Calviño y Montero aseguran que el impuesto extraordinario a la banca seguirá adelante

La Voz LA VOZ / REDACCIÓN

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Eduardo Parra | EUROPAPRESS

El Gobierno persigue recaudar 3.000 millones de euros entre el 2022 y el 2023

05 nov 2022 . Actualizado a las 10:37 h.

El Gobierno seguirá adelante con el impuesto temporal a la banca pese a los reclamos de las entidades financieras y el toque de atención por parte del Banco Central Europeo (BCE), que acaba de expresar en un informe su oposición al tributo que el Ejecutivo pretende aprobar antes de que expire el año y con el que persigue recaudar 3.000 millones entre este 2022 y el 2023. Entiende la máxima autoridad monetaria de la eurozona que tendrá efectos nocivos sobre la concesión de crédito, sobre la competencia y sobre la propia estabilidad financiera; y que, por tanto, podría dañar el crecimiento de la economía, en un momento de estancamiento y en riesgo de recesión.

La intención de seguir adelante con él las confirmaba este viernes la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, quien, no obstante, deja la puerta abierta a introducir «mejoras» durante el trámite parlamentario.

Por su parte, la responsable de Hacienda, María Jesús Montero, afirmaba también ayer que el BCE «en ningún caso, pone en cuestión ni pide la paralización» del impuesto. Y quiso dejar también que el Gobierno central siempre pondrá en un primer plano el bienestar de las personas, mientras que el organismo que pilota Christine Lagarde «vela por la salud» de las entidades financieras y su rendimiento.

El BCE alerta de que el impuesto del Gobierno a la banca pone en riesgo el crédito e insta a las entidades a trasladárselo al cliente

ANA BALSEIRO

Jarro de agua fría del Banco Central Europeo (BCE) al Gobierno a cuenta del impuesto que pretende imponer a la banca. En un informe emitido por la institución para dar respuesta la pregunta trasladada por el Congreso de los Diputados, el organismo no deja lugar a dudas de su frontal oposición al tributo que el Ejecutivo pretende aprobar antes de que expire el año -se está tramitando como proyecto de ley- y con el que persigue recaudar 3.000 millones entre este 2022 y el 2023.

El dictamen es meramente consultivo, aunque no vinculante, y en él, el supervisor bancario europeo basa su rechazo al impuesto en los efectos nocivos que tendría sobre la concesión de crédito, sobre la competencia y sobre la propia estabilidad financiera y, en consecuencia, sobre el crecimiento de la economía, en un momento de estancamiento y en riesgo de recesión.

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