutivos europeos, que consideran estas subvenciones un problema para la sana competencia en el mercado de la UE, al dar más ventajas competitivas a las empresas germanas. «No somos los únicos. También lo hacen otros y seguiremos haciéndolo», manifestó Scholz, quien reconoció el «error de hace décadas» de haber dejado en manos de Rusia su seguridad energética. 

Apoyo al MidCat

Alemania necesita energía. Y barata, para garantizar la competitividad de sus industrias. Toda ayuda es poca. Este mismo miércoles, su ministro de Economía, Robert Habeck, criticó los precios «astronómicos» que exigen países supuestamente aliados como Estados Unidos por el gas natural licuado (GNL) que le vende a Europa.

Por eso, este miércoles, Scholz cerró filas con el Gobierno español, exigiendo a Francia que deje de torpedear el proyecto MidCat. El tercer gasoducto que debería conectar la red energética de la Península ibérica con Centroeuropa lleva años paralizado por las reticencias del país vecino. España y Alemania se comprometieron a «seguir haciendo presión» para conseguir más capacidad de interconexión —hoy por debajo del 5 %, cuando debería ser del 10 %— y garantizar así el suministro al resto de países. «Apoyo de forma explícita esta conexión [...] Nos hacen falta más interconexiones en Europa. Quizá algunas no son rentables ahora, pero pueden llegar a serlo de un día para otro, y es mejor tenerla para ayudarse mutuamente», deslizó el canciller en rueda de prensa.

Para ello, subraya el documento, es necesario impulsar el corredor de hidrógeno renovable a través de los Pirineos. Una tubería que debería «suministrar gas» a Europa central hasta que empiece a circular el hidrógeno en el 2025.

España está en disposición de acabar las obras que corresponden a su parte del gasoducto en cuestión de siete u ocho meses. El tiempo apremia porque, aunque Berlín pueda tener más o menos asegurado el gas para este invierno —sus reservas están al 90 %—, el sabotaje del Nord Stream (el I y el II) ha dejado inutilizada la principal arteria gasística que alimentaba al país germano para los próximos años.

España defiende el despliegue de un fondo europeo para pagar la factura

El debate sobre las ayudas nacionales a empresas y hogares sigue abierto. Aunque al término de la cumbre, el presidente Sánchez se mostró comprensivo con la decisión de Alemania de acudir al rescate de sus industrias, sin importar la posición de desventaja de otros países con menos margen de gasto, el líder español mostró su respaldo a la propuesta que lanzó esta semana el comisario de Economía, Paolo Gentiloni.

El italiano sugirió el despliegue de un fondo europeo como el SURE, al que se dotó en la pandemia de 100.000 millones de euros a través de la emisión de bonos europeos con los que sufragar, entre otras cosas, los ERTE. En este caso, el fondo serviría para sufragar el impacto de la crisis sobre las industrias de manera equitativa, evitando que los países con más recursos otorguen ventajas competitivas a sus empresas. «A todos nos interesa que a Alemania le vaya bien en términos económicos [...] Pero debemos preservar una de las principales conquistas de Europa: el mercado único y su correcto funcionamiento», recordó Sánchez a Scholz.

No fue el único en dar la voz de alerta en torno al trato desigual entre países. El propio vicepresidente de la Comisión, Josep Borrell, señaló este miércoles que las ayudas alemanas podrían ser un «problema para la cohesión». «No hay que olvidar que algunos Estados tienen una capacidad financiera muy grande que les permite apoyar a sus industrias y consumidores, es el caso de Alemania», subrayó.

Sin acuerdo sobre la reforma de las normas de disciplina fiscal

La tarea más compleja que tendrá que abordar España en los próximo años será devolver el equilibrio a las cuentas públicas sin cercenar el crecimiento, como ocurrió en la crisis del 2010 y la oleada de recortes que le sucedieron.

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento obliga a los países de la Unión a ceñir su déficit —la diferencia entre lo que se ingresa y lo que gasta— al 3 % del producto interior bruto (PIB) y a mantener la deuda en el umbral del 60 % del PIB. España cerrará el año con un déficit del 5 %, según el Gobierno, y la deuda ronda el 116 %.

No obstante, estas reglas de disciplina fiscal se congelaron con el estallido de la pandemia y se prorrogaron tras la invasión de Ucrania porque los Estados tuvieron que acudir en ayuda de hogares y empresas, aumentando el gasto público.

Y así seguirá siendo hasta el 2024. Hasta entonces, ningún país podrá ser expedientado por gastar más de lo que debe. Eso sí, cuando expire la tregua, habrá que poner en marcha una senda de ajuste para poner en orden las cuentas. La cuestión es: ¿a qué velocidad y a qué coste?

En el pasado, Alemania se erigió como el estandarte de la ortodoxia fiscal. La excanciller Angela Merkel optó por la senda de cumplir con los objetivos de déficit y deuda a cualquier precio. Claro que, su país lo tenía más fácil: la energía barata rusa impulsó la competitividad de sus industrias. Eso le permitió anotar superávits consecutivos en su balanza comercial, que llegaron a ser fuente de preocupación en Bruselas, por los desequilibrios que suponía para el mercado interior.

La situación ahora es radicalmente distinta. La crisis —cuyo desencadenante principal ha sido la invasión de Ucrania y no la gestión irresponsable de las cuentas públicas— se ha agravado en la UE por la gran dependencia que fue fraguando Alemania respecto al gas ruso. Romper esa relación tiene un alto coste.

Alemania puede asumirlo, claro, pero deja a su Ejecutivo sin tantos argumentos de peso para exigir a otros países vecinos que se aprieten el cinturón.

Fuentes del Ejecutivo español admiten que no será fácil convencerles para que flexibilicen las normas y el calendario en el 2024. Y eso se debe a la composición del Gobierno alemán, donde el ministro de Finanzas, Christian Lindner, es liberal, y ya se ha manifestado contrario a reformular las normas, como también han hecho los Países Bajos.

La Comisión Europea presentará a finales de octubre una propuesta en esa dirección. ¿Bloqueará Alemania los esfuerzos de reforma? Por el momento parece que las posiciones con España están muy distantes. «Junto a nuestros socios europeos, deseamos discutir conjuntamente y llegar a acuerdos sobre el futuro desarrollo de las reglas fiscales europeas», se limita a decir la declaración política conjunta que firmaron ambos dirigentes.

Aunque reconocen la necesidad de mantener las redes de ayuda a empresas y hogares más vulnerables mientras persista la crisis, Berlín no perdió este miércoles la oportunidad de recordarle a España que cualquier medida de apoyo o inversión orientada al crecimiento debe hacerse «asegurando la sostenibilidad fiscal».