Los transportistas que convocan el paro no han presentado ninguna denuncia por trabajar a pérdidas
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El Ministerio de Transportes dice que solo ha recibido 88 quejas anónimas desde que habilitó el buzón
10 nov 2022 . Actualizado a las 18:31 h.Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional se desplegarán en los puertos y polígonos industriales de Galicia ante el paro convocado a partir del lunes en el sector del transporte. El objetivo del refuerzo policial es garantizar el derecho a trabajar de los transportistas que decidan seguir con su actividad, así como el suministro de la mercancía a los puntos de venta y a las áreas comerciales, que en la protesta de marzo sufrieron problemas de abastecimiento.
Los dispositivos policiales fueron diseñados y analizados en una reunión presidida ayer por el delegado del Gobierno, José Miñones, en la que participaron el jefe superior de Policía, Ramón Gómez Nieto, y el general jefe de la Guardia Civil de Galicia, Miguel González Arias, así como el jefe interino del Sector de Tráfico de Galicia, José Ángel Corral. La estrategia se coordinó también con las subdelegaciones del Gobierno en las cuatro provincias.
Además de en las zonas portuarias y en los polígonos industriales, el despliegue de los agentes se realizará también en otras zonas logísticas de especial importancia y en las principales carreteras de Galicia, así como en las vías de acceso a las ciudades para tratar de garantizar el suministro a supermercados y superficies comerciales.
La convocatoria se mantiene
En paralelo al diseño del plan de seguridad, el Gobierno negocia contra reloj con la Plataforma en Defensa del Transporte, la misma que bloqueó la cadena de distribución en España el pasado mes de marzo, para desactivar el paro. En la mañana de ayer convocó a los representantes de esta asociación para negociar y tratar de paralizar la huelga, según confirmaron ambas partes.
Ante la grave situación que se vivió en marzo, esta vez el ministerio accedió a reunirse con los transportistas convocantes de los paros mucho antes que en aquella ocasión, en la que las protestas provocaron incluso el desabastecimiento de ciertos productos en los supermercados. Entonces la ministra Raquel Sánchez —que ayer no estuvo presente en el encuentro ya que tenía un viaje a Baleares para firmar un protocolo— solo reconocía como interlocutor al Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que tanto entonces como ahora rechazaban la protesta de los camioneros.
Pero la reunión no tuvo el éxito esperado y el presidente de la Plataforma, Manuel Hernández, aseguró a las puertas del ministerio que el paro seguía adelante porque el Ejecutivo no se comprometió a atender todas sus reivindicaciones, entre las que se incluye una garantía por escrito de que se aumentará el número de inspectores que controlan que los transportistas no trabajen por debajo de coste y que el importe de las sanciones a las empresas que obligan a los conductores a trabajar a pérdidas sea «ejemplar».
La posición del Gobierno no los convenció, pese a que el ministerio prometió aprobar en las próximas semanas el Plan de Inspección 2023 para controlar que se cumplen las nuevas leyes en el sector respecto a precios, cargas y morosidad. Hace solo unos días, la ministra Raquel Sánchez instó a los propios transportistas a denunciar si se encontraban con este tipo de infracciones.
De hecho, el ministerio trasladó ayer a la agencia Efe que desde la puesta en marcha a finales de marzo de un buzón para denunciar infracciones en el sector solo se han presentado 88 quejas anónimas. No consta, aseguraron, que los convocantes del paro hayan presentado denuncia formal alguna por trabajar a pérdidas.
Además, desde Transportes recordaron las medidas puestas en marcha este año en beneficio del sector, como las ayudas directas por importe de 900 millones de euros (2.500 euros por camión, 1.000 para las furgonetas) o los 20 céntimos de bonificación por litro de carburante. Por ello, pidieron a la Plataforma «recapacitar y desconvocar» un paro que, aseguran, «no beneficia a nadie» ni dentro ni fuera del sector, y que ha sido rechazado de forma unánime por la inmensa mayoría de las asociaciones de transportistas, por la distribución y por la industria de la cadena agroalimentaria, así como por los representantes mayoritarios de patronal, sindicatos y asociaciones de autónomos.
Falta de apoyos
A diferencia de lo ocurrido en marzo, Fenadismer (Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España), organización que representa a 32.000 pymes y autónomos del sector, con más de 60.000 vehículos, decidió de forma unánime no secundar la protesta, lo que previsiblemente restará mucha fuerza al paro. Entre los factores que pesan en la decisión está que la convocatoria coincide con la temporada de mayor consumo, a pocos días del Black Friday (25 de noviembre), el pistoletazo de salida a la campaña de compras navideñas.
El rechazo llegó también por parte de las patronales de empresarios (CEOE), autónomos (ATA) y pequeñas y medianas empresas (Cepyme). En un comunicado conjunto, las tres organizaciones expresaron su oposición al paro al entender que «solo agravará la difícil situación económica» en la que ya se encuentran el país y las empresas.
